El Gobernador de carne y hueso
Narcoguerra y el Rocha humano

A la permanente preocupación que ha mostrado el Gobernador Rubén Rocha Moya por la evolución de la salud del Diputado Sergio Torres Félix y de la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda, atacados por civiles armados en Culiacán el 28 de enero, debe enmarcársele en la oportuna reflexión en la cual el día de los hechos la Legisladora María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, consideró que en momentos complicados para las víctimas y sus familias “estamos hermanados independientemente de los colores partidistas”.

Acostumbrados en Sinaloa a políticos indolentes que a la vida de cada inocente arrebatada por la barbarie al tejido social le asignaron un número y luego lo abandonaron en carpetas de investigación predestinadas a la impunidad, habíamos olvidado que el estadista ofrece solidaridad y justicia cuando los criminales asestan pérdidas irremediables. El ejercicio del poder legítimo no es la esquela tardía ni la rebuscada frase de ocasión; es la posibilidad de que el gobernante de carne y hueso sea y actúe sensible frente al dolor humano.

Muy recientemente, a raíz del suceso que también en la capital de Sinaloa le quitó la vida al joven Fernando Alan y cuya muerte posiblemente la ocasionaron elementos de fuerza pública federal, Rocha Moya se puso a la cabeza del reclamo familiar para que fueran investigados y castigados los militares si se les halla culpables del homicidio, hasta que el Mandatario, la presión social y el padre de la víctima lograron que la Fiscalía General de la República iniciara la correspondiente indagatoria contra cuatro miembros del Ejército.

Ayer mismo, pese a la lamentable pérdida familiar que le significa el fallecimiento de su hermana Consuelo, a los pocos días del deceso de otro hermano, Antonio, el Gobernador se mantuvo al pendiente de los operativos para rescatar a diez trabajadores de una mina de Concordia privados de la libertad por un grupo armado el 23 de enero, logrando que la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenara el despliegue de búsqueda con 800 efectivos del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales, así como tres helicópteros artillados y dos aviones TC6 Texan.

Esos asomos evidentes del guía ciudadano que emerge aun en los persistentes intentos criminales por someter al Estado deben prevalecer como inspiración al pueblo que lucha tenaz sin tregua ni cuartel contra el sometimiento y la anarquía. La resistencia cívica en las trincheras de la legalidad y civilidad resultará proporcionalmente victoriosa siempre y cuando quien lleva el timón de Sinaloa evite con mano firme el viraje hacia el colapso institucional que asedia.

Así necesita Sinaloa a su Gobernador en la crisis de la seguridad pública porque, en efecto, por cada persona u hogar golpeado por la feroz guerra que avanza a los 17 meses del enfrentamientos entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y los de Ismael Zambada García, la situación de inocentes inmolados por el crimen nos lleva a todos al crisol donde miedo, luto y esperanza logra la indistinta fusión de víctimas. Ya estando allí creeremos que el reto es adaptarnos a las atrocidades cuando en realidad se trata de reimplantar el humanismo.

En los casos de Sergio Torres y Elizabeth Montoya, el Gobernador se refrenda directamente intranquilo por el golpe de la delincuencia dirigido contra la sociedad entera al tratarse los agredidos de representantes populares. Bien podría poner al frente de la supervisión clínica al Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, o la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, pero es el mismo Jefe del Ejecutivo estatal el que está atento a los esfuerzos médicos para sacar adelante en las mejores condiciones a los asambleítas de Movimiento Ciudadano.

Fobia y filias aparte, y sin interferir los apetitos políticos adelantados a la coyuntura legal, los sinaloenses necesitamos el liderazgo de Rubén Rocha así como al Gobernador le es indispensable el fortalecimiento de la alianza social cuando la pugna en el Cártel de Sinaloa transmuta del cobro de afrentas internas a la embestida contra instituciones y quienes forman parte de éstas. En la ruta rumbo al año y medio de narcoguerra nadie tendría dudas de que divididos y con apuestas a mayor ingobernabilidad avanzaríamos hacia peores estadios de salvajismo en que la paz será cada vez más utopía.

Al golpearnos duro la crueldad,

algo de la violencia mitiga,

ver de cerca la mano amiga,

de la Ley y de la autoridad.

Cuando el 6 de julio de 2012 agentes de la entonces Policía Ministerial del Estado dispararon contra niños que se dirigían a jugar futbol a bordo de una camioneta en el poblado de Estación Bamoa, Guasave, tres pequeños resultaron heridos pero el principal daño lo recibió Luis Alfonso Castillo, de 13 años de edad, al quedar con secuelas de por vida. Mario López Valdez, quien era Gobernador, gestionó con el Congreso del Estado que al menor se le otorgará pensión vitalicia de 20 mil pesos mensuales. Todo bien hasta que esa ayuda se convirtió en otro placebo político con los cuales el Gobierno se burla siempre de las víctimas de la violencia. Las incumplidas ayuda económica, atención médica, acción legislativa y justicia contra los agresores fueron como agua encapsulada queriendo curar el cáncer.