El mar necesita presupuesto

Nuestros mares y costas son fundamentales para actividades como la pesca, la acuacultura, el turismo y el transporte. Sin embargo, el presupuesto público destinado para su protección continúa siendo insuficiente, y los programas que benefician a las comunidades costeras requieren una revisión profunda ante los crecientes riesgos climáticos que enfrentan.

Estas brechas afectan especialmente a las mujeres, cuya participación en la cadena de valor pesquera permanece invisibilizada y enfrenta mayores barreras para acceder a programas y recursos públicos. En nuestro País, el 58 por ciento de las mujeres pescadoras no tiene afiliación a servicios públicos de salud y sus ingresos son en promedio de 3 mil 490 pesos, menos de la mitad de lo que perciben los hombres en el mismo sector, según un diagnóstico realizado por la Secretaría de las Mujeres.

El análisis de 10 programas vinculados con mares y costas realizado por Environmental Defense Fund, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y Fundar evidencia importantes desafíos presupuestarios: la información territorial disponible es parcial e inconsistente; existen limitaciones para identificar la asignación de recursos a poblaciones en situación de desventaja; los programas dirigidos directamente a comunidades pesqueras, de restauración y Áreas Naturales Protegidas representan menos del 10 por ciento del presupuesto de 2026; y ocho de cada 10 programas carecen de perspectiva de género.

Estas condiciones dificultan atender desigualdades estructurales y garantizar una distribución equitativa de los recursos. La brecha de financiamiento total para el ámbito marino-costero asciende a 39 mil 024 millones de pesos -con déficits de 69 por ciento en el compromiso de Salud Oceánica y de 96.4 por ciento en Resiliencia Climática-, cifra que ilustra la magnitud del rezago en relación con las necesidades reales del sector.

Frente a los retos expuestos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 deja dudas sobre las capacidades financieras institucionales de las principales instituciones vinculadas al cuidado del mar. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca contempla 2 mil 483 millones de pesos. En tanto que, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) contaría con 477 millones. En conjunto, ambas instituciones sumarían 2 mil 960 millones de pesos, una cantidad insuficiente frente a los retos que enfrenta el sector marino-costero.

La Conapesca, a cargo de regular la actividad pesquera, combatir la pesca ilegal y vigilar el aprovechamiento de los recursos en más de 11 mil kilómetros de litoral, necesita recursos que hoy no tiene. La Cámara de Diputados tendría que revisar su asignación con el objetivo de recuperar las capacidades de inspección y vigilancia, financiar el mantenimiento de equipos y asegurar la presencia institucional en las regiones pesqueras. Bienpesca, programa principal de esta dependencia, ofrece un ingreso anual a personas pescadoras registradas, pero sus transferencias no sustituyen la vigilancia ni la regulación que corresponden al Estado.

Durante la negociación presupuestaria conviene transparentar esa distribución y garantizar que Conapesca disponga de recursos identificables para sus funciones permanentes y así garantizar recursos para la operatividad de la institución. Actualmente, solo hay 166 personas inspectoras en Conapesca, lo que corresponde a cinco personas por estado para garantizar el combate a la pesca ilegal y la protección de recursos marinos.

El IMIPAS tiene la encomienda de realizar investigación científica que tiene impacto en la pesca y la acuacultura; esta labor es cada vez más relevante ante los efectos del cambio climático debido a que modifican las condiciones de las pesquerías y se requiere adaptar las estrategias de manejo. Por ello, la Cámara de Diputados tendría que revisar el monto propuesto y respaldar el trabajo de campo y la investigación aplicada del Instituto.

La negociación del PEF 2027 es también una oportunidad para hacer más visible el gasto público destinado al océano. Junto con CIEP y EDF, proponemos que el Ejecutivo, de la mano del Legislativo, impulse un anexo transversal y una subfunción presupuestaria específica para el sector marino-costero. La institución que preside la Comisión Intersecretarial Para el Manejo Sustentable de Mares y Costas ya comenzó a etiquetar su presupuesto destinado a mares y costas, ejercicio que podría replicarse. Esas herramientas permitirían saber, con claridad, qué presupuesto financia la vigilancia pesquera, cuánto sostiene la investigación del IMIPAS y cuánto llega a las áreas naturales protegidas. Sin ese registro, las decisiones presupuestarias se toman a ciegas.

Fortalecer las políticas públicas para mares y costas implica cerrar las brechas presupuestarias, incluir un enfoque de derechos y género fundamentales para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, reconocer el papel de las mujeres y avanzar hacia la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y el bienestar económico del país.

Lo anterior tiene efectos directos en el ejercicio de derechos básicos como salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, así como en el acceso a empleos dignos y oportunidades productivas.

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Las autoras son Paulina Castaño, investigadora en el programa de Justicia Fiscal, y Anaid García, del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar México.