El monopolio ilícito de las vacunas contra el Covid-19
El Gobierno de México ha impulsado la distribución equitativa de vacunas contra el Covid-19 desde hace muchos meses. Antes que estuviera lista la primera vacuna contra la pandemia, nuestro país logró que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobara una resolución para tal fin. Ahora que ya existen un sinfín de vacunas, reclamó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el acaparamiento en la adquisición de ese bien por parte de 10 países.
Estados Unidos de América, China, Reino Unido, India, Israel, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Alemania y Rusia han aplicado el 82.2 por ciento de las dosis de vacunas que se han producido al momento. A esa lista de 10 países solo le siguen economías desarrolladas. Esta desproporción mundial se debe al poder adquisitivo de dichos países, quienes concentran el 60 por ciento del PIB mundial, pero sobre todo a su poder de influencia sobre las farmacéuticas que radican en esos mismos países. Por ejemplo, Pfizer y Moderna son de EUA; BioNTech alemana; Sinovac y Cansino chinas; Oxford-AstraZeneca de Reino Unido; Sputnik V rusa.
El acaparamiento de las vacunas por estos países atenta contra el derecho a la salud de la mayoría de la población del mundo, el cual está consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en un sinfín de convenios y declaraciones regionales o destinada a distintos grupos poblacionales en el mundo.
No obstante, este monopolio de facto de un grupo de países en la adquisición de la vacuna también violenta el derecho a la competencia y concurrencia económica, y principalmente, el de sus consumidores potenciales. El mercado de vacunas contra el Covid-19 ha surgido regulado por los estados, debido precisamente a que es un bien fundamental para la salud de las personas. Es decir, no es un mercado liberado para el consumo de particulares en el que la oferta y la demanda rija su funcionamiento.
Sin embargo, el poder que estos países tienen en el mercado de las vacunas ha provocado que a escala mundial se esté violando el principio por el cual las vacunas no están abiertas al mercado: la salud de las personas, como ya se dijo. La distribución y adquisición de este producto necesario está siendo concentrada entre las farmacéuticas y un grupo de estados, lo cual tendría que ser perseguido y suspendido por la autoridad antimonopolio de cualquier país o, en este caso, de los países en los que se están produciendo las vacunas. ¿Qué está haciendo la Federal Trade Commission de EUA; la Competition and Markets Authority del Reino Unido y la Dirección General de Competencia de la Unión Europea? Nada y lejos de ello, en enero la UE estableció un control en las exportaciones de vacunas de los laboratorios europeos para garantizar el abasto de ese continente. Este hecho afectó el envío de vacunas a distintos países, como México, que tenían programados envíos, mediante contratos incluso ya pagados.
La ONU poco puede hacer ya que no tiene mandato sobre los países, los países ordenan al organismo. No obstante, la Organización llamó a los estados a transparentar sus contratos con el mecanismo Covac, incluyendo los volúmenes, precios y fechas de entrega para evitar la discrecionalidad en el suministro de vacunas. Otro organismo internacional que brilla por su ausencia es la Organización Mundial de Comercio, tan celosa y escrupulosa para el libre cambio, pero no en este caso.
No queda más que presionar desde distintos frentes, como lo ha hecho el Gobierno de México. Qué útil sería que las autoridades antimonopolio de los países afectados por el trato desigual en la venta de vacunas hicieran un frente contra esta situación, esgrimiendo argumentos pro competencia y concurrencia económica. A veces es inevitable preguntarse ¿Qué hace la Comisión Federal de Competencia Económica?