El suplicio de personas con discapacidad
Corregir las incapacidades en la Sebides

A la Secretaría del Bienestar del Estado de Sinaloa le faltó ordenar y supervisar más el programa de pensión para personas con discapacidades que implementó el Gobernador Rubén Rocha Moya y evitar así la penosa peregrinación de los beneficiarios que de un lado los mandan a otro, sin entender los responsables de atenderlos que en la mayoría de los casos se trata de ciudadanos con movilidades limitadas. Y lo peor es que en los centros de atención no hubo la adecuada sensibilización respecto al trato que requiere y merece esta gente en situación de fragilidad.

El programa, que sin duda alguna contiene un alto sentido humanitario, tiene frente a sí la ardua tarea de cubrir a la población meta de 148 mil sinaloenses, que más difícil será si persiste la incapacidad de la estructura pública para servir con dignidad y humanismo a las diferentes formas de discapacidad. Tal vez no lo sepa la titular de la Sebides, María Inés Pérez Corral, pero el acopio de solicitudes se entrampa en burocratismos innecesarios y eso por supuesto que no se ve desde el escritorio de una oficina refrigerada.

Por ejemplo, a los favorecidos por la pensión se les exige un dictamen médico especializado que determine la discapacidad, la cual debe ser permanente, y aun así son obligados a acudir a los Centros de Salud a que les expidan el certificado correspondiente, duplicando un requisito que aparte topa con la insensibilidad del personal que los atiende. Y en ese viacrucis regresan sin éxito a los módulos de Bienestar para que de allí les indiquen que reinicien la gestión a partir de cero. Quien sabe por qué la empatía que sí existe en la punta de la pirámide del Gobierno tarda tanto en reflejarse en la base.

¿Puede la Sebides instalar centros únicos de atención de una sola cita, donde haya especialistas que determinen la discapacidad, médicos de la Secretaría de Salud que expidan los correspondientes certificados y personal de Bienestar que reciba las solicitudes? ¿Tienen los funcionarios alguna idea de lo que es manejar a quienes sufren alguna deficiencia motriz, visual, mental, psicológica o de otros tipos? ¿Alcanza la creatividad para brindar la atención domiciliaria a quienes se les imposibilita de plano ir a los módulos de verificación y registro?

Parece ser que no. Hay bastantes quejas de familias con alguno de sus integrantes en estado de discapacidad que han ido, por ejemplo, al Centro de Salud de El Vallado donde la directora les da un trato déspota, decidió atender sólo ella a la gente que acude por el certificado, acortó el horario hasta las 12 del mediodía y aparte es faltista recurrente a sus labores de lo cual deriva el “venga mañana” sabiendo que volver implica otro gran sacrificio.

De ninguna manera debe permitírsele al aparato gubernamental que se comporte incapaz de comprender el alcance de la medida adoptada por el Gobernador Rubén Rocha y el espíritu solidario que contiene, pero más imperdonable es que se la trate a este segmento con desidias, simulaciones y desdén. Algo debe ajustarse, por mencionar una parte del problema, en los Centros de Salud Urbanos para que haya calidad y calidez en el servicio y la solidaridad hacia el sector que hasta el 30 de junio tiene de plazo para aspirar a la pensión.

“Yo me presenté en el Centro de Salud de El Vallado en Culiacán, tengo un pie amputado a consecuencia de accidente vial y el médico en el diagnóstico determina la incapacidad, pero omite definir que es permanente. Al médico que me atendió en el CS le mostré la mutilación y la prótesis y le dije: ¿usted creer que se me va a regenerar desde la pierna hasta el pie? De cualquier manera no consideró que la incapacidad es permanente, fui y me quejé al módulo de Bienestar y me regresaron otra vez con el fisioterapeuta y al Centro de Salud”, se expone en una queja.

Otra inconformidad corresponde al Centro de Salud Urbano de Mazatlán en el sentido de que el personal médico es insuficiente y se niega a otorgar los certificados como discapacidad permanente “porque en la constancia que mi hijo lleva sólo establece la invalidez y claro que es permanente porque él sufre de trastornos del espectro autista y cualquier doctor con título debe saber que eso es para toda la vida”.

“¿Sabe el Gobernador cómo nos están tratando? Yo ando en silla de ruedas por una lesión en la columna y conseguí a ruegos que un vecino accediera a llevarme a solicitar el comprobante de discapacidad y me lo negaron. Muchos hasta se ríen de nosotros y por eso los que sufrimos alguna discapacidad sentimos ganas de golpear a los médicos de los centros de salud de Culiacán porque se burlan de nuestras condiciones”, refiere María Elena, de 19 años de edad.

Ojo con esto. El martirio que significa cualquier trámite burocrático lo es más tratándose de sinaloenses con capacidades menguadas en lo que corresponde al traslado de un lugar a otro. Ser empáticos, y sobre todo facilitadores de condiciones adecuadas de vida, será para ellos un soplo de aliento en la lucha por incorporarse plenamente a las actividades ciudadanas. Quitémosles del camino el mayor número de obstáculos.

A Sinaloa lo ultraja,

El que actúe con perversidad

Para poner en desventaja,

Al hermano con discapacidad.

Aunque Luis Guillermo Benítez Torres debiera ir en ese combo penal, algo es algo el hecho de que un Juez de Control vinculara ayer a proceso al ex Director de Comunicación Social del Alcalde de Mazatlán por orquestar amenazas y campañas de difamación contra el periodista Felipe Guerrero, lo cual hace valer la ley y es advertencia contra aquellos que se sin dar la cara desde perfiles falsos de dedican a calumniar y ser “gatilleros de la pluma” de políticos y delincuentes. Aquí cabría un buen dicho: el cobarde difama hasta que la justicia se lo permite.