Cuando la transparencia le importaba a la izquierda mexicana

Hay frases que el tiempo convierte en ironía y otras que se transforman, con los años, en verdadera condena. O como modernamente se dice “siempre hay un tuit”. “No somos tapadera de nadie. No ocultar nada. No ser tapadera”. Esas palabras las pronunció Andrés Manuel López Obrador el 6 de diciembre de 2018, recién ungido como Presidente de México, ante un país que le creyó. Hoy, casi una década después, esa promesa resuena con un eco que incomoda -o debería incomodar- a todo aquel que la aplaudió.

Hoy en Sinaloa está ocurriendo algo que merece toda la atención del País, y sorprendentemente no tiene que ver con seguridad.

Antes de que Rubén Rocha solicitara licencia como Gobernador -acusado de corrupción y señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado- tuvo el tiempo y la voluntad suficientes para enviar al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la ley de transparencia local. Una iniciativa que, hay que decirlo sin adornos, propone desmantelar los mecanismos que le permiten a los ciudadanos saber qué hace su gobierno con el dinero y el poder que les confió. La iniciativa eliminaría la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el órgano autónomo que actúa como árbitro entre el ciudadano y el Gobierno. En su lugar, los propios poderes del Estado se vigilarían a sí mismos. Juez y parte. Así, sin más.

Como si eso no bastara, la propuesta sacaría de la lista de sujetos obligados a transparentar a ayuntamientos, sindicatos y universidades. Y ampliaría las facultades de las autoridades para reservar información que debería ser pública. La sociedad civil no tardó en bautizarla: #LeyTapadera.

¿Qué tan grave es esto? Pensemos en lo que significa. Significa que el municipio donde vives podría negarse a decirte en qué gasta tu dinero. Que la universidad pública donde estudian tus hijos podría operar en las sombras. Que el sindicato que dice representarte podría hacer y deshacer sin rendirle cuentas a nadie. La transparencia es la diferencia entre un gobierno que sirve al ciudadano y uno que se sirve a sí mismo.

Lo más penoso, sin embargo, no es la iniciativa en sí. Lo más penoso es el contraste.

El propio Rocha, en abril de 2005, cuando era Oposición y la izquierda aún reclamaba lo que hoy destruye, fue entrevistado a dos años de que Sinaloa pusiera en marcha su ley de acceso a la información. Su diagnóstico fue: la ley avanzaba despacio, más despacio de lo que los ciudadanos querían, pero el balance era positivo. “Es mucho más importante a cuando no existía la iniciativa”, dijo. Valoraba que la información pública fluyera hacia los ciudadanos. Señalaba las reticencias como algo a superar, no como algo a institucionalizar.

Ese Rocha y el Rocha que firmó la #LeyTapadera son, aparentemente, la misma persona. ¿Qué cambió? La respuesta más obvia es que cambió el lado del escritorio desde el que habla.

Sergio Sarmiento lo recordó esta semana: hubo una época en que la izquierda mexicana no sólo toleraba la transparencia, sino que la exigía y la construía. El Grupo Oaxaca, creado en 2001 para impulsar una ley federal de acceso a la información, era plural e incluía a activistas de izquierda. Jenaro Villamil, hoy titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, participó entonces en representación de La Jornada. La misma izquierda que hoy gobierna fue, en otro tiempo, la que más fuerte gritó que el poder debía rendir cuentas mediante la transparencia.

El martes 19 de mayo, la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado convocó a ONGs y grupos empresariales a una reunión que, según quienes asistieron, fue poco más que estéril. Los ciudadanos presentes se pusieron de pie y se retiraron al sentir que nadie los escuchaba en serio. El Diputado Rodolfo Valenzuela, del Partido Verde, presidente de esa comisión, confirmó que la iniciativa de Rubén Rocha no se desecharía. Al día siguiente, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción salieron juntos ante los medios para decir lo que la reunión del martes fue en realidad: “un intento de simulación legislativa improvisado ante las críticas mediáticas”. Exigieron que el Congreso no tome decisiones a puerta cerrada, que la sociedad civil participe de verdad en construir una ley que garantice transparencia efectiva. Una ley, dijeron, que sea “ejemplo a nivel nacional”.

¿Ejemplo a nivel nacional? Lo que está pasando en Sinaloa ya es un ejemplo, aunque del tipo equivocado: el ejemplo de cómo se usa el Poder Legislativo para blindar la opacidad justo cuando más se necesita la luz ante tanta crisis en tantos temas: seguridad, educación, salud, economía, por mencionar algunos.

Las diputadas y los diputados sinaloenses tienen hoy una decisión frente a ellos. Y también tienen un calendario: falta menos de un año para las elecciones. Veremos si se convertirán en las y los verdugos de la transparencia en Sinaloa.