El hoyo negro de la supervisión policial operativa y las desapariciones forzadas (parte 1)

Corría el año 2012 cuando reunimos en México a más de 40 personas líderes en la investigación y promoción de la reforma policial democrática, provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua. La amplia delegación mexicana incluyó académicos, activistas y personas con larga experiencia en operación policial.

De aquel encuentro surgió el que quizá sea hasta hoy el único Instrumento Pedagógico para la Reforma Policial Democrática en México, disponible en línea (InsYde, 2012). Desde Estados Unidos nos acompañó David Bayley, el ya finado investigador que podría ser, hasta la fecha, quien más ha producido conocimiento comparado internacional en esta materia. En el documento citado se lee:

“En cierta medida, las instituciones policiales se autogobiernan; tienen sus propios controles... Dentro de las instituciones de seguridad existen delitos cometidos por los propios agentes en la persecución del crimen, por ejemplo, tortura, incomunicación, desaparición, robo, etc. También hay delitos realizados por autoridades -en activo o inactivo- que no tienen que ver con sus funciones sino con un negocio propio. En ocasiones, los policías identifican estos problemas en la institución, pero callan por temor a perder su empleo o, en el otro extremo, deciden participar en estas prácticas” (p. 4).

“La falta de rendición de cuentas y de flujo de información dentro de las instituciones de seguridad restringe las actividades en algunos casos, ya que la información operativa es segmentada entre grupos o niveles jerárquicos sin que exista una comunicación adecuada, donde el aprendizaje institucional sea la base para la toma de decisiones desde ‘arriba’ -en la oficina- hasta ‘abajo’ -en la calle. La escasa comunicación de las instituciones de seguridad hacia la población impide evaluar la efectividad de las actividades realizadas por los policías. Esto provoca que el ciudadano no cuente con insumos suficientes para una evaluación imparcial, acorde con los desafíos y logros de las policías del País. Las instituciones de seguridad han contado, a lo largo de su historia, con el monopolio de la información sobre sus actividades, investigaciones y desempeño. Ante la falta de datos, ni especialistas ni ciudadanos tienen certeza sobre las acciones llevadas a cabo, ni conocen bajo qué criterios se realizan. Cada vez son más frecuentes los argumentos de las instituciones de seguridad en torno a la negativa de otorgar información. En su mayoría alegan criterios de seguridad nacional, argumento que no logran sostener bajo los parámetros de la legislación sobre acceso a la información”.

No recuerdo cuántas preguntas le hice a Bayley durante nuestras conversaciones privadas en aquella visita, pero tengo muy presente el momento en que me confirmó uno de los que él llamaba principales mitos de la Policía: “Es falso que los responsables de la Policía saben lo que ésta hace en la calle”.

Le pregunté y repregunté de varias maneras para asegurarme de haber comprendido bien. Nunca dudó. (Para dimensionar la base de conocimiento del investigador estadounidense, recomiendo este informe de su autoría basado en la revisión de más de 500 fuentes: Police for the Future, NIJ, 1996).

Muchos años antes de aquel encuentro -cuando en 1990 comenzamos a hablar con policías en México- identificamos de inmediato el desdoblamiento: no es lo mismo lo que la policía dice que hace y lo que realmente hace. Y quienes primero lo reconocen son sus propios representantes. Desde entonces también detectamos correas de poder y cadenas de lealtad informales que, en ocasiones, confirman la tesis de Bayley: la información se desconecta entre los responsables de la Policía y los operadores de calle. Pero también sucede lo contrario: existen vasos comunicantes sólidos por los que fluye información destinada a ordenar o tolerar prácticas delictivas vinculadas a la extracción de rentas en la calle.

Quizá la promesa más importante incumplida de la institución policial sea su autocontrol y el control externo sobre sus operaciones, en acatamiento de sus mandatos formales. El fenómeno, tal como observó Bayley, se repite en todas partes. No por otra razón, un documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que he citado incontables veces, incluye la supervisión y el monitoreo durante las operaciones policiales como un componente esencial de la rendición de cuentas efectiva (UNODC, Manual de responsabilidad, supervisión e integridad policial).

Podemos afirmar, más allá de toda duda, que la supervisión operativa formal sobre las actividades en terreno de las policías uniformadas y de investigación es crónicamente débil. Puede considerarse un hoyo negro, porque la inmensa mayoría de lo que realizan durante su jornada laboral no se documenta en ninguna herramienta institucional. Se sabe poco, y así lo reconoce en este ejemplo la investigación científica proveniente de donde, se supone, la función policial tiene avanzada madurez institucional.

“Como agentes de primera línea, los patrulleros constituyen el núcleo de la labor policial. Sin embargo, aún se sabe poco sobre el trabajo específico y complejo de los patrulleros actuales y las características de sus turnos. A partir de datos del sistema de despacho asistido por computadora (CAD) de una muestra aleatoria de 60 turnos de patrulla, analizamos empíricamente las actividades de los patrulleros que trabajan en una agencia policial canadiense”. (Springer, 2022)

Dentro de las policías y fiscalías mexicanas esto se sabe muy bien. Las tensiones entre quienes buscan mejorar la supervisión y quienes se oponen a ello suelen derivar en disputas, incluso violentas, por el control formal o informal de la función policial.

Existe aquí una paradoja difícil de creer: decimos que la policía es la cara más visible del Estado y, sin embargo, sabemos casi nada de sus rutinas.

Continuará.