El reclamo de Sinaloa al Ejército
Los generales en la narcoguerra
A más de dos años de permanecer sus tropas en Sinaloa, para los generales del Ejército se convirtió en asunto de honor o descrédito el cumplimiento de la misión que les asignó la Presidenta Claudia Sheinbaum al enviarlos como respuesta del Estado frente a los grupos del narcotráfico en guerra interna. Les ha costado trabajo restablecer las garantías constitucionales y en sus tropas se nota el cansancio por días y noches en la estrategia de persuasión que tarda en significar pacificación.
Los tres jefes castrenses de alto rango, que son el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el Comandante de la Novena Zona Militar, Julio César Islas Sánchez, y el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Sinuhé Téllez López, deben sentirse insatisfechos, igual que los soldados rasos y de jerarquía intermedia, porque tan fuerte despliegue de sus efectivos impone respeto, da la sensación de protección en la población, pero la incidencia delictiva permanece.
Sin ánimo de plantear la desmilitarización sí subyace la intención del balance pertinente porque la Sedena es la institución que presenta la principal presencia de recursos humanos y técnicos en Sinaloa y a ésta se dirigen con superior recurrencia los reclamos respecto a la dilación en la sujeción de la delincuencia vertebrada. Con alrededor de 14 mil elementos destacamentados aquí, unos mil de fuerzas élite, le toca asumir una buena parte de los saldos de 4 mil homicidios dolosos, 4 mil 500 desapariciones forzadas, más de 3 mil familias desplazadas por la violencia y afectaciones al patrimonio familiar y empresarial.
Se trata de tres generales a los que Palacio Nacional determinó como los más capaces para frenar el avance de la delincuencia que colisiona en el Cártel de Sinaloa después de que el único factor de equilibrio y orden de la organización criminal, Ismael Zambada García, fue emboscado para secuestrarlo y llevarlo a la fuerza ante la justicia de Estados Unidos. Y del conflicto que Inteligencia Militar había previsto si ocurría la ausencia del capo considerado por la Sedena, Gobierno federal y los gobernadores en turno del estado, como fiel de la balanza generador de pax narca.
Entonces estamos presenciando el cumplimiento de la advertencia que hicieron organismos nacionales e internacionales en el contexto de la militarización de la seguridad pública que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador implementó en 2019. El Ejército Mexicano tiene otros fines supremos, como la defensa de la soberanía nacional y combate al narcotráfico, sin que sea su tarea suplantar a las corporaciones civiles en la prevención y eliminación de la violencia.
Ver a los soldados patrullar las calles de las ciudades, los caminos en comunidades rurales y las carreteras que interconectan a éstas se volvió parte del paisaje cotidiano y hasta causó empatía en la ciudadanía que en algunos casos los proveyó de agua y comida como gesto de aceptación del efecto protector que inspira el verde olivo. Aunque también al sentir que la acometida feroz del crimen no cede, la gente cuestiona la eficacia del poder castrense ante la narcoguerra.
La opinión pública ha recreado la idea de que en operaciones certeras y quirúrgicas contra las cabezas y ramificaciones del narcotráfico la Marina Armada reporta mejores resultados. Y según se difunde en los boletines de prensa que informan de exitosas detenciones o aseguramientos, los elementos de la Semar van a lo que van y obtienen lo que se proponen, a la vez que los despliegues de la Sedena parecen destinados a inducir miedo en los malandros y tranquilidad en la sociedad.
Podría justificar en defensa propia la Sedena, que Sinaloa no cuenta con la fuerza pública suficiente y eficiente para proteger a los ciudadanos contra las potentes corporaciones del narcotráfico. Tiene razón, y por lo tanto es totalmente inviable que alguien solicite el retiro del escudo militar porque equivale a algo así como apuntarse a sí misma la sociedad con la escopeta que es la narcoguerra.
No hay alguien que esté en posibilidad de proponer la desmilitarización, pero existe toda una colectividad sacando cuentas de para qué han sido útiles los convoyes del Ejército que llegan a Sinaloa desde hace 25 meses. Extraviada la noción de lo que somos en medio de tantos fuegos cruzados, ni siquiera podríamos distinguir de cuál frente de la narcoguerra saldrán los victoriosos.
Al menos un ¡gracias! haya,
Para nuestros militares,
Que con iguales pesares,
Aquí libran sus batallas.
A toro pasado, porque la capacidad de asombro recibe retos asiduos cuando se cree que ya nada puede superar la estupefacción fusionada propia de la narcoguerra, en la conversación pública flota la duda de por qué tratándose de la prisión de El Castillo las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad Pública estatal no instrumentaron operativos a la altura de la bomba de tiempo que significa el centro penitenciario por el cruce de beligerancias entre células criminales que trasladaron sus centros de operaciones a Mazatlán. Los enormes recursos bélicos a disposición de reos, que en dos días mantuvieron la riña que dejó 12 muertos, acusan el tamaño de las negligencias y complicidades.