Compromiso
Se abren posibilidades que por fin termine el diferendo que prevalece en la UAS. La reunión que sostuvieron, el miércoles pasado, trabajadores Jubilados y activos, así como representantes de Rectoría, con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y Gobernación, en una primera mesa de diálogo, permitió clarificar posturas. Los jubilados dieron los argumentos de mayor peso sobre la manera que deben resolverse los problemas de fondo en la universidad. Se mostró buena intención, por parte del Gobierno federal, por resolver el diferendo que priva entre la administración de la UAS y los trabajadores activos y jubilados, veremos qué pasa en los próximos días.
Aunque aún Rectoría se empecina en su inviable recorte salarial de jubilados y activos, y va a una mesa de diálogo tratando de dar un golpe en la mesa, sacándose de la manga una arbitraria demanda al abogado legalmente nombrado por la Asociación de Jubilados, que sólo desnuda su forma autoritaria de “dialogar”, seguramente la Federación ya tiene claro que el problema actual en la Universidad estalló a raíz de la pretensión de Rectoría de gravar el salario de los trabajadores jubilados y activos, medida a todas luces improcedente y que jubilados y trabajadores activos rechazan. Ahí nació el problema.
Con mucha razón los trabajadores defienden la integridad de su sueldo. Que en el caso de los jubilados es el único recurso con que cuentan para el sostenimiento de su familia. El atentado no es solo laboral, es también de derechos humanos, porque la enorme mayoría de este sector son personas de la tercera edad, que en lugar de que las autoridades les garanticen seguridad y se les permita disfrutar de una jubilación digna, en compensación por haber dado lo mejor de su vida al servicio de la institución Universitaria, se les intenta atropellar al más puro estilo neoliberal.
Que se pretenda reducir sus salarios, cuando más se ocupa ese recurso para su subsistencia, su bienestar y atender su salud, es un atentado y una falta de sensibilidad no sólo política, sino de respeto humano por parte de Rectoría. Ninguna “reingeniería” puede avanzar sin el respeto de los elementales derechos laborales y humanos. Ojalá a los funcionarios de Rectoría se les diera un curso de gobernanza respetando los elementales derechos humanos.
Por nuestra parte, esperamos impere la justicia y no se vuelva a intentar dañar los derechos de los trabajadores universitarios. Como lo afirmamos en nuestra anterior entrega, sería un contra sentido, se sentaría un funesto precedente, máxime en un gobierno de la cuarta transformación, que se permitiera ese tipo de injusticia contra jubilados y trabajadores activos de la Universidad.
Esperamos que las autoridades federales metan en cintura a Rectoría y se subsane ese entuerto de corte neoliberal. Estamos a fin de año y es crucial para los trabajadores recibir sus prestaciones que por Ley les corresponde, sin ningún regateo. Sigo pensando que nuestra alma máter va a cumplir con sus obligaciones contractuales contraídas con sus trabajadores. Me niego a pensar que la UAS no cubra sus compromisos.
Otro asunto relevante que urge atender, en la institución rosalina, es lo relativo al aumento en las cuotas que pagan los alumnos, por concepto de inscripción y otros diversos pagos, que Rectoría ha aumentado estratosféricamente, lacerando la economía de los padres de los estudiantes. Hay reiteradas quejas de padres de familia por los altos costos de inscripciones y, ahora, hasta por lo más mínimo se cobra, como si la UAS fuera una institución privada. Urge se corrija esa anómala situación al interior de la mayor institución de educación pública en Sinaloa.
En la UAS la educación es gratuita, porque la Universidad es pública, la sostienen el Gobierno federal y el Gobierno del Estado mediante respectivos subsidios. Lo que pasa es que, en esa institución, los directores han incrementado las cuotas y se hacen pagar a los estudiantes tarifas por infinidad de conceptos. Eso no puede ser, es cuestión de que se investigue este creciente problema, para que se corrobore lo que afirmamos. Es muy importante proteger la gratuidad de la educación pública, porque es la única opción de estudiar y prepararse los hijos de los trabajadores.
Confiamos que la crisis a la que se ha llevado a la Universidad sea pasajera y que, más temprano que tarde, se recuperen y fomenten, al interior del campus rosalino, los valores de la democracia y la libertad. Los sinaloenses quieren ver a su Universidad retomando sus mejores tradiciones y, sobre todo, que vuelva a remontar su vuelo hacia la cúspide.