Chivo expiatorio

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José Luis Martínez Romero, ex Enlace Administrativo de la Secretaria de Turismo, es la cara de una tragedia personal múltiple, que ha llegado en forma inesperada, en los mejores años de su vida: Cáncer, desempleo, acusación penal, deshonor, pobreza.

Este hombre todavía con una apariencia jovial vive con su esposa la angustia del peor momento de su vida, una con dificultades, sin alicientes y la única certeza de un final poco envidiable. 

Así, mientras su salud merma cotidianamente, por un cáncer doble en colón y pulmones, debe acudir a los juzgados donde se le acusa por supuestos delitos patrimoniales en el ejercicio indebido e irregular del servicio público estatal.

Lleva un tapaboca de gasa azul como protector ante bacterias volátiles que le pueden complicar más su salud y esa imagen personal en una rutina judicial adquiere dimensiones dramáticas, tristes, desoladoras.

Los señalamientos del juez Adán Alberto Salazar Gastélum son fuertes pues tienen que ver con los más de 8 millones, 652 mil pesos, que supuestamente se invirtieron en campañas publicitarias turísticas pero que no tienen soporte documental de contratación y pago.

Martínez Romero, se defiende diciendo que “quizá cometió errores”, que él nunca firmó los 41 cheques que se cobraron y solo acepta que firmó cuatro solicitudes de pago a proveedores desde donde se desprendieron las decenas de cheques hoy en entredicho incluso denuncia que Rafael Lizárraga, el ex Secretario de Turismo, pidió explicaciones a su jefe inmediato por ese dinero y la mejor respuesta que recibió  es que fueron “órdenes superiores de sacar ese dinero”. 

Rememora además que en diciembre pasado, cuando se vivía la transición de gobierno, había renunciado a su cargo para atender sus problemas de salud y mientras convalecía de las sesiones de quimioterapia, se le pidió que fuera a la Secretaria a firmar miles de documentos y así lo hizo para cerrar su gestión. 

Entre ellos están los que hoy lo incriminan y lo tienen sujeto a investigación judicial y hasta podrían llevarlo a prisión junto con su entonces jefe superior, Luis Ángel Pineda Ochoa, quien fungía como Secretario Técnico de la dependencia estatal y que fue detenido para después ser liberado bajo las reservas de ley.

Aunque José Luis lleva el proceso en libertad se encuentra vigente la amenaza de ser detenido si, así lo juzga necesario el juez, y esa zozobra inquietante termina por minar sus fuerzas, su salud, su entereza. 

En una entrevista que el ex funcionario otorgó a Blanca Ríos Molina, reportera de Línea Directa, expresa toda su desesperación:

“Está bien que busquen a los responsables, estoy de acuerdo, pero que los busquen hacia arriba, no hacía abajo. Yo a como entre a gobierno salí, sin un peso en la bolsa. Yo no tenía facultad de firmar y cobrar un cheque”.

“Cómo yo renuncie el 31 de enero y salí, dijeron este está enfermo, se va a morir, a lo mejor no llega al juicio. Vamos echándole la culpa a él para evitar problemas”.

Y concluye diciendo: “Y lo poco que me queda de vida ya me la desgraciaron”.

El caso de Martínez Romero quizá es excepcional, por su estado de salud, pero manifiesta con absoluta claridad de cómo desapareció la morralla de la gran corrupción que se dio en algunas dependencias de la administración malovista. 

Si la de los millones, no la de las decenas o cientos de millones de dinero público, que seguramente se encuentran en cuentas privadas, dónde un funcionario medio para poner a buen resguardo su empleo, y respetando las jerarquías burocráticas, se ve obligado a firmar cheques y documentación que le compromete en el momento en que se hacen auditorías sobre inversiones del sector público y, quizá lo hace, bajo el supuesto de que como lo manda el jefe no habrá problemas. Él se encargara de qué no suceda. Craso error.

Pero, no, las investigaciones van destinadas principalmente hacia las personas encargadas de administrar los dineros públicos. Personas como José Luis que en su chamba cumple un horario, unas tareas y se va a su casa, no tiene mejor aspiración que hacer bien y conservar su trabajo. 

Quizá, por eso, este ex funcionario en la búsqueda de un asidero señala en forma contradictoria que las indagatorias es un asunto “eminentemente político”, entendida esta afirmación quizá como una venganza, como la ruptura del viejo pacto no escrito, de que el equipo que entra debe proteger a los que se van. Una suerte de lógica de “hoy por mí, mañana por ti”.

Pero, al menos en esta ocasión, las cosas no parecen ir en esa dirección y las investigaciones están en curso podrían ir en contra personas frágiles como José Luis. No es casual que muchos ex funcionarios malovistas estén amparados para evitar el deshonor de una detención. Una foto tras las rejas. Publicada en primera plana de los diarios o peor aún una temporada en prisión.

Se ha calentado tanto el ambiente con el reclamo social de castigo, y más con el proceso electoral concurrente en curso, que el saqueo dejo de ser un asunto político administrativo, para convertirse en una pieza del engranaje de la lucha por el poder. No sería exagerado pensar que en medio de las campañas se realicen detenciones como una manera de decir que la lucha contra la corrupción va en serio y obtener beneficios electorales. 

Lo único malo de todo esto es que la persecución termine con el procesamientos de personas como José Luis que en lugar de estar convaleciendo en un hospital con todas las atenciones médicas, lo podría tener que hacer en un penal por un delito que quizá no cometió y simplemente son una pieza sacrificable de un juego perverso del poder. 

En fin, quizá estamos ante un caso singular, donde el poder descarnado con su legalidad, sigue su curso sin parar un momento y considerar el posible final de una vida que se debate entre el cáncer, los juzgados, la prisión.