Crece la bancada priista

Quienes se frotan las manos porque cada vez “crecen” más su bancada en la 63 Legislatura son... ¡los priistas!

 

Y es que la minoría tricolor está de plácemes, por los aliados morenistas y petistas que se han ido sumando a su causa.

 

El que creía que la suma de Morena-PT-PES sería demoledora, se equivocó. 

 

Cada vez son más los legisladores de la “Cuarta Transformación” que están cambiando de piel.

 

Los primeros que enseñaron sus cartas credenciales fueron los petistas Eleno Flores Gámez y Mario Rafael González Sánchez, “El Capi”.

 

Eleno se rebeló porque no le dieron la cartera de obras públicas y luego porque les recortaron los ingresos a los diputados.

 

Los dos se sumaron a los priistas y dejaron colgados a los morenistas el día de la votación del presupuesto, sin fundamentar las razones de su posición particular.

 

Otro caso es el de Fernando Mascareño, a quien el día de la sesión le recordaron su pasado priista-malovista y labastidista. Y que, por cierto, fue balconeado por su compañero Pedro Lobo, tras el intento de soborno con 100 mil pesos, para “voltearlo”. 

 

Mascareño presume por estos días una foto al lado de un auto último modelo, es decir, 2019.

 

Y ni qué decir de María Victoria Sánchez Peña, la morenista presidenta de la Comisión de Hacienda Pública que, a la usanza priista, se negó a transmitir en vivo, como marca la ley, las reuniones con funcionarios de finanzas del Gobierno del Estado, en el marco del “estira y afloja” de las reasignaciones presupuestales.

 

Cuentan que la propuesta que llevó Sánchez Peña al pleno, rechazada por dos morenistas de la Comisión, Marco Antonio Zazueta y Horacio Lora, era un dictado de Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Finanzas, y sus funcionarios.

 

La versión se fortalece con las últimas declaraciones de Sánchez Peña, donde cuestiona las reasignaciones por mil 663 millones de pesos de los 17 morenistas, utilizando los mismos argumentos de los priistas.

 

Así que, de facto, la bancada tricolor crece y crece.

 

 

 

Organismos ciudadanos ven positiva la discusión que se está realizando del paquete económico de 2019. 

 

El presupuesto público que se discute entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo debe ser fiscalizado por toda la ciudadanía, independientemente de si se da luz verde a la reasignación o no, coincidieron dirigentes de las organizaciones civiles Parlamento Ciudadano e Iniciativa Sinaloa.

 

Para Silber Meza Camacho, presidente de Iniciativa Sinaloa, el panorama es positivo porque con estos cambios, con estas discusiones públicas que se hacen, ganan los ciudadanos se advierten mayores contrapesos y con ello viene mayor rendición de cuentas. Y a mayor rendición de cuentas tendrán que explicar mejor y transparentar los recursos.

 

David Moreno Lizárraga, presidente del Parlamento Ciudadano de Sinaloa, dijo que es necesario que los ciudadanos no solamente fiscalicen el recurso aprobado, sino que sean incluidos desde la elaboración del mismo, además que llamó a los legisladores a no polarizar a la sociedad con confrontaciones.

 

“No se me pongan cada quien en un rincón del ring, no es un pleito o no debe ser asumido como un pleito. Hay diferencias de opinión, normal, normal entre ciudadanos maduros”.

 

Y cierto, ya lo vimos en el Congreso en la sesión del martes, muchos ciudadanos con su defensa, en su mayoría legítimas, pero insultando y abucheando.

 

Hay que cuidar ese punto.

 

 

Para la Senadora Imelda Castro Castro en el tema del presupuesto estatal hubo ausencia de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

 

Y aunque defendió la legalidad de las reasignaciones por mil 663 millones de pesos al proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2019, apuntando que estas responden a demandas de sectores que durante años no han sido atendidos.

 

“Si es que hay soberbia, falta de oficio político, o lo que sea, dejarlo atrás, como creo que ya lo dejaron. Es un tema de gobierno dividido, donde es complejo y donde se requiere hacer un gran esfuerzo de consenso y de colaboración”, dijo Castro Castro.

 

La Senadora recordó que el Ejecutivo estaba acostumbrado a nada más enviar la iniciativa y que levantaran la mano los anteriores diputados. 

 

 

 

Con este Gobierno de Quirino Ordaz Coppel hemos visto cómo se han ventilado los casos de presuntos desvíos de recursos y mal uso de ellos en la administración pública anterior.

 

Llama la atención que las investigaciones no se quedaron en un tono mediático, ayer se dio a conocer que además de los cuatro juicios contra ex funcionarios públicos de la administración actual y de la anterior que siguen vigentes, en la Fiscalía General del Estado ya tienen otras 34 averiguaciones previas por posible desvío de recursos.

 

En dichas averiguaciones hay acusaciones contra funcionarios tanto del Gobierno del Estado como de los municipios, y lo confirmó la fiscal anticorrupción Reyna Angulo Valenzuela.

 

También dijo que se encuentran ya integradas otras 24 carpetas de investigación que están en trámite y que se dirimirán tanto por el nuevo Sistema de Justicia Penal como por el tradicional.

 

En lo casos más recientes está la compra de colchones en mal estado que realizó la Secretaría de Desarrollo Social en la actual administración, que recordamos fue un escandalazo que le costó la chamba al titular de la Secretaría.

 

Y el más reciente, y además más pesado, es el de la construcción del Tiburonario, donde tres de cuatro ex funcionarios que se pararon ante un juez fueron vinculados a proceso y dos ya tramitaron amparos federales.

 

Esperaremos más detalles de este combate a la corrupción, y hay que decirlo nunca antes visto.