El saldo petrolero de 2025: Pemex costó más de lo que aportó
En 2025, Pemex dejó de ser un pilar de las finanzas públicas. La combinación de una producción en mínimos históricos, cambios en la forma de cobrarle impuestos a la petrolera y un esquema creciente de apoyos presupuestarios alteró por completo la relación entre la empresa y el Estado. El resultado es un balance inédito: en 2025 por primera vez, los ciudadanos subsidiaron a Pemex en vez de recibir beneficios sociales gracias a la empresa. A continuación, los factores que ayudan a entender este fenómeno:
1) Una plataforma petrolera en declive
En 2025, la producción petrolera de México tocó uno de sus puntos más bajos en décadas. Pemex produjo 10 barriles de crudo por cada mil habitantes, la menor cifra registrada en 35 años. Medido de la forma oficial en miles de barriles diarios (mbd), la producción fue de 1,367 mbd, el nivel más bajo desde 1990 y 208 mbd por debajo de lo aprobado para ese año.
Este retroceso no es un dato aislado: refleja el deterioro de la plataforma productiva del país y limita la capacidad del petróleo para seguir siendo una fuente relevante de ingresos públicos. Con menos barriles producidos, hay menos recursos que repartir, incluso antes de hablar de impuestos o transferencias.
2) Cambios en el cobro de derechos para favorecer a la petrolera
Al declive productivo se suma un cambio profundo en la forma en que Pemex contribuye al erario. En los últimos años se redujo de manera significativa el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), que era el principal gravamen que pagaba la empresa. Este pasó de 65 por ciento en 2019 a 30 por ciento en 2024, lo que permitió que Pemex se quede con una mayor proporción de los ingresos petroleros.
Para 2025, el Gobierno fue más allá y simplificó la estructura fiscal de la empresa. Pemex dejó de pagar tres derechos distintos y pasó a cubrir sólo uno: el Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB), con una tasa base de 30 por ciento ajustable según el precio del crudo. Cuando el precio del petróleo es bajo, Pemex paga menos; cuando sube, paga más. Aunque el cambio reduce la complejidad administrativa, también debilita los mecanismos que antes aseguraban una mayor captación para la Federación.
El impacto de estos cambios es claro en la distribución de la renta petrolera. Debido a la nueva estructura tributaria, en 2025 la renta petrolera fue de 968.2 mil millones de pesos (mmdp), la menor desde 2020, año de la pandemia. Visto por persona, la venta de petróleo generó 7,260 pesos por habitante: Pemex se quedó con el 75 por ciento de esos recursos (5,462 pesos), mientras que la Federación recibió sólo el 25 por ciento (1,798 pesos). En los hechos, el Estado captó una porción cada vez menor de una renta que, además, ya venía en descenso.
3) Renta petrolera neta: cuando el apoyo público supera lo que Pemex aporta
Más allá de la menor recaudación por derechos, el problema central es que Pemex recibe más recursos públicos de los que aporta al erario. Además de aliviarle la carga fiscal, el Gobierno federal transfiere recursos directos a la empresa a través de la Secretaría de Energía para sostener su operación.
En 2025, Pemex aportó a la Federación 240 mmdp, pero el Gobierno le devolvió 396 mmdp en transferencias presupuestarias. El resultado fue una pérdida neta de 156 mmdp para el Estado, algo que ocurre por primera vez en la historia en un cierre anual.
Visto por persona, el balance es aún más claro. Ese año, Pemex entregó al Estado 1,798 pesos por habitante, pero en esa misma proporción el propio Estado regresó 2,970 pesos a la petrolera. En la práctica, cada mexicano subsidió a Pemex con 1,173 pesos en 2025.
El diagnóstico es claro, pero también lo es el margen de acción. Para que Pemex deje de ser una carga recurrente para la ciudadanía y recupere su viabilidad de largo plazo, se requieren cambios de fondo en su gobernanza y en la forma en que recibe apoyo público.
Primero, es indispensable fortalecer la gestión del Consejo de Administración, asegurando que sus integrantes respondan no a lealtades políticas, sino a capacidades técnicas, experiencia y criterios profesionales. Sin una dirección estratégica independiente y competente, cualquier apoyo financiero seguirá diluyéndose.
Segundo, los apoyos financieros del Estado deben condicionarse explícitamente a incrementar el gasto de inversión productiva, no a cubrir pérdidas operativas recurrentes. El objetivo del respaldo público debe ser reconstruir la capacidad productiva de la empresa, no sostener indefinidamente su operación.
Tercero, es clave mejorar la transparencia de Pemex, con información clara, oportuna y detallada sobre cómo se usan las transferencias que recibe, qué objetivos persiguen y qué resultados generan.
A estas medidas se suman otras recomendaciones: establecer reglas fiscales claras y predecibles para las empresas productivas del Estado, que eviten apoyos discrecionales y permitan evaluar su desempeño con métricas comparables, y definir metas explícitas de rentabilidad, eficiencia operativa y reducción de riesgos fiscales, con seguimiento público periódico.
Sin estos cambios, el riesgo es que el subsidio ciudadano a Pemex se normalice. Con ellos, en cambio, el apoyo público podría convertirse en una palanca de transformación, en lugar de un costo creciente para las finanzas públicas y los derechos futuros.
Los autores: Jorge Cano es coordinador del Programa de Gasto Público de México Evalúa. Carlos Vázquez es investigador en dicho programa.