En fin...

Lo hecho hecho está y no hay vuelta para atrás, pero la duda es saber si está bien hecho. Me refiero a la primera elección popular para conformar, en una primera etapa, al Poder Judicial de la Federación, para darle paso a una nueva camada de juzgadores, los que en su mayoría, llegarán a sus titularidades no por su experiencia procesal ni por sus méritos académicos, sino por trabajo de campaña y el apoyo recibido por el partido en el poder.

A lo largo de la campaña, los aspirantes a convertirse en nuevos juzgadores prometieron el ejercicio de una justicia más democrática, de puertas abiertas y cercana a la ciudadanía, a pesar de que saben, supongo, que la aplicación de la Constitución y todo lo normativo que de ella emane, obedece al texto jurídico, y que para cumplir con sus promesas de campaña no aplica aquello de que “a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. No, por lo menos en la aplicación estricta del texto jurídico.

El Poder Judicial ejerce sus funciones regido por la técnica jurídica y no a través de votaciones populares a mano alzada, lo cual no da pie a decisiones democráticas para dictar sentencias.

Por otro lado, los impulsores de la elección judicial, entre otras razones para justificar su decisión, argumentaron que de esta manera se acabará con la corrupción existente dentro del Poder Judicial.

Habría que preguntarles si a través de las urnas se le ha dado mate a la podredumbre que sigue vivita y cobrando dentro de los ámbitos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, trepados ya en el mítico segundo piso de la llamada 4T. Y por supuesto, la podredumbre permea a los gobiernos estatales y municipales.

De acuerdo con el conteo de votos de esta primera elección, el abstencionismo predominó y los sufragios acumulados en una buena parte fueron producto del trabajo de acarreo e inducción del voto, operado por la estructura “morenista” y la fuerza de los llamados “servidores de la nación”. Sin la influencia de estos impulsores, estaríamos hablando de una votación ínfima, tal vez de un 5 por ciento del listado electoral, con lo cual se derrumbaría, aún más, la versión oficialista de que el pueblo pidió la renovación del Poder Judicial mediante la vía electoral.

Vuelvo a la frase popular de que lo hecho hecho está y la joya de la corona de este proceso electoral estuvo significado por la elección de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, un ente inquisitorio del máximo tribunal, así como los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, misma que estará integrada por tres ministras que repetirán en su encargo, las cuales, están ubicadas por la opinión pública como proclives a la 4T y por los seis restantes, impulsados a través de los famosos acordeones, mismos que no exhiben en su historia de vida experiencia procesal judicial, de entre los cuales se destaca la presencia de quien presidirá a la corte por dos años, el abogado Hugo Aguilar, identificado como colaborador del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En fin, este nuevo formato electoral nos ha lanzado a un océano de incertidumbre en el que puede naufragar el sistema que rige nuestra vida democrática. ¡Buenos días!