El régimen fiscal que las Mipymes siguen esperando

Cuando presenté ante el Congreso la iniciativa para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de estímulos fiscales, lo hice con un diagnóstico que hoy, meses después, resulta difícil de rebatir: el sistema tributario mexicano sigue sin distinguir entre la empresa que sobrevive y la que intenta crecer. Mi propuesta buscaba abrir un capítulo específico de incentivos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas en un momento en que el paquete económico del gobierno federal para 2026 no contemplaba ningún estímulo en materia de ISR o IVA para los emprendedores.

Visto desde julio de 2026, mi planteamiento fue una advertencia temprana. La fotografía actual de las Mipymes confirma mis temores: más de 67 de cada 100 operan todavía en la informalidad, apenas una de cada cuatro accede a crédito formal y la carga fiscal, lejos de aliviarse, se intensificó. La retención del 10.5 por ciento sobre ventas en plataformas digitales y los ajustes al IEPS aprobados en el paquete económico golpearon precisamente a las empresas que habían encontrado en el comercio electrónico una vía de escape frente al estancamiento. A ello se suma un aumento al salario mínimo y una reducción de la jornada laboral que, siendo deseables en términos sociales, representan un costo operativo que muchas unidades económicas de menor tamaño no tienen margen para absorber sin apoyo fiscal compensatorio.

Insistí en remarcar que un régimen fiscal parejo entre quien retira utilidades para consumo y quien reinvierte en su empresa castiga precisamente al que apuesta por crecer. El problema de fondo es tanto ideológico como estructural. El régimen fiscal mexicano exige madurez tributaria a negocios que todavía no alcanzan su punto de equilibrio y ese desfase entre la exigencia fiscal y la capacidad real de pago sigue siendo, meses después de que se planteara el debate, la principal barrera de entrada a la formalidad.

Lo que distingue a mi posición es el énfasis de que el problema no se resuelve con subsidios directos ni con condonaciones discrecionales, sino con reglas de permanencia: estabilidad fiscal por periodos definidos, créditos acreditables contra el impuesto causado y comprobables ante el SAT, así como una arquitectura que no dependa de la voluntad presupuestal de cada ejercicio. Es una lógica más cercana a la de un régimen de maduración empresarial -similar a esquemas que ya operan en el Reino Unido, Chile o España- que a la política de apoyos sexenales que históricamente ha caracterizado el trato del Estado mexicano hacia este sector.

El riesgo, a estas alturas del año legislativo, es que la iniciativa se diluya en el mismo destino que enfrentan la mayoría de las propuestas turnadas a la Comisión de Hacienda: el dictamen que nunca llega. Con la revisión obligatoria del T-MEC en curso y la incertidumbre arancelaria pesando sobre las cadenas de proveeduría donde participan miles de Mipymes mexicanas, la ventana para dotar de certeza fiscal a este sector se estrecha. Mi diagnóstico sigue vigente: lo que falta es la voluntad política para convertirlo en ley antes de que la coyuntura vuelva a rebasar al Congreso.

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El autor es abogado y Diputado federal.