El maltrato a los cubanos en México
La 4T no quiere demasiado a los cubanos que se encuentran fuera de la isla. Leonel Godoy, uno de los más sensatos portavoces de Morena, los trató hace poco de “gusanos”, un término que ni siquiera la dictadura isleña sigue utilizando. Se entiende: para el provincianismo morenista, los que salieron de Cuba son ricos, cobardes o derechosos que sólo sueñan con disfrutar de las mieles del imperialismo (junto con millones de mexicanos, entre otros). ¡Muera la gusanera!
Por otra parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que el de López Obrador y en alguna medida el de Peña Nieto, le ha hecho el trabajo sucio a Donald Trump, y a Washington en general, en materia migratoria. Peña envió tropas a la frontera sur en 2014 cuando se lo pidió Obama; AMLO aceptó ser tercer país seguro de facto; y Sheinbaum despachó a 10 mil efectivos militares a la frontera norte para impedir la salida de decenas de miles de migrantes ya presentes en territorio mexicano, y para desalentar a cientos de miles más que preparaban su viaje.
Por lo tanto, no debe sorprendernos que México adopte una actitud especialmente hostil, miserable y odiosa ante los 6 mil y pico de cubanos expulsados de Estados Unidos hacia nuestro País. La dictadura castrista no los acepta, según ellos porque poseen antecedentes penales; Washington suprimió hace tiempo la llamada excepción cubana; México los abomina. Los tres gobiernos no hallaron mejor manera de atender el desafío que convertir a nuestro País en el basurero donde avientan a la “escoria”. Así les decía Fidel a los llamados marielitos de 1980.
Todo esto lo afirma Human Rights Watch en su informe “Nos abandonan aquí a morir”, de 70 páginas, sobre las deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y otros nacionales de terceros países. Eran más de 13 mil hasta marzo de este año, y alrededor de 6 mil de origen cubano hasta el día de hoy. Según Human Rights Watch, “ni Estados Unidos ni México han hecho público el acuerdo o entendimiento en virtud del cual se están llevando a cabo estas deportaciones”.
Human Rights Watch denuncia y deplora las condiciones bajo las cuales los entrevistados fueron detenidos en Estados Unidos y trasladados a México. Pero subraya el terrible trato que reciben una vez ya reubicados: “Una vez en México, las vías para regularizar su estancia se limitan en gran medida a solicitar refugio. Diversos obstáculos dificultan considerablemente el acceso efectivo al sistema de refugio mexicano para las personas deportadas. Entre ellos figuran la falta de teléfonos o cuentas de correo electrónico, las demoras para obtener citas y dificultades prácticas para cumplir con los requisitos establecidos, como citas periódicas ante las autoridades”.
Aquí entra la responsabilidad del régimen de la 4T: “El Gobierno mexicano aceptó admitirlas sabiendo que Cuba se había negado a permitir su retorno. Las autoridades mexicanas no deberían ahora dejarlas en un limbo legal donde la única opción para regularizar su situación es solicitar y obtener refugio. Por el contrario, México debería, como mínimo, establecer una vía de acceso a la residencia permanente. La alternativa es condenar a muchos de los cubanos a un estado de limbo legal permanente con consecuencias graves para el ejercicio efectivo de sus derechos.”
El mal trato proviene de las leyes mexicanas, pero también de la manera en que las autoridades las aplican: “Las personas que inician una solicitud de refugio ante la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) deben permanecer en el estado donde la presentaron. En la práctica, esto deja a las personas deportadas atrapadas y sin apoyo en ciudades donde enfrentan altos riesgos en materia de seguridad y donde la presencia del crimen organizado es significativa. Tapachula es un conocido punto de tránsito migratorio donde las personas migrantes son frecuentemente objeto de extorsión, secuestro y trata de personas. Villahermosa ha registrado una escalada de violencia vinculada a disputas entre grupos del crimen organizado y se ha ubicado, en los últimos años, como uno de los estados con una de las tasas de homicidio más altas del País”.
En realidad, la situación ha empeorado en comparación con López Obrador. Él logró conseguir, en parte sigilosamente, algo de dinero de Estados Unidos vía Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados): 46 millones de dólares en 2023 y 50 millones de dólares en 2024; este dinero se canalizaba a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Los recortes en el apoyo de Washington a Acnur redujeron la capacidad de la Comar desde principios de 2025. En 2025, Estados Unidos solo contribuyó 8 millones de dólares. Acnur solía aportar más del doble de los recursos que el Gobierno destinó a la Comar.
Trump ha presionado a muchos países para que reciban a no-nacionales deportados, a lo cual ninguno está obligado legalmente. Entre ellos han figurado Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, junto con varias naciones africanas, como Eswatini, Ruanda, Sierra Leona, Uganda y Sudán del Sur (quizás el país más violento del mundo). México es el que más ha recibido, y el mayor porcentaje de los “nuestros” son cubanos. ¡Que puta vergüenza figurar en esta compañía!