Clases nuevas, mismos riesgos

Comenzar un ciclo escolar siempre implica ajustes. Cambian horarios, rutas de transporte, actividades familiares y, para muchos jóvenes, incluso la escuela y el grupo de compañeros. Sin embargo, en un entorno de inseguridad como el que vivimos en Sinaloa, decisiones que antes parecían simplemente administrativas adquieren otra dimensión. La hora de entrada o salida, por ejemplo, puede convertirse en una preocupación para una familia que debe considerar no solamente la distancia, sino también la ruta, el transporte disponible y las condiciones de seguridad.

No podemos ignorar que la inseguridad continúa latente en nuestra región. Aunque algunos indicadores muestran señales de disminución en ciertos hechos de violencia, la percepción de inseguridad sigue siendo elevada de acuerdo con los datos del Inegi. Esa diferencia entre los datos y la manera en que las personas viven su entorno es, precisamente, la que determina cómo una familia decide enviar o no a sus hijos a la escuela. Una reducción estadística puede ser una buena señal, pero no necesariamente se convierte de inmediato en tranquilidad para quienes durante meses han modificado sus actividades por temor o precaución.

Para estudiantes, padres de familia y tutores, la inseguridad no es solamente una cifra. Se convierte en preguntas concretas: ¿es seguro salir temprano de casa?, ¿qué ocurre con quienes regresan por la tarde?, ¿qué hacer ante un enfrentamiento cercano?, ¿cómo enterarse oportunamente de una suspensión de clases?, ¿hasta dónde deben modificarse los horarios escolares?

Estas inquietudes se vuelven particularmente visibles cuando las instituciones plantean cambios de horario. Una medida que desde la administración puede parecer sencilla tiene consecuencias distintas para cada familia. No todos cuentan con automóvil, muchos estudiantes dependen del transporte público y otros recorren distancias considerables. Una diferencia de una o dos horas puede cambiar las condiciones en las que un joven llega a su casa.

El problema, además, no afecta únicamente a los que iniciamos el día de hoy en el sistema de educación superior. Atraviesa prácticamente todo el sistema educativo. En educación básica son principalmente los padres quienes deben decidir si enviar a sus hijos a clases ante una situación de riesgo. En preparatoria, muchos jóvenes comienzan a desplazarse solos. En las universidades aparecen además los horarios nocturnos, prácticas profesionales y recorridos entre diferentes instalaciones.

Después de casi dos años de violencia e incertidumbre en Sinaloa, la pregunta ya no debería ser solamente si estamos preparados para iniciar otro ciclo escolar. También deberíamos preguntarnos: ¿hemos aprendido algo de lo ocurrido?

En el ámbito educativo, estos dos años deberían haber permitido identificar qué funciona y qué no. Una de las primeras lecciones es el valor de la información oportuna. Cuando una familia sabe con claridad si las clases continúan, se suspenden o cambian temporalmente de modalidad, puede tomar decisiones. La incertidumbre aumenta cuando la información oficial llega tarde y los rumores comienzan a circular primero por WhatsApp y redes sociales.

También hemos aprendido que la flexibilidad es necesaria. La experiencia de la pandemia y posteriormente los episodios de violencia mostraron que algunas actividades pueden mantenerse a distancia cuando las condiciones impiden temporalmente la asistencia presencial. Esto no significa sustituir las aulas por pantallas, sino contar con alternativas para evitar que cada contingencia implique una interrupción completa.

Sin embargo, tampoco podemos caer en el extremo de suspender actividades ante cualquier rumor. El reto consiste en reconocer los riesgos reales sin permitir que el miedo paralice automáticamente la vida escolar. Para ello se necesitan protocolos conocidos, canales confiables de comunicación y criterios claros para tomar decisiones.

Como ya lo hemos planteado anteriormente en este mismo espacio, las autoridades educativas, las escuelas y las universidades deberían preguntarse antes de cada contingencia: ¿quién decide una suspensión?, ¿cómo se informa a estudiantes y padres?, ¿qué sucede con quienes no pueden trasladarse?, ¿qué alternativas existen para continuar las actividades? Tener estas respuestas antes de una emergencia puede reducir considerablemente la incertidumbre.

Mantener las escuelas funcionando, siempre que las condiciones lo permitan, también ayuda a conservar cierta normalidad social. Para miles de jóvenes, estudiar significa mucho más que asistir a clases, ya que representa mantener relaciones, proyectos y expectativas de futuro.

Este nuevo ciclo escolar comienza todavía bajo incertidumbre. Pero después de casi dos años no deberíamos enfrentarla exactamente de la misma manera. El verdadero reto será demostrar que hemos aprendido a responder con información, organización y flexibilidad, sin minimizar los riesgos, pero tampoco permitiendo que el miedo termine tomando todas las decisiones por nosotros.