¿Cuántas personas desaparecidas hay realmente en Sinaloa y cómo las contamos?

El lunes pasado a las 8.30 de la mañana un contingente amplio de personas bien organizadas y hasta con camiones (algo inusual en este tipo de manifestaciones), realizó una protesta en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Sinaloa. Abanderando la causa de las presuntas ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas en este estado, se manifestaron en las inmediaciones del recinto del Poder Ejecutivo mientras el titular de éste, el Gobernador Rubén Rocha Moya, realizaba su conferencia semanera.

Cuestionado al respecto, el Gobernador se refirió a los presuntos casos de ejecución extrajudicial y dijo que podrían atribuirse a delincuentes con uniformes y patrullas clonadas, algo de lo que sí hay evidencia reciente; luego, refiriéndose a las desapariciones de personas, desconfió de la estadística y dijo que éstas se usaban para hacer campaña contra el Gobierno de López Obrador y señaló que a través de un censo casa por casa que realiza la Delegación del Bienestar, se habían encontrado a dos centenas de personas antes desaparecidas en el Estado.

Sin negar que hay quienes lucran dolosamente con el tema, ojalá fuera solo “campaña” o “percepción”. Pero no: las personas desaparecidas son una realidad lamentable y creciente en el País a las que ningún Gobierno, local ni nacional, ha podido brindar justicia pronta y expedita hasta ahora. No hablo de voluntad o atención, sino de resultados, y esos brillan por su ausencia.

Así lo escribí recientemente en un análisis para El País y Sinaloa no escapa de esa realidad. De hecho, para decirlo como es, fue con la llegada de Quirino Ordaz al Gobierno de Sinaloa cuando los desaparecidos en Sinaloa comenzaron a ser más que los homicidios, que se redujeron sustancialmente desde entonces al pasar de 4.29 a 1.74 diarios. Y más o menos así se ha mantenido hasta ahora.

Es cierto que las estadísticas pueden usarse mañosamente, los primeros en hacerlo así son casi siempre los gobernantes, que las citan cuando les convienen. Y aunque éstas no les gusten cuando no les favorecen, son el único referente objetivo que tenemos los ciudadanos para medir y comparar hechos y fenómenos, para detectar tendencias o patrones y para fijarnos metas o señalar brechas.

Gracias a las estadísticas sabemos que hubo un año en que en Sinaloa había 6.57 homicidios diarios (2010) y que ahora hay 1.58 (2023)... y que eso es mejor. Y gracias a las estadísticas sabemos que hubo también un tiempo en que las desapariciones no eran tema –hasta antes de 2010– y ahora lo son, pues tenemos 2.81 diarias... y que eso es peor.

¿De dónde salen esas estadísticas? Pues en el caso que nos ocupa sobre personas desaparecidas, de tres fuentes, todas oficiales: la primera es la local, es decir, de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la que cada mes en Noroeste le solicitamos disciplinadamente, vía acceso a la información, el detalle desglosado de los delitos relacionados con desaparición y privación de la libertad; la segunda es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) construido por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), que se supone se nutre de los datos de las fiscalías y otras fuentes; y el tercero es el apartado de “Otros delitos contra libertad personal” que se incluyen en el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo federal y donde se incluyen las desapariciones, además de otros delitos. En teoría, estas fuentes deberían coincidir, pero no es así.

El mantenimiento y la actualización de la información contenida en dichas fuentes es responsabilidad de las autoridades y no de la sociedad civil o los medios de comunicación. Es decir, si algo ahí está de más o de menos, corresponde a fiscalías y autoridades de seguridad pública corregir, limpiar, agregar. No a las víctimas y mucho menos a los periodistas.

Tras muchos años de cubrir esta violencia tan compleja y dolorosa, en Noroeste hemos aprendido que todo dato respecto de ese fenómeno hay que tratarlo con prudencia, pero es una postura nuestra que no es opción dejar de difundirlos pues la violencia homicida evoluciona y los perpetradores aprenden con tal de garantizarse impunidad.

Por eso, en la portada de nuestro portal está siempre una gráfica que compara la tasa diaria de homicidios con la de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en Sinaloa y que muestra claramente la intersección de estas curvas a partir de 2018. El objetivo de dicha gráfica es enseñar el fenómeno en un horizonte de tiempo más amplio que el de la coyuntura diaria para ver tendencias.

Esa gráfica seguirá allí para que no cantemos victoria hablando solamente de la reducción de homicidios como la “pacificación” de Sinaloa, en tanto siguen desapareciendo centenares de sinaloenses al año y con tasas de impunidad cuasi absolutas, pues la Fiscalía judicializa menos del 2 por ciento de las denuncias.

Y ahora sí, van los datos que tenemos: según el registro oficial del RNPDNO, en Sinaloa hay, al menos, 5 mil 584 personas desaparecidas. Desde 2018 el promedio anual es de 465. Según esta fuente, solamente de enero a julio de 2023 van 260, lo que representa un incremento de 30 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022. Pero la Fiscalía estatal tiene otros datos, pues de enero a mayo registró 425 denuncias, de las cuales 283 permanecen todavía como desaparecidas y no localizadas.

Esas discrepancias son las que continuamente hemos señalado y que enseñan lo difícil y complejo que es abordar esta violencia que es ya una crisis humanitaria señalada por la ONU.

No nos corresponde a nosotros juzgar si son muchas o son pocas, solo la responsabilidad de informar para que los lectores se formen un criterio propio. A las autoridades les toca generar información pública consistente para poder evaluar y mejorar su desempeño.

Reconocer que hay personas desaparecidas, por los criminales o las autoridades, es el más mínimo acto de verdad que se merecen sus familiares.