El voto legítimo y las urnas del crimen. Que ganen la ley y la voluntad popular

Alejandro Sicairos
01 junio 2021

Hay dos grandes componentes que influirán en el resultado electoral del próximo domingo una vez que los candidatos a Gobernador realizan las últimas mediciones de fuerzas con el cierre de campañas políticas. Uno es el segmento de indecisos que según el cruce de encuestas creíbles significa alrededor del 30 por ciento en el grupo de edad que más vota, de entre los 18 y 40 años; el otro tiene que ver con el modelo alterado de urna virtual que la delincuencia organizada instala en el intento por apadrinar a pretensos para que lleguen a cargos públicos por los que compiten.

Mientras el proceso comicial corre por las rutas formales que determinan los órganos electorales nacional y estatal, ahora con eventos de clausura de campañas en los que Rubén Rocha y Mario Zamora empatan en la capacidad de movilizar contingentes humanos, paralelamente las corporaciones de seguridad pública comienzan a marcar los focos rojos donde habría hechos de violencia durante las votaciones.

De aquí al domingo el terreno en que se medirán las distintas propuestas para Gobernador y alcaldes se debe recorrer a tientas y esculcar palmo a palmo. Son muchas las cosas que se cruzan, legítimas o al margen de la ley, haciendo muy difícil el ejercicio de proyección del voto y más aún cualquier apuesta a que el sufragio sea desplegado en absoluto marco legal para certificar el avance democrático e inhabilitar las injerencias de los poderes de facto.

Por un lado, operarán cuestiones tan consuetudinarias como los niveles de aprobación que tienen el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, ambos en buen nivel de aceptación pública. Se estima que tanto el voto duro morenista como el sufragio concerniente a la popularidad del Mandatario estatal serán cotejados en igualdad de circunstancias el 6 de junio.

También están en esta parte las encuestas que en elecciones recientes han sido incapaces de aproximarse a los resultados reales. En la elección presidencial de 2018 las mediciones de intención del voto que más se acercaron a los cómputos efectivos fueron las de El Financiero y Parametría y las de mayor margen de error presentaron son las de Masive Caller y El Heraldo, según estudio que realizó el Grupo Estrategia Política para el proceso electoral 2021.

Cuenta de igual manera el ánimo ciudadano para salir o no a votar. Esto tiene que ver con el interés que lograron despertar las campañas y la pérdida de confianza en los partidos que afecta a todos por parejo. Esta vez no aparecerá en las boletas Andrés Manuel López Obrador, aunque sí la función plebiscitaria que lo calificará en sus aciertos o errores, tomando en cuenta que en las intermedias a ningún ex Presidente le fue bien: según el mismo estudio de GEP Vicente Fox ganó en 2000 con el 42.5 por ciento de los votos y en 2003 su partido obtuvo el 30.7 por ciento de los sufragios; Felipe Calderón llegó en 2006 a Los Pinos con el 35.9 por ciento de respaldo electoral y éste bajó en 2009 a 27.9 por ciento y Enrique Peña Nieto recuperó el Ejecutivo Federal en 2012 con el 38.2 por ciento y en 2015 descendió al 30.6 por ciento. ¿Cuál será el menoscabo político de medio camino para AMLO, que en 2018 llegó a Palacio Nacional con el 53.1 por ciento de los votos?

En el otro extremo, el más peligroso, empiezan a soplar vientos de inestabilidad que por ahora no afectan la jornada comicial pero que sí traen soplos de anarquía en algunas zonas, asociadas éstas con el reparto de la geografía estatal que implementaron las diferentes células del narcotráfico. Sobre todo en el norte y sur de Sinaloa se tienen reportes de violencia con fines de manipulación electoral en cinturones de tensión que bajan desde la cierra a la costa.

Con las denuncias de muchos de los candidatos, pero con la secrecía que los peligros ameritan tiene a configurarse la presencia de casillas y boletas de votación que se resolverán mediante el miedo. alcaldías y distritos electorales están sobre aviso de favorecer a tales candidatos palomeados por el narco o bien atenerse a las consecuencias, con un mayor impacto en lo regional y repercusión colateral en la elección de Gobernador.

Lo más grave es que el gobierno en sus ámbitos federal, estatal y municipal guardan silencio frente a la burbuja de violencia electoral que se está inflando más de la cuenta. Y no se trata de amarillismo ni de exageración; es una posibilidad que las autoridades ya conocen y por lo tanto están obligadas a detenerla a tiempo y evitar que la capacidad amedrentadora de las armas del crimen pueda más que la voluntad del Estado para lograr la consolidación democrática.

Es mucho lo que está en juego en la votación del 6 de junio. A los electores compete decidir libremente qué tipo de gobernantes quiere amparándolos con la legitimidad que sólo proporciona el voto. A las organizaciones criminales no les toca transgredir el sufragio a través de esa especie de casilla imaginaria en la que se elige terror, incertidumbre y desgobierno. Es una disyuntiva complicada para habitantes de comunidades abandonadas a merced de los capos y sicarios.

Seamos optimistas entonces en que al final domine la fuerza ciudadana. Y que al amanecer del 7 de junio sintamos los pacíficos que hicimos la tarea para evitar que los violentos nos volvieran a arrebatar lo poco del libre albedrío que nos queda: el voto para quitar o poner gobernantes.

Con una mano en el corazón

Y la razón en las boletas,

Para ajustar en la elección,

Esas tuercas que están sueltas.

Resaca del autoritarismo que le autorizó a la Policía Municipal de Culiacán el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el fin de semana circuló un video en redes sociales en el cual agentes de la corporación someten a la fuerza una mujer en la colonia Chulavista, presuntamente por pasarse en rojo un semáforo. Y el director de la DSPyTM, Óscar Guinto, justifica el atropello como un acto de rutina. Y sí, se les hizo costumbre a sus agentes violentar los derechos humanos y actuar como la malandrinada, con prepotencia y uso del abuso de poder, recibiendo impunidad a cambio.