El presupuesto 2027: la oportunidad que México no puede desperdiciar

En los próximos días, la Secretaría de Hacienda entregará al Congreso el Paquete Económico 2027. Un documento técnico, denso, lleno de cifras y proyecciones que la mayoría de los mexicanos nunca leerá. Y, sin embargo, pocas decisiones afectarán más su vida cotidiana en los próximos años: qué tan seguras estarán sus calles, qué tan buenas serán las escuelas de sus hijos, si habrá agua en sus colonias, si habrá energía confiable para sus empresas, si habrá empleo para los que hoy buscan uno.

El presupuesto no es un trámite administrativo. Es la declaración más honesta de las prioridades de un gobierno. No lo que dice que hará, sino lo que decide financiar. Y por eso, la propuesta que llegue al Legislativo merece ser leída, debatida y exigida con la misma intensidad con que se discuten otros asuntos públicos.

Desde Coparmex, la posición es: el Paquete Económico 2027 debe ser una oportunidad real para dejar atrás la inercia presupuestaria y colocar el gasto público al servicio del crecimiento económico. Esa frase, inercia presupuestaria, merece un momento de atención. Significa seguir gastando por costumbre, por presión política, por compromisos contraídos sin evaluación, sin preguntarse si cada peso está generando valor para los mexicanos. Y en un país donde el déficit fiscal y el endeudamiento han crecido de manera preocupante, esa inercia ya no es un lujo que México pueda permitirse.

¿Cómo se sale de ahí? Con tres compromisos que deberían estar en el centro de cualquier propuesta responsable.

El primero es en materia de ingresos: no crear nuevos impuestos. La carga fiscal sobre quienes ya cumplen es suficientemente pesada. La solución no es agravar esa presión, sino recaudar mejor lo que la ley ya establece. Mayor eficiencia recaudatoria, combate frontal a la evasión y ampliación de la base de contribuyentes son los caminos que generan recursos sin asfixiar a la economía formal. Subir impuestos a los que ya pagan para financiar el gasto de quienes no contribuyen no es política fiscal: es un círculo vicioso que desincentiva la formalidad.

El segundo es en materia de gasto: evaluar, priorizar y eliminar lo que no funciona. No puede seguir destinándose recursos públicos de manera automática a programas y proyectos sin medir su impacto. Cada peso gastado debe responder a una necesidad concreta. Eso implica identificar y eliminar erogaciones de bajo impacto, acabar con duplicidades y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Un gobierno que no sabe en qué gasta no puede convencer a nadie de que merece más recursos.

Esta lógica debe alcanzar también a las empresas públicas del Estado. Pemex y CFE son estratégicas para México, eso nadie lo discute. Pero estratégico no significa que deban recibir recursos públicos de manera recurrente sin planes verificables de saneamiento, eficiencia y transparencia. Cada peso que se destina a cubrir sus necesidades financieras sin condiciones claras es un peso que no va a seguridad, a educación, a infraestructura o a agua. La sostenibilidad de estas empresas y la de las finanzas públicas no son objetivos separados: son parte del mismo problema.

El tercer compromiso es quizás el más urgente: liberar espacio presupuestal para la inversión que remueve obstáculos al crecimiento. México tiene cuellos de botella estructurales que frenan su potencial productivo. La inseguridad eleva los costos de hacer negocios. La deficiencia en salud y educación limita la productividad de los trabajadores. La falta de infraestructura logística, digital y de transporte encarece la producción y desincentiva la inversión. La escasez de agua y energía confiable se ha convertido en uno de los principales frenos para nuevos proyectos industriales, especialmente en el contexto del nearshoring.

Ninguna de esas deficiencias se resuelve sola. Todas requieren inversión pública consistente, bien orientada y con resultados medibles. Y esa inversión no puede llegar si el gasto corriente y los subsidios sin evaluación consumen todo el margen disponible.

En cuanto al endeudamiento, la posición de Coparmex es igualmente precisa: contratar deuda es válido cuando se destina a proyectos con rentabilidad económica o social comprobable. No cuando se usa para financiar de manera permanente el gasto corriente. México necesita recuperar margen de maniobra en sus finanzas públicas, y eso requiere que cualquier compromiso adicional de deuda tenga un propósito definido, resultados medibles y límites claros que no pongan en riesgo la estabilidad económica del país. Deuda que construye es inversión. Deuda que sostiene el gasto diario es una hipoteca sobre el futuro.

El momento exige claridad y valentía. México atraviesa una coyuntura compleja: negociaciones comerciales con Estados Unidos en el marco de la revisión del T-MEC, presiones inflacionarias globales, incertidumbre en los mercados financieros, y una necesidad urgente de señales que restauren la confianza de los inversionistas. El Paquete Económico 2027 es una de esas señales. Puede ser la que diga que México tiene un rumbo, que sus finanzas son predecibles y que el Estado tiene claro en qué invierte y por qué. O puede ser otra entrega de inercias disfrazadas de números.

La diferencia entre un presupuesto que genera certidumbre y uno que la destruye no siempre está en el monto total del gasto. Está en las prioridades, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se financia, y en la honestidad de reconocer que los recursos públicos son limitados y que gastarlos bien es una obligación, no una opción.

Los mexicanos merecen un presupuesto que trabaje para ellos. No al revés.