El delito que no se ve... hasta que te toca
Desgraciadamente hay violencias que se normalizan. Se integran a la conversación cotidiana como si fueran parte inevitable del “clima” o de algo fortuito. En Sinaloa, desde que comenzó la guerra entre facciones, una de esas violencias persistentes es el robo de vehículos. No hace tanto ruido como un enfrentamiento, pero lastima igual: golpea el patrimonio, paraliza la movilidad y erosiona la tranquilidad emocional de miles de familias.
Los datos, recabados y sobre todo corroborados por el equipo de Noroeste -con el rigor que exige no caer en cifras infladas ni en narrativas complacientes- son contundentes. Durante 2025 se robaron en Sinaloa 6 mil 810 vehículos según la Fiscalía General del Estado; Plataforma México registra 6 mil 864. La variación es menor al 1 por ciento. Estadísticamente irrelevante. Es decir: el problema es real y está documentado.
Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de enero de 2026, el promedio diario de robo de vehículos ha sido de 18.7 unidades. Sí, está por debajo del máximo histórico de 28.3 registrado en 2011, pero está muy por encima de los 7.5 diarios que se registraban antes de la actual guerra. Este enero el promedio es de 19.9. Casi el triple. ¿Eso es “venir bajando”?
En Culiacán se concentra el 59 por ciento de los robos ocurridos en estos 500 días de disputa criminal. Mazatlán aporta el 18 por ciento y Ahome el 5. Entre los tres municipios suman el 82 por ciento del total estatal. Incluso municipios pequeños como Elota (4 por ciento) o Navolato (3 por ciento) reflejan que el fenómeno no distingue tamaño ni geografía.
La evidencia no sólo está en las bases de datos. Está en los videos que circulan en redes: una mujer despojada de su vehículo en el estacionamiento de un supermercado por jóvenes encapuchados armados; conductores perseguidos y baleados por resistirse a perder el carro que pagaron a plazos durante años. No es sólo un delito patrimonial. Como señaló Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, es una agresión física y un trauma psicológico seguro.
El Gobierno del Estado ha afirmado que el delito viene a la baja y que se recuperan muchos vehículos. Lo segundo es parcialmente cierto: en 2025 se recuperaron 5 mil 643 unidades, alrededor del 60 por ciento del total robado. Operativos recientes han asegurado decenas de vehículos en predios de Quilá, Eldorado y otros puntos. Cinco de ellos incluso con reporte de robo en Estados Unidos. Eso habla de redes organizadas, de deshuesaderos clandestinos y de un mercado ilegal bien estructurado.
Pero la recuperación no equivale a justicia. La mayoría de esos aseguramientos no derivan en detenciones. No sabemos cuántos responsables han sido vinculados a proceso. Y ahí aparece la palabra que explica buena parte del problema no nomás de Sinaloa, sino de todo México: impunidad. Según Hallazgos de México Evalúa, en 2023 la impunidad general en Sinaloa era de 93.98 por ciento. En robo de vehículo, de acuerdo con el CESP, alcanza 99.38 por ciento. Es decir, prácticamente nadie paga por este delito.
Enero de 2026 proyecta cerrar con 617 robos, lo que lo convertiría en el cuarto mes más alto desde que inició la disputa. La tasa actual es de 240.6 denuncias por cada 100 mil habitantes, la cuarta más alta en la historia del estado. No parece una tendencia descendente; parece una estabilidad en niveles alarmantes.
El robo de autos ya no es sólo un efecto colateral de la violencia. Es un negocio del crimen organizado: autopartes, papeles falsificados, números de serie clonados. Si las autoridades han logrado desmantelar redes de videovigilancia clandestina o casas de apuestas ilegales, ¿por qué no aplicar la misma estrategia sistemática aquí?
Culiacán tiene puntos estratégicos evidentes: los puentes que cruzan los ríos, y claro, las principales salidas y accesos. Otros estados, como Morelos, han instalado arcos de reconocimiento facial y lector de placas con resultados positivos. Si no hay suficientes casetas de proximidad entre policía y ciudadanos, que la tecnología supla la ausencia. La movilidad es libertad. Perderla es perder algo más que un automóvil.
Aldous Huxley advertía que el mayor peligro no es la opresión evidente, sino la que aprendemos a tolerar sin protestar. Si estas cifras no nos indignan, si 19 robos diarios ya no nos sorprenden, entonces el problema no es sólo de seguridad: es de resignación colectiva.
La pregunta no es si podemos reducir este delito. La pregunta es si estamos dispuestos a asumirlo como prioridad. Porque mientras el robo de vehículos siga siendo estadística y no urgencia, seguirá siendo negocio para el crimen y pesadilla para la sociedad.