El círculo vicioso de las finanzas públicas: cómo salir de él

Hay problemas que se ven venir. Que se anuncian con señales claras, que los economistas nombran con precisión y que las personas en el poder prefieren no tocar hasta que ya no hay más remedio. El déficit fiscal de México es uno de ellos. Y en los próximos días, el gobierno federal presentará su propuesta para enfrentarlo. La pregunta que Benito Solís, presidente del Comité de Propuesta Económica de Coparmex nacional, pone sobre la mesa es la que todos deberíamos hacernos antes de que llegue ese documento: ¿hay salidas reales, o sólo parches que posponen el problema?

Para entender la gravedad de la situación, conviene empezar por el mecanismo. Cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, incurre en un déficit. Para financiarlo tiene básicamente dos opciones: pedir prestado al Banco central, lo que genera inflación y devaluación de la moneda, o emitir deuda dentro del país, que es lo que hace México. Esta segunda opción suena más ordenada, pero tiene sus propias consecuencias: al aumentar la demanda de crédito, empuja hacia arriba las tasas de interés. Y tasas de interés más altas desincentivan la inversión productiva, frenan el crecimiento, reducen la creación de empleo formal y, paradójicamente, elevan aún más el gasto público porque el servicio de la deuda se vuelve más caro. Un círculo vicioso del que es muy difícil salir.

¿Y qué ocurre mientras tanto con los servicios que el Estado debería garantizar? Lo que ya está ocurriendo: se retrasa o suspende la inversión en infraestructura. Plantas de generación eléctrica que no se construyen. Carreteras que no reciben mantenimiento. Sistemas de agua potable que se deterioran. Alumbrado público que se apaga. Hospitales que operan sin los insumos necesarios. Policías y funcionarios judiciales con salarios recortados que buscan compensar su pérdida de ingreso por otros medios, algunos legítimos y otros no tanto. Los empleados más calificados del sector público, los que más se necesitan, son también los que más fácilmente encuentran alternativas afuera, en el sector privado o en el extranjero, llevándose con ellos décadas de experiencia y conocimiento institucional que no se reemplazan fácilmente.

Todo eso se traduce en algo concreto y cotidiano: servicios públicos de menor calidad, menor productividad en toda la economía y, en consecuencia, menor recaudación de impuestos. Lo que agrava exactamente el problema que se intentaba resolver. El déficit crece, la deuda sube, el gasto en intereses aumenta y el margen para atender las necesidades básicas de la población se estrecha aún más. Así funciona el círculo vicioso que Solís describe con precisión.

¿Cuáles son las salidas que suelen plantearse? Dos, ambas insuficientes por sí solas. La primera es subir impuestos a las empresas. El argumento es directo: más ingresos para el Gobierno. El problema es que México ya tiene una de las mayores tasas de impuestos a las empresas en el mundo. Subir aún más esa carga puede generar algo de recaudación adicional en el corto plazo, pero a costa de desincentivar la inversión, reducir el crecimiento y destruir empleos formales, que son precisamente quienes pagan los impuestos. Es una estrategia que se come a sí misma.

La segunda salida es el recorte del gasto. También tiene su lógica aparente: si se gasta menos, el déficit baja. Pero cuando los recortes son indiscriminados, el efecto es el que ya describimos: deterioro de servicios, fuga de talento, parálisis de inversión en infraestructura y, en el peor de los casos, vacíos institucionales que otros actores ocupan. Solís señala algo que debería inquietarnos: cuando el Estado reduce su presencia en ciertos espacios por falta de recursos, esos espacios no quedan vacíos. Los ocupa la delincuencia organizada. No es una metáfora. Es lo que documentadamente ocurre en regiones del país donde el Estado ha retrocedido.

La demografía y la estructura del gasto complican aún más el panorama. Los programas sociales tienen una demanda creciente. La estructura poblacional presiona hacia arriba el gasto en pensiones y salud. Y los ingresos públicos, en cambio, crecen a tasas menores o incluso decrecen cuando la economía se debilita. Con esa ecuación, el déficit no se resuelve solo, ni con medidas parciales. De continuar la tendencia actual, la probabilidad de una crisis fiscal en el futuro no es un escenario catastrofista: es una proyección razonablemente fundamentada en la lógica de las cifras.

Lo que Solís plantea, y con lo que Coparmex coincide, es que se necesitan decisiones más drásticas y estructuralmente diferentes. Ni el alza indiscriminada de impuestos ni los recortes ciegos son suficientes. La salida real requiere una combinación que ha funcionado en experiencias previas en México y en otros países: mayor eficiencia recaudatoria sin elevar tasas, eliminación del gasto improductivo y de las duplicidades, evaluación rigurosa de programas sociales, inversión estratégica en lo que eleva la productividad, y sobre todo, un Estado de derecho que genere certeza y atraiga inversión privada que amplíe la base de contribuyentes.

Esa base, hoy, es demasiado estrecha. México tiene un problema de informalidad que hace que la carga fiscal recaiga sobre un número relativamente pequeño de empresas y trabajadores formales. Ampliarla no requiere subir tasas: requiere formalizar la economía, lo que a su vez requiere certeza jurídica, trámites simplificados, seguridad y servicios públicos que funcionen. Todo está conectado. Las recetas fáciles no existen. Pero las rutas probadas, sí.