Colapso de las fiscalías, aprendizaje social de la impotencia y aprendizaje oficial de la incompetencia
No podemos llamar escándalo a lo que no escandaliza. Podemos pensar que algo debería serlo, pero sólo lo es cuando existe una reacción social que así lo califica, por ejemplo, a través de la indignación. Si la institución encargada de investigar y perseguir los delitos -el Ministerio Público- obtiene resultados a favor de la justicia en apenas 0.8 por ciento de los 33.5 millones de delitos denunciados y no denunciados registrados por el Inegi (ENVIPE 2024), tal vez estamos frente a lo que debería ser un escándalo... pero no lo es. La pregunta es por qué.
El dato proviene de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que lleva 15 años publicándose cada septiembre. Lo conversamos el miércoles pasado en nuestro programa de radio Ni plata ni plomo (episodio aquí), donde cerré con esta duda: ¿a quién le importa este monumental estudio conocido como ENVIPE?
La repetición de los datos es en sí misma “parte del problema”. Los resultados han sido consistentes a lo largo de los años. En 2011, la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes superaba las 23 mil; en 2024 rebasó las 24 mil. La tasa de delitos pasó de 30 mil a 34 mil en ese mismo periodo. Y el dato quizá más elocuente: en 2010, 93 por ciento de los delitos no se denunciaban o no se investigaban; en 2023, la proporción fue prácticamente idéntica.
La noticia parece disolverse en los medios hasta desaparecer. El problema, entonces, no es solo lo que revela la ENVIPE, sino la indiferencia que la acompaña año con año.
La psicología social y la antropología ofrecen respuestas a la aparente indiferencia social. Entre ellas:
- la costumbre que produce la repetición,
- la evasión frente a noticias incómodas,
- la espera de que “otros reaccionen”,
- la necesidad de pertenencia al grupo que no protesta,
- la normalización impulsada por medios que minimizan,
- y el aprendizaje de impotencia ante la idea de que nada cambiará.
También influyen factores culturales y comunitarios: aceptar lo anormal como parte de lo esperado; la hegemonía que naturaliza lo grave; la construcción de silencios colectivos que derivan en olvido; adaptaciones que permiten sobrevivir a lo insoportable, como el humor negro, y la ampliación del umbral social de lo tolerable.
La voz de las víctimas
La propia ENVIPE aporta pistas adicionales. Pregunta por qué la gente no denuncia, y 63 por ciento atribuye la decisión directamente a la autoridad: pérdida de tiempo, desconfianza, trámites largos y difíciles, hostilidad de funcionarios o miedo a la extorsión. No es solo impotencia social: es incompetencia institucional.
Un periodista que ha investigado a fondo el funcionamiento del aparato policial, militar y penal me decía que quizá la clave esté en esa sensación de que “es imposible cambiar”. Justo ahí aparece el concepto de aprendizaje de impotencia, formulado por la psicología social.
Pero la otra cara es tanto o más inquietante: ¿qué ha aprendido el Estado tras 15 años de resultados iguales? La sociedad tal vez ya aprendió que nada se puede hacer. El Estado, en cambio, parece haber aprendido que su incompetencia no necesariamente es un pasivo porque no produce costos mayores, más bien funciona como un activo para usar las fiscalías como espacios de impunidad altamente rentable, dada la expansión de los fenómenos de macrocriminalidad y gobernanza criminal.
Difícil imaginar una combinación más destructiva.