Economía de Sinaloa reclama auxilio
Crisis por la violencia alcanza a todos
A las actividades económicas de Sinaloa, principalmente al campo, turismo y empresa, se les agota la posibilidad de resistir después de más de 20 meses de la seguridad pública en crisis y las derivantes complicaciones social y política mientras que los gobiernos federal y estatal retrasan los programas y medidas que al menos estiren la liga de la supervivencia a mayor espera de conclusión del conflicto entre facciones del narcotráfico. Aquella cuenta regresiva cantada hace 646 días en lugar de configurar expectativas optimistas, a lo que le da forma es a la agudización del abatimiento generalizado.
Sinaloa se halla al límite de la capacidad de resiliencia en la carrera a contrarreloj que es el último reducto de la tenacidad que ha mostrado para sostenerse de pie. No es trata de estadísticas simples ni de cálculos a la ligera sino de los estragos que poco a poco corroen el tejido social debido al miedo a la violencia, la pérdida de negocios y empleos que son el medio de subsistencia de familias, lo difícil que ha sido recuperar el espacio común, y la cotidiana correlación entre fuerza pública que avanza en la labor de pacificación y crimen que va pasos adelante en el propósito de dominio por encima del Estado.
En cualquier segmento de la sociedad están visibles las consecuencias de la embestida bárbara que repercute en todo y todos. Se trata de cicatrices, bancarrotas, traumas, cenotafios y vidas humanas separadas a la fuerza de las familias que explican el coraje e impotencia popular por el viraje rudo del presente hacia el desaliento, el estrepitoso derrumbe de futuros y letreros dantescos diseminados por doquier del “piérdase aquí toda esperanza”.
Recientemente, las cámaras empresariales de Culiacán y Mazatlán emitieron una especie de ultimátum o SOS para que las autoridades federales, estatales y municipales asuman la obligación de ofrecer soluciones y abandonen la también prolongada actitud de ver con pasividad cómo la lumbre se acerca a las actividades económicas. La alarma que encienden es real; no se trata de aspavientos con los cuales algunos traten de sacarle provecho a las adversidades.
El 13 de junio, la dirigente de la Coparmex en Culiacán, Martha Reyes Zazueta, planteó la necesidad de declarar la emergencia por el golpe que la violencia le asesta a la economía, el consumo y las empresas. Concretamente solicitó la condonación de impuestos “porque lo que hemos pagado en toda esta narcopandemia no lo hemos visto en seguridad y mucho menos en servicios públicos”. Tiene razón en la exigencia extrema porque saltan a la vista y adquieren el grado de insostenibles las afectaciones y ningún sinaloense está en posibilidad de decir que los daños no lo han alcanzado.
Dos días después, durante la reunión que la Intercamaral sostuvo el 15 de junio con la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, la presidenta de la cámara empresarial de Mazatlán, Verónica Judith Estrada, puso el mismo grito en el cielo enfocando la alerta en el sector de la industria sin chimeneas cuya situación es complicada ya que el turismo “no está llegando como quisiéramos”. Esas voces de emergencia las respaldó Francis Cázares Olivares, que preside la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos, quien centró la solicitud en la seguridad de las carreteras y las campañas negativas que se realizan en Durango para que sus ciudadanos no viajen a Mazatlán por la inseguridad.
Aquí no se trata ya de augurar la catástrofe sino de notar que el desastre ya está aquí con mayor perjuicio en los hogares que tenían un ingreso procedente del trabajo lícito y ahora lo que tienen es el problema del agotamiento de la fuente de empleos. La ruina con rostro del comercio informal que igual se practica sin clientes, mujeres que se suman a los pregones que procuran llevar algunos pesos a casa, changarros que convierten la desesperación en mercancía.
La emergencia económica de Sinaloa no es presagio; es circunstancia. De allí la urgencia de que la vean tal cual es la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla. Que perciban lo que tarde o temprano se mostrará ante ellas con mayor crudeza si dejan transcurrir más tiempo: las solicitudes de socorro que los empresarios emiten como bengalas que el náufrago lanza en espera de que algún barco las detecte en la inmensidad del intimidante narco océano.
Los apremios de auxilio están en todos lados del territorio estatal; a estas alturas es imposible que los gobernantes simulen no verlos. De seguir las cosas así el crecimiento económico acabará siendo una víctima colateral más de la narcoguerra y sus múltiples secuelas.
Si está muy claro el mensaje,
Del Sinaloa que no les miente,
¿Entonces díganos cuál lenguaje,
Les haría ver lo evidente?
Los pequeños productores agrícolas se declaran económicamente inhabilitados para cultivar la tierra, los que estaban en posibilidades de pagar rentas por las parcelas se declaran imposibilitados a ofrecer arrendamientos que no van a recuperar con raquíticos esquemas de siembra y comercialización, los intermediarios abusivos proponen tratos leoninos aprovechándose de la incertidumbre en el campo. Así se fragua la cadena de atraso en el surco que quedará sin semilla a no ser que le echen la simiente del abandono y la insensibilidad embozada tras la premisa de soberanía alimentaria. ¿No hay emergencia en la planta productiva de Sinaloa? Los maizales que le cedieron el terreno a la maleza narran la abominación de las trojes vacías.