Corrupción: ¿sueño o pesadilla? (1)

¿Estamos condenados a convivir con la corrupción y a votar siempre por los menos malos?

Estoy convencido de que el vicio y la virtud siempre estarán presentes entre nosotros. El ser humano no es refractario a ninguno de los dos. Pero también creo que es posible diseñar «instituciones inteligentes» que, apoyadas en leyes igualmente inteligentes, induzcan a las personas -y, por supuesto, a los funcionarios- a tomar decisiones racionales.

Mediante ese entramado podemos conseguir que las reglas del juego hagan saber a quienes llegan al poder que, si cometen un acto de corrupción, enfrentarán una alta probabilidad de ser descubiertos. No se trata solamente de amenazarlos con penas cada vez más severas, sino de construir un sistema capaz de detectar y sancionar efectivamente las conductas ilícitas.

Ante los vertiginosos avances tecnológicos, resulta previsible que la inteligencia artificial permita construir sistemas capaces de hacerlo con una velocidad y una precisión hasta ahora desconocidas, reduciendo considerablemente los espacios de discrecionalidad, encubrimiento y manipulación humana.

La manera tradicional de combatir la corrupción no ha producido los resultados esperados. Haciendo lo mismo no podemos esperar resultados diferentes. Cualquier análisis serio demostraría que aguardar a que el acto corrupto se consume para después investigarlo, eventualmente juzgar al responsable y, de manera residual, sancionarlo constituye un modelo fracasado. La evidencia histórica está a la vista. Si usted tiene algún amigo, conocido o vecino que haya sido servidor público, quizá pueda identificar con facilidad símbolos exteriores de riqueza que, en algunos casos, difícilmente corresponden a los ingresos lícitos derivados del cargo.

Cuando se advirtió que la actuación ex post no funcionaba, se optó por crear fiscalías especializadas, incrementar sensiblemente las penas, multiplicar las auditorías internas y externas -y, con ellas, el número de auditores- y expedir más leyes. Nada de eso ha producido los resultados prometidos.

La red destinada a pescar funcionarios corruptos ha servido, principalmente, para atrapar peces flacos. Se castiga la torpeza y también la insuficiencia de recursos para defenderse. En el ITAM, mi maestro Juan Velásquez, uno de los más destacados abogados penalistas que ha tenido México y profundo estudioso de nuestro Derecho Penal, nos contaba que José Revueltas, durante su reclusión en el Palacio Negro de Lecumberri, dejó escrita en una de las paredes de su celda esta frase: «En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito: se castiga la pobreza». La sentencia conserva toda su actualidad. El funcionario subalterno o descuidado -el que se llevó una pluma BIC- puede terminar atrapado en un procedimiento de responsabilidad administrativa sin contar siquiera con recursos suficientes para defenderse. Mientras tanto, quien asignó una adjudicación directa, amañó una licitación y ocultó hábilmente el dinero aparece presidiendo asociaciones contra la corrupción, financiando fundaciones altruistas o promoviendo públicamente causas religiosas. Poco después se le ve convertido en empresario, dirigiendo negocios sorprendentemente prósperos.

El sistema no necesariamente persigue al más corrupto, sino al más visible, al menos cuidadoso o al peor defendido.

A sabiendas de esas fallas, en todo el país miles de aspirantes hacen fila para ingresar al jugoso negocio de administrar los recursos públicos. No todos llegan con esa intención, por supuesto, pero el modelo genera incentivos para invertir racionalmente en la conquista del poder: cuando la probabilidad de ser descubierto es baja y las ganancias potenciales son enormes, la corrupción puede convertirse en la verdadera meta, aunque en el discurso se repita que hay que combatirla.

¿Nos cruzamos de brazos? ¿O nos proponemos construir un modelo que consiga que apostar por la corrupción deje de ser racional? Cuando la probabilidad de ser descubierto y sancionado es remota, mientras que los beneficios esperados son extraordinarios, el sistema envía una señal inequívoca: delinquir puede resultar una apuesta rentable.

