Del mar al plato: ¿quién se queda con el dinero de la pesca?
En septiembre, el mar de Campeche fue generoso. Frente a Ciudad del Carmen, algunas lanchas regresaron con hasta 350 kilos de pulpo, y las que pasaron tres días en altamar, con 400. Pero el precio bajó hasta 100 pesos por kilo, mientras el combustible para llegar a más de 100 kilómetros de la costa seguía presionando las ganancias. Más mar no significó más dinero. Esa es la paradoja de nuestras costas: el mar produce alimento valioso en abundancia, pero muchas de las personas que lo sacan del agua viven al día. Entonces, ¿dónde se queda esa riqueza?
El primer indicio viene del otro lado del planeta. Si seguimos la pista de 15 especies de pepino de mar desde Fiyi y Kiribati hasta las tiendas de China vamos a encontrar que, con las “especies baratas”, los pescadores recibían en promedio la mitad del precio final; con las “más caras”, menos del 10 por ciento. La mayoría de los pescadores desconocían los precios de destino. Cuanto más vale lo que sale del mar, menor es la parte que se queda en la orilla.
La segunda pista desmonta una idea común: que más peces significan pescadores prósperos. Los datos hablan por sí solos. Se estima que en entre 36 y 67 por ciento de los países, el ingreso promedio de la pesca probablemente no alcanza el salario digno mínimo (el que cubre alimentación, vivienda, ropa, salud y educación). En esos países viven entre 69 y 95 por ciento de los pescadores del mundo. Aun con todas las pesquerías en su rendimiento máximo sostenible, el ingreso seguiría sin alcanzar hasta en 49 países, que reúnen al 70 por ciento de los pescadores. En el Golfo de California, incluso con ese manejo, el exceso de embarcaciones dejaría el ingreso por persona bajo la línea de pobreza. Un mar sano es necesario, pero no suficiente. Importa cuánto se pesca, pero también cómo se reparte la riqueza.
El pulpo maya (Octopus maya), endémico de la plataforma de Yucatán, sostiene una de las pesquerías más importantes del Golfo de México. Durante la temporada, empresarios yucatecos llegan hasta Isla Arena, en Campeche, para comprar la captura y exportarla. Y cuando el precio cae, la explicación también viene de lejos. “La baja en el precio de este molusco es por una contracción internacional, no nada más es la parte mexicana”, explicó a Diario de Yucatán Enrique Sánchez Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Yucatán.
Puede que tenga razón. Pero esa frase también describe el problema: el precio se decide en mercados lejanos y el riesgo se paga en la playa. En México, la comercialización de la pesca de pequeña escala está dominada por intermediarios informales, en buena medida porque los productores no pueden llevar por su cuenta su producto al mercado. Además, solo quien tiene permiso puede emitir las facturas que legalizan la captura. En el Golfo de California, muchos pescadores dependen de un patrón que les presta dinero, equipo o su propio permiso a cambio del producto, y eso les deja poco margen para negociar o decidir.
Esto no convierte a los intermediarios en villanos. En el puerto de Progreso, por ejemplo, los intermediarios informales pagaban a los pescadores los precios más altos, al contrario de lo que ocurría en los lagos de Chapala y Yuriria. El problema radica en una estructura en la que el pescador carga con el riesgo y casi nunca decide.
Además, esa estructura tiene un costo ecológico. Los compradores informales incentivan la pesca ilegal: por ejemplo, en Sisal, compradores extranjeros e intermediarios locales presionaron para rebasar la cuota de pepino de mar (Isostichopus badionotus), lo que facilitó el declive de esa pesquería. Los pescadores lo saben. José Virgilio Pérez Chan, de la cooperativa Hombres en Defensa del Mar, señaló la responsabilidad de “autoridades, permisionarios y pescadores” y advirtió: “Si no cuidamos el producto en veda, vemos el resultado”.
Si el problema es el reparto, ahí están las soluciones. La primera es la información: publicar los precios de playa, de planta y de exportación del pulpo maya daría a los pescadores una base para negociar.
La segunda es organizarse. En el Golfo de California, los pescadores en cooperativas no obtenían mejores precios que los que trabajaban para un patrón, pero las cooperativas que integran proceso y venta pueden tener más incentivos para cuidar el recurso. En Punta Allen, Quintana Roo, los 64 socios de la cooperativa Vigía Chico se reunieron antes de la temporada 2021 para fijar el precio de su langosta por encima de 300 pesos el kilo. Organizarse no garantiza un buen precio, pero da algo que hoy falta: capacidad de decidir.
La tercera es el crédito. Los intermediarios ofrecen préstamos y una especie de seguro que el Estado difícilmente iguala. Mientras financiar una temporada signifique endeudarse con quien compra, el precio lo fijará el acreedor.
La cuarta ya existe en el papel: desde 2024, el pulpo maya tiene una Indicación Geográfica Protegida. Con trazabilidad desde la lancha, podría pagar mejor la pesca selectiva; sin reglas que lleven ese valor a la playa, se quedará, otra vez, lejos de la costa.
Desde Oceana hacemos un llamado a que la política pesquera ponga en el centro el bienestar de quienes pescan: que el valor se reparta de forma más justa a lo largo de la cadena y que el riesgo de cada temporada deje de recaer, sobre todo, en pescadores y pescadoras. Una pesquería no es exitosa si quienes la sostienen no pueden vivir dignamente de ella.
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El autor es Antar Mijail Pérez Botello, doctor especialista en Ciencia de Oceana en México