Comisión de la Veracidad
La Presidenta de México está convencida de que la libertad de expresión es un regalo que ella nos hace, generosamente. Si quisiéramos censurar ya lo habríamos hecho, dijo el 30 de julio. Tenemos todos los instrumentos para hacerlo, pero hemos preferido no usarlos. ¡Qué amable, doña Claudia!
Ella podría en un segundo silenciarnos, pero no lo hace. Cada vez que abramos la boca, deberíamos darle las gracias a la Presidenta por permitirnos hablar.
El muro contra la censura no es la ley, sino la gracia presidencial. Cree también que “nunca ha habido mayor libertad de expresión que ahora”.
En el país más democrático del mundo, la estigmatización constante de periodistas críticos desde la tribuna presidencial, el asesinato de decenas de periodistas a lo largo del País, la censura que se sirve de los jueces y de las autoridades electorales existen solamente en la cabeza de los enemigos del pueblo.
La Presidenta ha hecho pública su intención de crear, dentro de su gobierno, una oficina de la verdad. La oficina estará situada en una dependencia del Ejecutivo.
Por supuesto, esta oficina se nos ofrece como la gran protectora de las audiencias. Un órgano que nos cuidará de los mentirosos, de los discriminadores, de los manipuladores. Una institución que nos protegerá del mal periodismo y del mal entretenimiento.
Una dependencia que velará por que los periodistas se conduzcan moralmente y que los verdaderos valores se difundan.
La Comisión de la Veracidad cuidará, por ejemplo, que la opinión no se ofrezca como información. Suena bien, pero ¿qué significa que una agencia gubernamental se convierta en policía de esa regla periodística? Castigo por el tono en el que se presenta una información, sanción por la manera en que se hilan las noticias, pena por la manera en que se ilustra un reportaje.
Debe entenderse que los lineamientos no se limitan al periodismo, sino que se aplicarían a todos los contenidos transmitidos en televisión y radio.
Por eso, si una telenovela no registra fiel y respetuosamente la diversidad sexual, si no reconoce la pluralidad lingüística del País, podremos acudir al gran protector para que corrija al infractor.
El tutor de los medios nos guiará para que las ideas y opiniones que se difundan “fortalezcan la vida democrática”.
Serán los comisionados de la veracidad quienes evalúen cuáles son las ideas que fortalecen la democracia y cuáles son las ideas que la debilitan. No exagero: leo las fracciones V y VI del artículo 8º de la propuesta que dan a una entidad menor poderes para intervenir en el contenido de los medios.
Mintió José Merino, quien sería jefe de esa comisión, cuando dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga que los lineamientos no regulan contenido y programación de los medios.
Los lineamientos sí pretenden regular la programación que se transmite y los contenidos que se difunden, bajo la idea de que el espectador o el radioescucha tiene derecho a recibir de los medios una pedagogía cívica al cuidado del Gobierno. La programación de cada medio debe ser variada y reflejar la diversidad nacional.
El Gobierno tendría el poder de evaluar qué tan plural es la programación de un canal y qué tan fielmente retrata la diversidad mexicana.
Más aún, de aprobarse la propuesta de Sheinbaum, una agencia presidencial tendría facultades para evaluar el carácter democrático o antidemocrático de las ideas que se difunden. Y tendría, por lo tanto, poderes para castigar a quienes promueven ideas equivocadas. Para el régimen, defender a las audiencias es cuidar que no entren en contacto con ideas nocivas.
El paternalismo autoritario de los lineamientos es inocultable. Y la idea de que el modelo que sigue es la autorregulación resulta indefendible. Ofende que pretendan decir que esta propuesta busca la autorregulación de los medios.
Para Sheinbaum, la prensa no se regula con la prensa, sino con la amenaza de un castigo impuesto por el gobierno.
Es cierto: en un primer momento los medios dictarían sus reglas éticas y nombrarían al defensor de sus audiencias. Pero poco importa esa instancia si la resolución final pasaría a la Comisión de la Veracidad del Gobierno.
La propuesta censora está escrita con toda claridad: una agencia gubernamental castigaría a los medios que incumplan reglas vagas y que se aparten de la doctrina oficial.