COLUMNA
28 mayo 2016
""
A Rodrigo García
¿Por qué si los neurólogos, auditores, contadores, hematólogos, capitanes de buques, mecánicos de aviones o los ortodoncistas necesitan ser evaluados, y recertificados para seguir trabajando, los senadores y diputados ejercen su labor sin demostrar que son competentes para ello?
El hecho de que nuestros legisladores sean ineptos para tratar ciertos asuntos es una cuestión muy delicada, tan delicada como que a buena parte de la ciudadanía este hecho la tenga sin cuidado. Que nuestros diputados y senadores legislen sobre asuntos de los que no tienen ni la más pálida idea, resulta tan riesgoso como que un socorrista de la Cruz Roja cumpliera el encargo de realizar una cirugía a corazón abierto o que un profesor de zumba fuera el responsable del acondicionamiento físico de los equipos especiales de la Marina Armada de México. Además de absurdo y riesgoso, resulta injusto. Me explico.
Durante la década de los 50, Ramiro Valdez Fontes, un sonorense de cepa, trabajaba como cargador en la Compañía Molinera del Río Yaqui. Ramiro se distinguía de sus demás compañeros por su fortaleza, corpulencia y don de palabra. Su condición de analfabeta nunca restringió su capacidad para organizar y arengar a sus compañeros, exigir derechos colectivos ante las autoridades, fundar una unión de crédito agrícola, liderar al Ejido Cajeme o dirigir a nivel nacional la cartera de agricultura en la CTM.
Su carisma y capacidad de gestión pronto le trajeron la simpatía del mítico Fidel Velázquez, quien lo fue apoyando para que se dedicara de lleno a la vida política. Avispado como fue, Ramiro Valdéz ocupó una curul como Diputado federal en 1982 y repitió en 1988. De 1991 a 1997 fue Senador por Sonora. En 2011 murió a los 83 años, dicen, sin haber aprendido a leer y escribir.
Mónico Castillo Rodríguez, también de Sonora, se desempeñó durante varios años en la costa de Hermosillo haciendo funciones de tractorista. Un tractorista tiene “más cabeza” y habilidad manual que un pizcador o huertero. En un campo agrícola el que llegó a tractorista está en condiciones de algún día a ser el mayordomo.
Y si bien es cierto que Mónico no ha tenido el mismo éxito que Ramiro Valdéz, imposible negar que ha disfrutado de las mieles de la política sonorense. Militó en el Partido del Trabajo hasta que en 2007 lo echaron de éste porque votó a favor de una iniciativa de ley en favor del “Plan Sonora Proyecta” que en aquel entonces impulsaba el Gobernador priista Eduardo Bours Castelo. Mónico Castillo, dicho por él mismo, fue víctima de haber votado en favor de los sonorenses y no por los intereses de su Partido. Su arrojo le granjeó otras simpatías hasta llevarlo a dirigir el Partido Verde en Caborca, Sonora.
En la actual Legislatura nacional, 104 de sus miembros no tienen licenciatura. 30 tienen estudios universitarios truncos, 17 sólo cuentan con el bachillerato, 10 con educación técnica y Carmen Salinas quien solo tiene primaria terminada.
Por favor no se me malentienda. No tengo nada en contra de que un congresista provenga de una cuna muy humilde o se haya desempeñado en actividades manuales poco calificadas antes de dedicarse de lleno a la política. Mi observación tiene que ver, como dije al inicio, con los riesgos que trae consigo que alguien lleve a cabo una actividad para la cual no está preparado. Los asuntos que están en este momento legislándose son vitales para el futuro de nuestro País. Ninguno es menor. La legalización del consumo de la mariguana, el sistema nacional de seguridad, la reforma al seguro social o la puesta en marcha de la ley 3 de 3, son temas que por su complejidad y relevancia no pueden ser abordados y resueltos por novatos.
Habrá quien diga que la Diputada Carmen Salinas y el resto de sus compañeros, tienen tras de sí a un enorme cuerpo de expertos asesores que les explican con lujo de detalle todo lo que se habla en la Cámara. ¿Es justo que paguemos por duplicado? ¿No sería mucho mejor que los y las legisladoras supieran lo necesario como para no tener que pagar a un equipo de asesores que investigue, decodifique, escriba y explique todo aquello que habrán de discutir los legisladores en la Cámara?
Mientras los equipos de asesores hacen las indagaciones, buena parte de las y los congresistas se dedican a lo único en lo que son hipercompetentes: la grilla.
Pero como no se trata sólo de descalificar, es de recibo reconocer las competencias que posee la gran mayoría de nuestros legisladores. Entre las principales se encuentran:
La capacidad para gestionar votos a favor de las iniciativas de sus respectivos partidos;
La capacidad para obstaculizar y retardar cualquier propuesta que promueva la transparencia y la rendición de cuentas en el Congreso;
La capacidad para indignarse ante los excesos y apatía hacia la ciudadanía de los partidos opositores;
La capacidad para dormir y despertarse en el momento justo que toca levantar la mano a favor o en contra, según se les haya indicado;
La capacidad para hablar por más de una hora de cualquier tema, y en cualquier escenario, sin saber de lo que se habla;
La capacidad para responder preguntas incómodas, cerrando la entrevista con una sonrisa;
La capacidad para ser Senador/a o Diputado/a de una legislatura a otra en el mismo partido o en partidos diferentes;
La capacidad para pasar del Congreso a una secretaría de Estado, gubernatura, presidencia municipal;
La capacidad para cobrar sin tener que trabajar “tanto”;
La capacidad para hacer aquello que los ciudadanos con una pizca de conciencia ciudadana no se atreverían a realizar.
Pero, ¿qué hay de esas otras capacidades que se requieren para llevar a cabo el mandato del pueblo? ¿Qué competencias probadas deberían tener los legisladores para cumplir cabalmente con su puesto?
La única forma de asegurarnos que tengan dichas competencias es que, previo a su elección, los aspirantes a legislador acrediten un examen de conocimientos básicos sobre la historia de México, las causas estructurales de los principales problemas que nos afectan, los modelos actuales de la democracia, las funciones del Estado, etcétera. Entre las habilidades que también habrán de ser evaluadas deberían estar la puesta en marcha de mecanismos para asegurar la participación y el compromiso ciudadano, la gestión de recursos para promover la innovación social, el pensamiento crítico, etcétera. Entre los principales valores y actitudes que habrían de ser verificadas estarían la honestidad, la empatía, el compromiso, el respeto, la solidaridad y, entre otros muchos más, la búsqueda del bien común.
Cualquier idea para ir diseñando esta evaluación por competencias, favor de enviarla a: #evaluación_a_senadores_y_
Director de Formación Ética y Ciudadana Tecnológico de Monterrey
@pabloayalae