Estamos a tiempo de dejar atrás las instituciones que solamente reaccionan cuando el delito ya se consumó y pasar, con urgencia, a construir otras capaces de modificar los incentivos antes de que ocurra.

Hemos escuchado a funcionarios afirmar, en debates y entrevistas, que «ellos no son iguales a los anteriores». Con ello desplazan la discusión pública sobre la corrupción hacia las cualidades personales de quienes gobiernan. Y seguramente tienen razón: no son iguales. Ninguna persona es igual a otra.

Desde luego, las administraciones públicas necesitan funcionarios honestos, fiscales competentes, jueces incorruptibles y líderes ejemplares. Sin embargo, ningún sistema serio puede depender exclusivamente de que siempre lleguen las personas correctas. Precisamente porque todos somos imperfectos, debemos centrar la atención en las características que debe reunir una institución para conseguir que incluso una persona imperfecta encuentre racional comportarse correctamente.

Desde el Análisis Económico del Derecho y la nueva economía institucional existen herramientas útiles para entenderlo. Ronald Coase mostró la importancia de los costos de transacción en la organización de las actividades económicas. Douglass North sostuvo que las instituciones son las reglas del juego que estructuran los incentivos de una sociedad. Gary Becker explicó que muchas conductas ilícitas pueden responder a un cálculo racional entre beneficios y costos esperados. Robert Cooter, en The Strategic Constitution, avanzó un paso más al analizar las instituciones a partir de la manera en que modifican el comportamiento estratégico de quienes participan en ellas.

Existe, pues, suficiente sustento para afirmar que las instituciones -y las leyes que las organizan- no transforman mágicamente a las personas, pero sí pueden modificar los incentivos conforme a los cuales toman sus decisiones. Por ello, el éxito de una institución no debería medirse únicamente por la severidad de sus sanciones.

Frente a cualquier institución -piense el lector en la que prefiera- deberíamos formular una pregunta elemental: conforme a sus reglas, ¿las personas tienen mayores incentivos para cumplir la ley o para violarla? El propósito no consiste en colocar permanentemente bajo sospecha a los funcionarios, sino en diseñar instituciones en las que a sus integrantes les resulte racional no delinquir.

Todos hemos realizado alguna vez un cálculo parecido. Tomemos un ejemplo inspirado en el trabajo de Gary Becker. Imaginemos que conducimos con prisa y encontramos un espacio donde está prohibido estacionarse. En ese instante ocurre algo interesante: prácticamente nadie piensa primero en el reglamento de tránsito. Lo que hacemos es calcular: ¿hay un policía cerca -un “tamarindo”, como les decíamos en los 90-? ¿Cuánto tiempo tardaré? ¿Realmente me impondrán una multa? ¿Qué puede pasar si me estaciono solamente cinco minutos?

Pero el razonamiento no termina ahí. Supongamos que aparece un “chota”. Entonces el cálculo continúa: ¿podré convencerlo de que no me multe? ¿Podré justificar mi conducta como una emergencia? ¿Conozco a alguien que pueda intervenir? ¿Habrá manera de “arreglarlo”? ¿Podría ofrecerle dinero para evitar la infracción? ¿Tendrá el agente mayores incentivos para aplicar la ley o para aceptar un soborno? Finalmente aparece la pregunta decisiva: ¿vale la pena correr el riesgo?

Es el mismo cálculo que realiza el servidor público. El ciudadano calcula si le conviene estacionarse en un lugar prohibido; el funcionario, si le conviene aceptar un soborno. Ambos ponderan beneficios, riesgos, probabilidades y consecuencias. Ambos deciden a partir de ese análisis.

Las personas no siempre incumplen la ley porque sean perversas. Muchas veces lo hacen porque el diseño institucional provoca que incumplirla parezca una decisión racional. Si las instituciones pueden modificar ese cálculo, también pueden modificar el comportamiento.

Para castigar la corrupción en serio tenemos que construir instituciones que permitan detectarla oportunamente y hagan irracional incurrir en ella. De eso tratará la segunda parte.

Ante Notario

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El autor es notario público y analista en temas jurídicos y económicos.