El Estado Mexicano ante la violencia contra los operadores de justicia

La toma de protesta de las personas juzgadoras electas, y la entrada en vigor de la nueva composición y estructura orgánica de los poderes judiciales, inició una etapa más en el sistema de justicia mexicano. El impacto de este modelo sobre la accesibilidad, efectividad y calidad de la justicia apenas está por verse. Sin embargo, las expectativas son bajas. La reforma no fue integral, no incluyó aspectos procesales ni a todas las instituciones de justicia, y particularmente omitió a las fiscalías.

Cabe referir que, para toda política pública, existen condiciones institucionales que son determinantes para obtener los resultados esperados. Una de ellas tiene que ver con las condiciones para que el personal realice sus funciones correctamente. En el ámbito judicial, se requieren garantías para que las personas juzgadoras y, en general, el personal operador (actuarios, secretarios, proyectistas), puedan actuar sin presiones externas ni influencias indebidas, como pueden ser actos que atenten contra su integridad física.

En México, en los últimos años, se ha observado un ambiente de violencia hacia el personal operativo del Poder Judicial que vulnera su independencia y su labor como garante de la ley y los derechos humanos. Actores muy diversos como otros poderes del Estado, grupos de poder político y/o económico, y las partes que intervienen en un proceso jurídico, entre otros, han intentado vulnerar al personal judicial y, por tanto, a la propia institución de impartición de justicia.

En un estudio publicado por México Evalúa (2024), se detectaron algunos casos de ataques a personas juzgadoras que evidencian esta situación. Por ejemplo, en 2020 fue asesinado un juez federal y, en 2022, un juez del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. En ambos casos, se dieron versiones que permiten pensar que sus homicidios estuvieron relacionados con casos en los que estaban trabajando. En 2023 se registraron otros ataques como la detención arbitraria de una jueza estatal de Veracruz y el homicidio de Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, quien fue un importante defensor de los derechos de la población LGBTQ+. En total, se identificaron seis casos de muertes de personal actuario y 15 de personas juzgadoras entre 2012 y 2023 a nivel estatal, además de dos personas juzgadoras a nivel federal.

En este mismo estudio se analizaron los registros oficiales de los poderes judiciales en este tema. Se encontró que solo el Poder Judicial de la Federación y del Estado de México tienen registros oficiales sobre casos reportados de ataques a su personal. A nivel federal, se reportaron 20 casos de agresiones y/o amenazas a la integridad física entre 2015 y 2022. En el Estado de México, el registro de agresiones contra personal judicial se implementó a partir de 2022, año en el cual se reportaron 11 casos de solicitud de medidas de protección por agresiones al personal judicial.

Además, como parte del estudio se aplicó una encuesta dirigida al personal judicial del ámbito federal y estatal que arrojó resultados que contrastan con la escasa información oficial. De las personas juzgadoras que respondieron la encuesta, una de cada cinco (21%) reportaron haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad corporal o a su vida durante los últimos diez años (2012 – 2022), mientras que más de la mitad (52%) de las personas actuarias respondieron en este sentido. Sin embargo, sólo el 39% de las personas juzgadoras y el 29% de las actuarias que fueron víctimas de un ataque declararon haber reportado formalmente ante el poder judicial. Otro dato revelador, es que el 55% del personal juzgador y 66% del personal actuario encuestado considera que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para ejercer su labor. Si bien la encuesta no es representativa, da cuenta de la problemática existente.

En la actualidad existen referentes internacionales que establecen estándares para garantizar que las personas juzgadoras puedan ejercer sus funciones sin riesgos sobre su integridad física. Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce que la protección de la vida e integridad de las personas operadoras de justicia es una obligación del Estado que deriva de los derechos reconocidos para todas las personas que habitan en el continente americano. En el mismo sentido, los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas establecen que el Estado debe garantizar la seguridad de las personas juzgadoras durante el ejercicio de sus funciones.

En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará el 9 de marzo, dentro de su 195° periodo de sesiones en la ciudad de Guatemala, una audiencia para recibir informaciones sobre violencia y agresiones a operadores de los sistemas de justicia en Latinoamérica. En esta audiencia se presentará a los integrantes de la Comisión información actualizada sobre los avances y desafíos en la estabilidad de los cargos de las personas operadoras de justicia, las condiciones laborales y las garantías de seguridad. En esta audiencia participarán diversas organizaciones civiles y asociaciones de personas juzgadoras de distintos países de la región, así como la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La representación de México estará a cargo de miembros de la Red por la Independencia Judicial que presentarán la situación de violencia y presiones que de forma cotidiana viven jueces federales y estatales, en el contexto de que la selección de jueces por voto popular los expone a más riesgos de violencia, presiones y cooptación política (e incluso criminal). También se espera la representación del Estado Mexicano para dar respuesta a los señalamientos que se hacen por parte de organizaciones que presentan la problemática. Estamos al pendiente de lo que respondan las autoridades ante esta situación.

Más allá de los resultados de estas audiencias, es indispensable que el Estado Mexicano en su conjunto garantice las condiciones para que las personas juzgadoras puedan realizar su función libre de presiones o injerencias externas, incluídos los ataques a su integridad física o reputacional. No hacerlo es debilitar aún más la independencia del poder judicial, con las consecuencias negativas que esto tiene para la impartición de justicia y democracia en nuestro país.

* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.