El naufragio del INE: Taddei y Morena
Quizás ahora mismo muchos nos preguntemos cómo fue posible que el Instituto Nacional Electoral llegara a la situación que hoy enfrenta. Cómo una institución que durante décadas construyó confianza pública, que fue fundamental para la transición democrática y que se convirtió en referente internacional de profesionalismo electoral, terminó envuelta en señalamientos de corrupción que han precipitado la renuncia de su presidenta.
La respuesta no es sencilla. Sobre todo porque lo ocurrido no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso de deterioro institucional en el que confluyeron decisiones políticas, cambios legales y prácticas de conducción que fueron debilitando los equilibrios internos del Instituto.
Me parece importante comenzar a identificar algunas de sus causas. No son las únicas, pero ayudan a explicar cómo llegamos hasta aquí.
La independencia de una autoridad electoral comienza mucho antes de que sus integrantes asuman el cargo. Se construye desde los procedimientos utilizados para su designación, las condiciones en que se alcanzan los acuerdos y la capacidad de quienes son nombrados para ejercer sus responsabilidades sin compromisos partidistas.
Cuando las consejerías llegan precedidas de vínculos políticos o de acuerdos que generan dudas sobre su autonomía, la confianza institucional comienza a deteriorarse. No porque toda persona que tenga antecedentes políticos esté necesariamente impedida para actuar con independencia, sino porque la legitimidad de su desempeño exige demostrar que su compromiso es con la Constitución y no con quienes hicieron posible su nombramiento.
El problema se agrava cuando la independencia deja de ser una condición del ejercicio del cargo y se convierte apenas en una declaración discursiva. Entonces, la cercanía con el poder puede transformarse en subordinación y la lealtad política, en complicidad.
El INE fue concebido para funcionar mediante decisiones colectivas. Su Consejo General no es una estructura de acompañamiento de la presidencia, sino el órgano superior de dirección de la institución.
La colegialidad implica deliberación, contraste de argumentos, construcción de acuerdos y respeto a las diferencias. No exige unanimidad, pero sí disposición para escuchar y reconocer que ninguna persona es depositaria exclusiva de la razón institucional.
Durante los últimos años hemos observado un debilitamiento de esa práctica. Y no me refiero únicamente a las relaciones entre consejeras y consejeros. También a la interlocución con las representaciones de los partidos políticos, los organismos públicos locales electorales, las organizaciones ciudadanas, la academia y los medios de comunicación.
La autoridad electoral necesita construir confianza más allá de sus oficinas. Cuando se encierra en sí misma, confunde la independencia con el aislamiento y sustituye la deliberación por decisiones verticales comienza a perder una parte esencial de su legitimidad.
En octubre de 2024, una reforma a la legislación electoral otorgó a la presidencia del Instituto la facultad de designar directamente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, una atribución que anteriormente requería la aprobación colegiada del Consejo General.
El cambio no fue menor. Alteró uno de los mecanismos de equilibrio interno más importantes de la autoridad electoral.
En una institución cuya razón de ser es garantizar elecciones democráticas, resulta particularmente contradictorio debilitar los procedimientos colectivos para concentrar decisiones fundamentales en una sola persona.
La reforma amplió las facultades de la presidencia, pero no fortaleció de la misma manera los contrapesos necesarios para supervisar su ejercicio.
Conviene recordarlo porque las instituciones no solamente se debilitan cuando se incumplen las leyes. También pueden debilitarse mediante reformas legales que modifican el equilibrio entre sus órganos y reducen los espacios de control.
En 2023, la Cámara de Diputados fue incapaz de construir el consenso necesario para renovar cuatro integrantes del Consejo General del INE, incluida su presidencia. La falta de acuerdo condujo a un procedimiento de insaculación mediante el cual fueron designadas las nuevas consejerías.
El mecanismo fue legal. Pero la legalidad de una designación no resuelve, por sí sola, el problema de su legitimidad política.
Morena, como fuerza mayoritaria, tuvo una responsabilidad central en aquel proceso. En lugar de alcanzar un acuerdo amplio que fortaleciera la confianza en los nombramientos, se llegó a un desenlace que dejó cuestionamientos sobre la independencia de algunas de las personas seleccionadas.
Desde luego, cada consejería responde individualmente por sus decisiones. Pero quienes ejercen el poder político también deben asumir las consecuencias institucionales de los procedimientos de designación que promueven.
Esta es una lección que no podemos olvidar: una designación puede cumplir todos los requisitos legales y, sin embargo, carecer del consenso político y social indispensable para fortalecer a la institución.
El IFE, primero, y el INE, después, no construyeron su prestigio mediante discursos. Lo hicieron durante décadas, a través de reformas, acuerdos, procedimientos confiables y, sobre todo, del trabajo de miles de mujeres y hombres que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional.
Ese servicio es uno de los grandes activos institucionales de nuestro país. Su profesionalismo permitió que México desarrollara capacidades técnicas para organizar elecciones complejas, garantizar el ejercicio del voto y contribuir a que la competencia política se resolviera mediante procedimientos pacíficos.
Pero ninguna capacidad técnica es suficiente cuando se debilita la conducción institucional.
Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad no son adornos constitucionales. Son condiciones indispensables para que la ciudadanía reconozca la autoridad de las decisiones electorales.
Por eso, los señalamientos sobre posibles irregularidades en las contrataciones del INE resultan especialmente graves. Deberán investigarse con rigor, esclarecerse con pruebas y resolverse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. La salida de Guadalupe Taddei no sustituye esa obligación.
La autoridad encargada de exigir legalidad, transparencia y rendición de cuentas a los partidos políticos no puede permitirse estándares inferiores en su propio funcionamiento.
Y hay algo más que debemos tener presente: el daño no se limita a las personas involucradas. Cada vez que se pone en duda la integridad de una autoridad electoral, también se afecta la confianza en las elecciones que organiza y en las decisiones que adopta.
La renuncia anunciada por Guadalupe Taddei cierra una etapa de su conducción, pero de ninguna manera resuelve por sí misma los problemas que la hicieron posible.
Sería un error pensar que basta sustituir a una persona para recuperar la confianza pública. La reconstrucción exige revisar las reglas de designación, restablecer los equilibrios internos, reivindicar la colegialidad y garantizar que ninguna mayoría política pueda apropiarse de una institución que pertenece a toda la ciudadanía.
El INE no es patrimonio de sus consejeros, de su presidencia ni de partido político alguno. Es una institución del Estado mexicano cuya función trasciende a quienes temporalmente la dirigen.
Su importancia tampoco se reduce a contar votos. Su verdadera contribución es hacer posible que la disputa por el poder se procese mediante reglas compartidas y resultados reconocidos.
La democracia mexicana ha pagado demasiado por construir instituciones electorales confiables como para permitir que sus conquistas se diluyan entre intereses políticos, decisiones personales y responsabilidades que nadie quiere asumir.
Que la salida de una presidenta no se convierta en el cierre apresurado de una crisis que todavía exige explicaciones.
Porque el problema nunca fue solamente quién dirigía al INE, sino cómo fue posible debilitar los equilibrios que debían impedir que llegáramos hasta aquí.
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El autor es especialista en materia político-electoral, comunicación política e innovación.l