El saldo educativo de 2025
El cierre de 2025 deja un saldo educativo que no puede maquillarse ni relativizarse. En Sinaloa, el derecho a aprender fue nuevamente vulnerado por una combinación conocida, pero no por ello menos grave, violencia persistente, rezagos en los aprendizajes y decisiones públicas que han optado por administrar la crisis en lugar de enfrentarla.
La inseguridad no es un factor externo al sistema educativo; es hoy uno de sus principales determinantes. Cierres temporales de escuelas, asistencia irregular y trayectorias interrumpidas se traducen en pérdida real de aprendizajes. Cada jornada suspendida por miedo o incertidumbre tiene un costo educativo concreto, que recae siempre en niñas, niños y adolescentes, particularmente en los más vulnerables. Normalizarlo es una forma de renuncia del Estado.
Pero la violencia no actúa sola. Opera sobre un sistema ya debilitado por carencias estructurales que siguen sin resolverse, escuelas sin agua potable, sin energía eléctrica, sin conectividad, sin infraestructura accesible. No son cifras abstractas; son condiciones cotidianas que hacen inviable hablar de calidad educativa o de igualdad de oportunidades. Mientras estas brechas persistan, cualquier discurso de transformación educativa es retórico.
A este escenario se suma una decisión política particularmente preocupante, el debilitamiento deliberado de los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. La desaparición de instancias nacionales clave y la eliminación del órgano estatal de acceso a la información (CEAIP) dejan al sistema educativo sin contrapesos y a la sociedad con menos herramientas para saber qué funciona y qué no. Sin datos públicos sobre aprendizajes, no hay diagnóstico; sin diagnóstico, no hay política educativa, solo propaganda.
Resulta especialmente grave que, aun existiendo mediciones diagnósticas recientes, éstas no se transparenten. Omitir información sobre aprendizajes no es neutral, impide corregir, inhibe la exigencia social y posterga decisiones incómodas. Gobernar sin evidencia es gobernar a ciegas, y en educación eso se paga con generaciones completas.
Los problemas de implementación de la Nueva Escuela Mexicana tampoco pueden seguir tratándose como ajustes menores. Las voces docentes han sido claras, formación insuficiente, acompañamiento limitado y cargas administrativas excesivas. Cuando la política educativa se implementa de forma fragmentada, el resultado no es innovación, sino mayor desigualdad.
El presupuesto educativo para 2026 confirma esta falta de coherencia. Persisten recortes en rubros estratégicos como la formación docente, la educación especial, la educación inicial y la infraestructura escolar. No son áreas accesorias, son las que sostienen el aprendizaje. Reducir recursos ahí no es austeridad responsable; es una decisión que compromete el futuro educativo del estado.
El saldo educativo de 2025 es, en realidad, un saldo político. No por falta de recursos discursivos, sino por ausencia de decisiones de fondo. Garantizar el derecho a aprender exige información pública, instituciones fuertes, inversión coherente y voluntad para asumir costos políticos. Lo contrario —opacidad, recortes y evasivas— tiene consecuencias claras y medibles en el aprendizaje de las y los estudiantes.
De cara a 2026, Sinaloa enfrenta una disyuntiva: seguir administrando la inercia o asumir la educación como prioridad real. No basta con resistir la crisis; hay que corregir el rumbo. Y eso empieza por reconocer que, sin evidencia, sin inversión estratégica y sin rendición de cuentas, no hay transformación educativa posible.
Desde Mexicanos Primero Sinaloa deseamos a las comunidades educativas y a la sociedad sinaloense unas fiestas en paz, y que el próximo año nos encuentre colocando el aprendizaje y a las niñas y los niños en el centro de las decisiones públicas.