El Juicio de Amparo: un pilar que no debemos derrumbar

Hay figuras jurídicas que son como los cimientos: poco visibles, pero indispensables para que todo lo demás permanezca en pie. En México, el juicio de amparo es uno de esos pilares. Desde su creación en el Siglo 19 y su consolidación en la Constitución de 1917, ha sido el recurso ciudadano para frenar abusos de poder y garantizar que la autoridad nunca esté por encima de la ley.

Hoy, sin embargo, ese pilar enfrenta un riesgo real y muy preocupante. Las reformas publicadas en marzo y los ajustes presentados en septiembre de 2025 plantean cambios que, lejos de fortalecerlo, lo debilitan de manera preocupante. Desde Coparmex advertimos que modificar las reglas del amparo sin una reflexión profunda significaría retroceder décadas en materia de justicia, seguridad jurídica y sobre todo derechos ciudadanos.

Las propuestas reducen el alcance del juicio de amparo a quienes puedan demostrar una afectación directa, eliminando la posibilidad de presentarlo en defensa de un interés colectivo. Esto suena técnico, pero en la práctica significa que lo que hoy beneficia a toda la sociedad quedaría reducido a una batalla individual. Cada persona tendría que litigar sola, con mayores costos y menor certeza, mientras que los derechos colectivos quedarían huérfanos. Es como desarticular un escudo común para repartirlo en fragmentos, dejando a todos más vulnerables.

Otro cambio de gran impacto es la restricción a la suspensión de actos de autoridad. Ese recurso ha sido, históricamente, el salvavidas que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Sin él, decisiones de la autoridad podrían aplicarse de inmediato y sin control, incluso si más tarde se demostrara que eran ilegales o inconstitucionales. La justicia llegaría tarde, y como bien sabemos, justicia tardía no es justicia.

El interés legítimo, que ha permitido que la justicia se adapte a nuevas realidades sociales y económicas, también se vería recortado. Limitarlo equivale a cerrar la puerta a causas colectivas: desde la defensa de comunidades afectadas por una norma injusta hasta la protección de derechos empresariales que impactan a miles de empleos. Sería retroceder frente a la evolución constitucional y dejar a la ciudadanía en un callejón más estrecho.

Conscientes de la gravedad de estos riesgos, ayer los empresarios que integramos el Centro Empresarial de Sinaloa, hicimos llegar una carta a las tres senadurías de nuestro estado -Imelda Castro Castro, Enrique Inzunza Cázarez y Paloma Sánchez Ramos- para expresar la preocupación del sector productivo. En ella reconocimos el valor histórico del amparo como la mayor aportación de México al constitucionalismo mundial, pero también advertimos los riesgos concretos de la iniciativa: restricción de defensas efectivas, facultades discrecionales del SAT y la UIF, costos excesivos para litigar individualmente, inseguridad jurídica ante resoluciones ambiguas y un impacto económico y social que puede desalentar inversión y poner en riesgo empleos. Pedimos, con respeto pero con firmeza, que se abran espacios de diálogo más profundos y prolongados con los sectores productivos y sociales antes de aprobar esta reforma.

El tema no se agota ahí. En el ámbito tributario, las modificaciones al Código Fiscal de la Federación endurecen plazos, amplían facultades de suspensión de certificados y permiten la ejecución inmediata de créditos fiscales. En la práctica, esto puede convertirse en un mecanismo -de presión que afecte directamente a las empresas, complicando su operación y poniendo en riesgo empleos. El exceso de poder del fisco, sin un contrapeso judicial efectivo, amenaza la estabilidad de los negocios y, con ellos, de la economía nacional.

La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tampoco queda exenta de cuestionamientos. Los ajustes que incorporan evaluaciones de desempeño, métricas de ética y productividad, y la digitalización obligatoria podrían convertirse en instrumentos de presión política hacia los magistrados. La justicia debe modernizarse, sí, pero nunca a costa de la independencia judicial ni de la exclusión de quienes carecen de recursos tecnológicos para litigar en igualdad de condiciones.

Quizá uno de los puntos más delicados es la facultad que se otorgaría a la Consejería Jurídica del Ejecutivo para priorizar asuntos en la Suprema Corte. Con ello, el Poder Ejecutivo tendría la llave de la agenda judicial, debilitando la autonomía de los tribunales y erosionando la separación de poderes. La consecuencia sería clara: mayor incertidumbre jurídica, menor confianza en las instituciones y un golpe directo a la inversión y la generación de empleos.

Desde Coparmex nacional, hemos solicitado participar en las mesas de trabajo del Senado. No lo hacemos por capricho, sino por responsabilidad. Representamos a miles de empresas en todo el país que generan millones de empleos, pero también defendemos un principio que nos compete a todos: la seguridad jurídica. Pedimos un diálogo abierto, con la sociedad civil, la academia y los colegios de abogados, para garantizar que el amparo siga siendo lo que siempre fue: un derecho histórico, accesible y eficaz para todos los ciudadanos.

El juicio de amparo es mucho más que un recurso legal. Es la expresión práctica de que en México nadie está por encima de la Constitución. Debilitarlo sería riesgoso no para unos cuantos, sino para todos.

Si aspiramos a un país en paz, competitivo y justo, debemos cuidar este pilar con la misma firmeza con la que se defiende la libertad. Porque solo con instituciones sólidas, independientes y confiables podremos garantizar justicia, seguridad y oportunidades para quienes trabajan, emprenden y generan empleo. El futuro de México no se construye debilitando derechos, sino fortaleciéndolos.