El temor al delito y las violencias viene aniquilando el Estado constitucional de derechos

Puede parecer exagerado el título, pero sólo lo será para quienes no están prestando atención a la continua -y cada vez más acelerada- erosión de los Estados constitucionales en la región, impulsada por el populismo punitivo. En la cúspide formal de esos estados se encuentran los derechos humanos, instituidos en las normas supremas como garantías fundamentales. Hoy, ese pináculo se debilita.

¿Qué es el populismo punitivo? Se trata de una política criminal que manipula el temor social frente a las violencias y el delito, utilizándolo como palanca para expandir los poderes penales de persecución y encarcelamiento, y como instrumento de rentabilidad electoral. Esta definición la formulo tras escuchar a personas especialistas de siete países (México, España, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina y Perú), en conversación con el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX, en la serie de podcast “El populismo punitivo en mi país” (https://open.spotify.com/show/5Q1uZ8j2ye0yMCeWsjt09h?si=28cfbbc6fdd04c43).

Hemos caído en una trampa monumental, y no parece que vayamos a salir de ella pronto. La trampa es un círculo vicioso: las violencias y la delincuencia alimentan el miedo; el miedo respalda la inflación penal; la inflación penal no resuelve la crisis y, por el contrario, la prolonga y profundiza; y ese agravamiento vuelve a justificar más expansión punitiva. La crisis se reproduce a sí misma. La trampa es casi perfecta.

Lo es porque las mismas personas que no ven llegar la seguridad, la justicia y la paz -movidas por la desesperanza y privadas de una reflexión crítica- aplauden la medicina que las daña, por paradójico que resulte. Pero el problema se agrava: no enfrentamos la misma crisis de antes. En la mayoría de los países, las violencias y la delincuencia se multiplican; en otros, aun sin un deterioro evidente de los indicadores, la inflación penal avanza de todos modos y ella misma siembra más violencias, comenzando por las del Estado mismo. ¿Cómo se explica?

Desde México se advierte: el miedo se convirtió en estrategia política. Llevamos años con gobiernos que prometen imponer orden y acabar con la impunidad, pero nada funciona porque se trata de una ilusión. En El Salvador, tras cuatro años bajo régimen de excepción, los delitos de las pandillas han sido sustituidos por delitos de Estado, y la democracia se ha erosionado gravemente. En España, relatan que la clase política parece haberse quedado sin imaginación: ante cada conflicto se proponen penas más severas y encarcelamientos más prolongados, tanto desde la izquierda como desde la derecha, desplazando el eje desde la rehabilitación hacia la inhabilitación permanente de quien es etiquetado como delincuente.

En Estados Unidos, el populismo punitivo opera “con esteroides”, y la pregunta que surge es quién y cuándo podrá contener a Trump. En Perú, especialistas advierten que, si esta lógica se consolida, el país seguirá contando muertos, mientras el homicidio, el sicariato y la extorsión crecen de manera alarmante. En Chile -uno de los países con mayor percepción de inseguridad en el mundo, pese a niveles comparativamente más bajos de victimización- el miedo desbordado revela una disociación en parte alimentada por el discurso punitivo. En Argentina, el temor se traduce en la creación constante de nuevas figuras penales que, implementadas mediante políticas ineficaces, terminan generando más violencias y delitos. En Colombia, la inflación penal ha contribuido a una crisis humanitaria en el sistema penitenciario, con prisiones que superan el 200 por ciento de hacinamiento, sostenida por lo que allí denominan un “sentido común punitivo”.

La región se aleja así del Estado constitucional de derechos no por un golpe abrupto, sino por una deriva paulatina: el miedo como motor, la expansión penal como respuesta automática y la erosión de derechos como costo asumido. El problema no es sólo jurídico; es político, cultural y democrático. Y, mientras no rompamos el círculo, la trampa seguirá funcionando.

Seamos más claros respecto a la potencia del daño a través de la rentabilidad política y electoral del temor. Trump lo enseña muy bien, etiquetando enemigos e inflando poderes de persecución, catálogo de delitos y aplicación de castigos -incluyendo ejecuciones-, mientras Estados Unidos acaba de registrar en 2025 la tasa más baja de homicidios en los últimos 125 años: 4 por cada 100 mil habitantes, según nos explicaron grabando el caso Argentina.

Lo dicho, el temor al delito y las violencias viene aniquilando el Estado constitucional de derechos.