El Registro Nacional de Incidencia Delictiva: dudar para evaluar

En semanas recientes, las estadísticas delictivas en México han generado un debate intenso entre quienes se dedican a su análisis. Por un lado, hay voces que consideran que la duda constante frente a los logros anunciados por el gobierno federal responde a un “sospechosismo” infundado, incluso insensible.

Desde esta perspectiva, no solo se omite reconocer la disminución sostenida en los registros de personas víctimas de homicidio, sino que además se formulan correlaciones que pueden resultar imprecisas o injustas hacia las autoridades.

Un ejemplo de ello es la suspicacia en torno a la precisión de los registros sobre personas desaparecidas que eventualmente fueron asesinadas o localizadas en fosas clandestinas.

Quienes defienden la posición oficial argumentan que se exige a la autoridad reportar hechos que, por su propia naturaleza, desconoce: el número real de personas desaparecidas que fueron víctimas de homicidio o el total de cuerpos hallados en contextos de violencia.

Además, señalan que los posibles subregistros no necesariamente obedecen a una intención deliberada, sino a las limitaciones operativas y a la carga de trabajo de las fiscalías en todo el país.

Por otro lado, quienes observan con mayor detenimiento las cifras oficiales de seguridad sostienen que la duda no surge del capricho, sino de la opacidad que aún caracteriza a buena parte de la información en materia de seguridad pública.

En particular, llaman la atención sobre el comportamiento de ciertas categorías estadísticas que, en principio, deberían tener un carácter residual. Tal es el caso del rubro de víctimas registradas por “otros delitos”, ya sea contra la vida, la libertad o la sociedad.

Para algunos analistas, este apartado puede convertirse en un espacio ambiguo donde terminan concentrándose registros que, en realidad, podrían corresponder a delitos de mayor gravedad como el homicidio, el secuestro o la trata de personas.

A ello se suma la hipótesis de que el incremento en el número de personas desaparecidas resulta atípico en determinadas entidades federativas, sobre todo cuando este registro supera al de víctimas de homicidio.

La posible relación entre ambos fenómenos no es una afirmación concluyente ni generalizable, pero tampoco puede descartarse sin mayor análisis. Existen antecedentes documentados en los que grupos delictivos han recurrido a la desaparición de cuerpos como estrategia para evadir la acción de la justicia y, al mismo tiempo, reducir la visibilidad estadística de la violencia.

En este contexto, la discusión requiere matices y evidencia, más que descalificaciones.

Desde la perspectiva del debate público, ambas posturas cumplen una función necesaria. La discusión informada es un componente esencial de cualquier sistema democrático, particularmente cuando se trata de evaluar políticas públicas de seguridad que inciden directamente en la vida y la seguridad de las personas.

En este sentido, resulta pertinente recordar la llamada duda metódica planteada por René Descartes: cuestionar de manera sistemática es, paradójicamente, una forma de acercarse a la certeza.

Aplicado al ámbito de la seguridad en México, este principio implica preguntarse si las estrategias implementadas han cumplido sus objetivos, si han generado impactos positivos en la población y si han contribuido a resolver los problemas que pretendían atender.

La evaluación no puede prescindir de la duda razonada, especialmente cuando las instituciones enfrentan dificultades para ofrecer información completa y verificable.

El desafío radica en que la legitimidad de la política de seguridad suele apoyarse en la narrativa de los resultados. La presentación de logros, como la disminución de determinados delitos, forma parte natural del ejercicio de gobierno. Sin embargo, cuando el énfasis recae exclusivamente en el discurso triunfalista, se corre el riesgo de generar incentivos que distorsionen la forma en que se registran y comunican los datos.

Un ejemplo ilustrativo es la manera en que se difunden algunos indicadores de homicidio en los informes oficiales. Con frecuencia, las comparaciones se realizan a partir de periodos seleccionados que maximizan la percepción de mejora.

Así, se ha destacado que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 48.8 en febrero de 2026, señalando que este último mes representa el nivel más bajo desde 2015. Sin restar importancia a cualquier reducción en la violencia letal, cabe preguntarse si este tipo de comparaciones facilita la comprensión del fenómeno o, por el contrario, introduce elementos que dificultan una lectura objetiva de la tendencia.

Ejercicios alternativos, como comparaciones interanuales más directas, pueden ofrecer una visión igualmente positiva de la evolución del indicador sin necesidad de recurrir a referentes temporales más lejanos. El punto no es negar los avances, sino propiciar una comunicación clara y transparente que permita dimensionarlos adecuadamente.

En este contexto, la participación de la sociedad civil y de la academia resulta fundamental. La revisión crítica de las estadísticas delictivas no debería interpretarse como una postura de confrontación, sino como un mecanismo de vigilancia democrática. La auditoría ciudadana contribuye a fortalecer la rendición de cuentas y a mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones.

Esto es particularmente relevante en un país donde la violencia en México continúa manifestándose de manera persistente en distintas regiones. Más allá de las tendencias nacionales, la realidad local sigue marcada por homicidios múltiples, desapariciones, feminicidios y otros delitos que evidencian la fragilidad institucional. En este escenario, los datos no solo deben mostrar avances agregados, sino también reflejar con precisión las dinámicas territoriales.

Cabe recordar que el sistema de estadística delictiva en México ha experimentado transformaciones importantes en los últimos años, entre ellas cambios metodológicos y la consolidación del Registro Nacional de Incidencia Delictiva. No obstante, la existencia de nuevas herramientas no garantiza, por sí misma, la calidad del registro.

Los rubros clasificados como “otros delitos” continúan siendo un punto de atención, no tanto por su presencia, sino por la disparidad en su uso. Mientras algunas entidades reportan cifras mínimas o incluso nulas, otras concentran en ellas volúmenes significativos de registros. Esta heterogeneidad dificulta las comparaciones y alimenta la percepción de incertidumbre.

En última instancia, la duda razonada puede ser una aliada de la institucionalidad. Obliga a transparentar procesos, a perfeccionar mecanismos de medición y a fortalecer la confianza pública. Los aplausos, en cambio, tienden a preservar el estado de las cosas.