El derecho humano a migrar no conoce de fronteras
El pasado 30 de julio, distintos grupos defensores de los derechos de personas migrantes reportaron el fallecimiento en Estados Unidos de Priciliano Trejo, un joven mexicano de 29 años, tras haber estado semanas detenido en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Con él, ya suman al menos 19 connacionales que han perdido la vida bajo custodia de esta corporación; hechos totalmente condenables que mantienen en atención a la comunidad internacional y a la sociedad en nuestro país.
Al respecto, las autoridades mexicanas han actuado de manera contundente en aras de proteger los derechos de las y los mexicanos en el vecino país del norte. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó distintas denuncias ante tribunales estadounidenses en contra de ICE; e incluso se han pronunciado en diversos actos protocolarios a favor de la protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos como un “asunto prioritario” para la administración actual.
Los homicidios de personas migrantes en Estados Unidos por parte de fuerzas de seguridad han despertado alertas y motivado el pronunciamiento de la sociedad civil y de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) hizo un llamado a que las investigaciones sobre estos casos se realicen de manera pronta, independiente, imparcial y efectiva; respetando el debido proceso y determinando las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Es de destacar, que en este marco la CIDH ha llamado a que las corporaciones policiacas se rijan con respeto a los derechos humanos, particularmente por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad en cuanto al uso de la fuerza. Esto es un tema no menor en el contexto actual, tanto a nivel mundial, donde hemos atestiguado en estos días la crítica situación en Ceuta, España con la llegada de miles de personas migrantes provenientes de Marruecos; como por lo que ocurre en México, donde las personas en situación de movilidad enfrentan serios riesgos, entre amenazas del crimen organizado y una política migratoria hostil. Hablamos entonces de una crisis humanitaria que interpela a todos los gobiernos a actuar de manera consecuente con el respeto y garantía de los derechos humanos.
La demanda de seguridad para personas en contextos de movilidad enarbolada por el gobierno mexicano, entonces, debe garantizarse en ambos lados de la frontera. En nuestro país se han documentado en repetidas ocasiones agresiones físicas, verbales y abusos de autoridad cometidos por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de autoridades castrenses como la Guardia Nacional en contra de personas en movilidad. Recién el pasado 2 de agosto se reportó que un grupo de migrantes venezolanos y cubanos deportados desde Estados Unidos, iniciaron el amotinamiento en el interior la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, tras ser víctimas de agresiones y al no permitirles salir del espacio ni buscar un retorno seguro a sus países. En mayo, también, el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, entre otras organizaciones presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que investigue diversos operativos realizados en la Ciudad de México por agentes migratorios del INM, incluso contra repartidores de plataformas digitales de distintas nacionalidades, que han sido trasladados de manera forzada a distintas entidades de la República.
Mientras que organizaciones como Data Cívica han señalado que las Fuerzas Armadas registran más incidentes de violencia que las autoridades civiles en contextos de detenciones. Una muestra más que el mayor despliegue del poder militar en tareas migratorias, lejos de contener el fenómeno o fortalecer la seguridad en la frontera, representa un riesgo de incremento de violaciones de derechos humanos contra personas migrantes. Sumado a los reportes de desaparición de migrantes en nuestro país, entre algunos casos, se encuentran tres eventos de desaparición masiva de al menos 83 personas migrantes en Chiapas.
Frente a las terribles agresiones letales de mexicanos en Estados Unidos y frente a una política altamente estigmatizante y criminalizante promovida por el gobierno del presidente Donald Trump y puesta en marcha con particular brutalidad por ICE, se ha reactivado el debate de construir una reforma migratoria integral que combine seguridad fronteriza con mecanismos efectivos de protección a los derechos humanos. Para ello, es primordial que, de la mano de exigir investigación a agentes extranjeros, así como rendición de cuentas y control de uso de la fuerza de ICE, el Estado mexicano debe actuar en consecuencia y adoptar también políticas que protejan a quienes transitan o llegan a nuestro país.
Una primera e ineludible tarea, por ejemplo, es que se implementen controles efectivos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y autoridades civiles que realizan tareas migratorias en México, para asegurar que se respete el derecho humano a migrar sin vulnerar la integridad y la vida de quienes lo ejercen. El respeto a los derechos de las personas en movilidad es una obligación que no tiene fronteras.