Desaparición forzada, alerta máxima

Mientras en México la Presidenta se mofa de las manifestaciones de los colectivos de las madres buscadoras, en la comunidad internacional la preocupación escala.

Así, hacer cambios en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o someter a investigación el financiamiento de las movilizaciones de las madres buscadoras no sólo actualiza la falta de empatía gubernamental con el problema, sino que paradójicamente le otorga mayor visibilidad.

La posible activación del artículo 34 de la convención no es un proceso nuevo, pero sí puede ser absolutamente inédito. Desde 2012 diversas comisiones de expertos han visitado nuestro País y a partir del año pasado la situación se ha agravado.

Las respuestas oficiales no han logrado desvirtuar la versión de la ONU en el sentido que hay indicios fundados de que la desaparición forzada es una práctica sistemática y generalizada en México.

De hecho, en abril de este año el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU reiteró su postura y este mes el secretario general de Naciones Unidas turnó a la asamblea con carácter de urgente el informe del Comité para su discusión en septiembre.

Es previsible que nuestro País active todos los mecanismos diplomáticos para evitar que dicho informe se delibere en la asamblea, pero lo que es un hecho es que el problema sigue escalando a nivel internacional.

Por cierto, lo que se activaría con el artículo 34 no es el señalamiento de culpables, sino mecanismos de cooperación internacional para tratar de prevenir y erradicar el problema.

En fin, mofarse del problema, hacerlo parecer como parte de un complot o señalar injerencia extranjera, no sólo lesiona las causas de las madres buscadoras, sino que se desaprovecha la oportunidad de la cooperación internacional. Por lo pronto, las alertas están más que encendidas.

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El autor es consultor internacional en materia electoral.