Enterrar la verdad: ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?
Hay una pregunta que el Estado debería poder responder con certeza: ¿cuántas fosas clandestinas existen en el País? No obstante, hoy la respuesta sigue siendo incierta. No porque sea imposible conocerla, sino porque México continúa sin producir información pública, completa y confiable sobre una de las expresiones más brutales de la violencia que enfrenta.
En un país con más de 135 mil personas desaparecidas y más de 83 mil personas fallecidas sin identificar, conocer dónde se localizan las fosas clandestinas, cuántas personas fueron encontradas en ellas y qué ocurrió con sus restos no se puede resumir a un asunto administrativo. Es una herramienta para buscar personas, identificarlas, comprender patrones de violencia y construir políticas públicas capaces de enfrentar una crisis que lleva décadas y cada vez se profundiza más.
Sin embargo, esa información permanece fragmentada, incompleta y, con demasiada frecuencia, inaccesible.
Aunque desde 2017 la Ley General en Materia de Desaparición de Personas ordenó la creación del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes como un instrumento público, homologado y en constante actualización, a casi 10 años ese registro continúa siendo una promesa incumplida por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
En la práctica, cada Fiscalía entrega información bajo criterios distintos, decidiendo así qué registra, cómo lo registra, qué publica y qué reserva. Esto impide contar con un panorama nacional consistente sobre uno de los fenómenos más graves que enfrenta el País.
Precisamente para conocer el estado de esa información, desde el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y Artículo 19, buscamos responder a la pregunta de qué tan accesible y confiable es hoy la información pública sobre fosas clandestinas en México.
Para ello analizamos las respuestas emitidas por las 32 fiscalías estatales y la FGR a solicitudes de acceso a la información sobre hallazgos de fosas en 2024 y 2025. Lo que se detectó fue un deterioro preocupante tanto en la cantidad como en la calidad de las respuestas.
Los resultados muestran una tendencia alarmante. Mientras en 2022 el 93.8 por ciento de las fiscalías respondieron total o parcialmente las solicitudes de información, en 2025, año en que desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y comienza a operar Transparencia para el Pueblo, esa proporción cayó al 62.5 por ciento.
Pero la señal de alerta no es únicamente que hoy las autoridades respondan menos; sino también que, incluso cuando responden, la información pública sobre fosas clandestinas es cada vez menos útil, menos consistente y menos confiable.
Ese deterioro se manifiesta de distintas maneras. Algunas fiscalías dejan vencer los plazos legales sin responder; otras remiten a enlaces rotos, entregan información ajena a lo solicitado o recurren a reservas de información bajo argumentos difíciles de sostener para ocultar estadísticas que deberían ser públicas.
En otros casos, las inconsistencias son aún más preocupantes. Por ejemplo, que Quintana Roo y Nayarit reportaron en 2024 el hallazgo de fosas clandestinas y, apenas un año después, afirmaron no contar con registros sobre ellas.
También se identificaron respuestas que evidencian un cumplimiento meramente formal; Colima remitió a un enlace inservible y la Fiscalía de Morelos refirió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), argumentando que no está obligada a generar documentos específicos para atender la solicitud.
En Baja California, una respuesta que en 2024 evaluamos como “Buena”, porque aportó un desglose detallado de los hallazgos e incluso información cualitativa sobre prendas y objetos que facilitan la identificación, pasó a ser “Deficiente” tras clasificar por cinco años información estadística sobre hallazgos, bajo el argumento de proteger investigaciones en curso.
En otros casos, la opacidad se manifestó como silencio. La Fiscalía de Coahuila, que previamente había entregado información detallada, solicitó una ampliación del plazo legal y, una vez vencido, no proporcionó respuesta alguna.
Vistas de manera aislada, estas respuestas podrían parecer errores administrativos, pero, analizadas en conjunto, muestran un patrón mucho más preocupante: México sigue sin contar con estándares mínimos para documentar una de las mayores crisis de derechos humanos. La ausencia de criterios homogéneos, la discrecionalidad con la que se administra la información pública y el deterioro de los registros impiden conocer la verdadera dimensión de la violencia y responder a ella con políticas públicas eficaces. Lo que debería ser un registro nacional termina convertido en decenas de registros inconexos, incompatibles y, en ocasiones, contradictorios.
Cuando una familia busca a una persona desaparecida, cada dato puede convertirse en una pista. Por eso la información sobre fosas clandestinas no es un trámite burocrático, es una herramienta de búsqueda.
Cuando permanece dispersa, reservada o simplemente no existe, también desaparecen las posibilidades de encontrar, identificar y hacer justicia.
Cada dato oculto prolonga la incertidumbre de una familia y amplía el margen de impunidad.
Porque la verdad no sólo se entierra en las fosas clandestinas, también se entierra en los archivos que nunca se construyen, en los registros que nunca se actualizan y en la información que el Estado decide no producir.
Un Estado que no documenta a sus desaparecidos también contribuye a desaparecer la verdad sobre ellos.
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Las autoras son Penny Ramírez y Leslie Salazar, integrantes del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Redes: @PDHIBERO