Diez mil veces víctimas

Diez mil. Diez mil (y contando) vehículos robados en Sinaloa desde que estalló la disputa entre los Guzmán y los Zambada. Diez mil historias interrumpidas. Diez mil familias que un día salieron de casa y al volver encontraron un espacio vacío donde antes había movilidad, trabajo, escuela, rutina.

De acuerdo con el reporte diario construido por Noroeste, con fuentes oficiales, colectivos de buscadoras y trabajo periodístico, al 2 de marzo los saldos de esta ola son brutales aunque no lo queramos ver: 2 mil 930 homicidios dolosos -5.4 diarios-; 3 mil 351 personas privadas de la libertad -6.2 cada día-; 10 mil vehículos robados -18.5 diarios-; 3 mil 310 personas detenidas y 170 abatidas. Como lo dice Javier Llausás, la cifras no sólo cuentan delitos, cuentan vidas trastocadas.

Pero detengámonos en esos 10 mil vehículos. Detrás de cada unidad robada hay algo más que fierros y llantas. En México, el automóvil suele ser el segundo patrimonio más importante de una familia, después de la casa -si es que se tiene casa-. Para muchos, es la herramienta de trabajo, el medio para llevar a los hijos a la escuela, el vehículo -literalmente- para sostener la economía de su hogar.

¿Qué ocurre cuando ese patrimonio es arrebatado? Primero viene el shock. Luego comienza el viacrucis. La denuncia. Después la espera. Y si hay “suerte” y el vehículo aparece, comienza otro viacrucis: pagar arrastre, maniobras y pensión. Cubrir multas y derechos. Desembolsar cantidades que pueden escalar a cifras entre los 4 mil a los 12 mil cuando mínimo. Como el caso que se viralizó apenas ayer: una mujer a la que le exigen casi 36 mil pesos para recuperar su vehículo robado en 2024 y localizado en 2025. ¿Treinta y seis mil pesos por ser víctima?

La pregunta es inevitable: ¿en qué momento el Estado decidió cobrarle a quien ya fue despojado? ¿Desde cuándo la justicia tiene tarifa de estacionamiento?

Frente a esta realidad, la Intercamaral de Culiacán -organismo que agrupa a cámaras empresariales- presentó el 27 de febrero una iniciativa de ley para eliminar la cuota de arrastre y de pensión para vehículos robados. La propuesta busca establecer de manera expresa en la legislación fiscal y penal de Sinaloa la exención del pago de derechos, contribuciones, servicios e infracciones generados con motivo de la recuperación de un vehículo robado, siempre que el solicitante acredite formalmente su calidad de víctima.

En síntesis, se trata de algo elemental: eliminar una carga económica injustificada para quien ya sufrió un daño patrimonial (y emocional) al perder su vehículo. Establecer un mecanismo claro, objetivo y de aplicación directa que garantice certeza y justicia administrativa.

No es una ocurrencia. En septiembre de 2025, el Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Penal para exentar el pago de arrastre, almacenaje y maniobras cuando el vehículo robado sea recuperado. La decisión respondió a una problemática urgente en un estado que ocupa el segundo lugar nacional en robo de vehículos. Y no es el único caso: Puebla, Morelos, Veracruz y Jalisco avanzan en medidas similares. Es jurídicamente posible. Es operativamente viable. Ya funciona en otros lugares.

Entonces, ¿qué espera Sinaloa?

Con 18.5 vehículos robados cada día, la discusión no es ideológica, es humana. No se trata de premiar a nadie. Se trata de no castigar dos veces a quien ya fue golpeado por la delincuencia. Es, como lo dijimos en una colaboración pasada, una revictimización institucional. Primero el delito. Después el cobro por ser víctima.

Algunos podrían argumentar que son servicios prestados y que alguien debe cubrirlos. Pero, ¿de verdad corresponde a la víctima asumir el costo de un delito que el Estado no pudo prevenir? ¿No debería ser el propio aparato público el que absorba esos gastos como parte de su obligación de seguridad y justicia?

El Congreso local tiene en sus manos una decisión que trasciende lo administrativo. Es un mensaje. Puede optar por la inercia y mantener una práctica que duele y lastima. O puede enviar una señal clara de empatía y coherencia institucional a la sociedad.

Diez mil vehículos robados son 10 mil recordatorios de que la seguridad sigue siendo una herida abierta. Y mientras esa herida no cierre, lo mínimo exigible es que el Estado no la profundice.

En un contexto donde 5.4 personas son asesinadas cada día y 6.2 son privadas de la libertad, la justicia no puede convertirse en un trámite costoso.

Veremos el compromiso del Congreso local con esas 10 mil víctimas sinaloenses.