Entre avances y ausencias: trabajo infantil en México
Cada 12 de junio, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, México enfrenta una doble realidad: por un lado, avances institucionales relevantes que muestran una mayor comprensión del fenómeno como una problemática estructural de derechos humanos; por el otro, la persistencia de ausencias de coordinación, planeación y ejecución que limitan la capacidad del Estado para responder integralmente a una de las expresiones más profundas y habituales de desigualdad y exclusión que viven niñas, niños y adolescentes.
El reconocimiento del trabajo infantil como un problema multidimensional es, sin duda alguna, uno de los avances más importantes de los últimos años. La inclusión explícita de estrategias para prevenir y erradicar el trabajo infantil dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, particularmente en la Estrategia 3.2.3, “Implementar medidas para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y proteger a los adolescentes en edad permitida para trabajar...”, representa una potente señal política sobre la necesidad de abordar el fenómeno desde un enfoque preventivo.
Este reconocimiento es de especial relevancia cuando el contexto y la evidencia nos ha mostrado una y otra vez que el trabajo infantil no puede -ni debe- analizarse de manera aislada de factores como pobreza, informalidad laboral, desigualdad territorial, movilidad humana, violencia, discriminación y acceso desigual a educación y protección social.
A ello se suma otro elemento fundamental: la consolidación de herramientas de información pública para dimensionar el problema. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), desarrollada por el Inegi y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se ha convertido en uno de los principales instrumentos estadísticos para identificar tendencias, perfiles de riesgo y sectores prioritarios de intervención.
La próxima actualización de la encuesta, prevista para octubre de este año, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y actualizar los diagnósticos territoriales y sectoriales. Esto resulta particularmente relevante considerando que la última ENTI (2022) identificó a 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, de los cuales 2.1 millones realizaban actividades no permitidas o peligrosas.
En este escenario, la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI) ha mantenido un papel clave como espacio de articulación institucional. Desde su creación, la Comisión ha permitido construir mecanismos de coordinación entre dependencias federales, gobiernos estatales, sector privado, organismos internacionales y sociedad civil.
Particularmente, ha sido relevante el fortalecimiento de modelos locales de atención, como la Ruta de Trabajo para prevenir el trabajo infantil en la Ciudad de México, la ruta intermunicipal para Erradicar el Trabajo Infantil en el Estado de México y el Protocolo Interinstitucional para la Detección, Atención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Querétaro, que incorporan diagnósticos focalizados, padrones interinstitucionales y esquemas de actuación corresponsable entre autoridades.
Asimismo, en los últimos años han cobrado relevancia iniciativas de corresponsabilidad impulsadas por organizaciones internacionales y sociales, como el denominado “Pacto del Mayab”, que busca fortalecer las acciones de prevención a través de la coordinación entre la federación y los estados.
En este proceso, organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel técnico y de acompañamiento a los gobiernos indispensable. Desde Save the Children, nos hemos convertido en un aliado estratégico en materia de prevención, generación de evidencia, fortalecimiento comunitario y construcción de capacidades institucionales. Nuestra participación en espacios multisectoriales, procesos de formación, mecanismos de articulación con autoridades y acompañamiento técnico a políticas públicas ha contribuido a posicionar el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de la discusión sobre trabajo infantil. Incluso en espacios de coordinación institucional, como la CITI federal y de algunos estados, permitiéndonos fortalecer los enfoques preventivos y de atención integral.
Este tipo de esfuerzos colaborativos reflejan un cambio gradual en la comprensión del fenómeno: el trabajo infantil es una responsabilidad de las autoridades federales, locales, los sistemas de protección de derechos, el sector privado y el sector social.
Sin embargo, estos avances contrastan con desafíos estructurales que continúan limitando la capacidad de respuesta del Estado mexicano. Uno de los más preocupantes es el insuficiente reconocimiento del trabajo infantil dentro de la política nacional de derechos de niñas, niños y adolescentes. Resulta particularmente alarmante la falta de una estrategia sólida y claramente priorizada para atender este fenómeno en el PRONAPINNA 2025-2030, instrumento diseñado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para articular respuestas integrales y sostenidas frente a las principales problemáticas que afectan a la niñez.
Esta omisión es difícil de justificar si se considera que el trabajo infantil representa una de las expresiones más graves de vulneración simultánea de derechos: limita el acceso a la educación y la salud, obstaculiza el desarrollo integral, incrementa la exposición a la violencia y priva a niñas, niños y adolescentes de su derecho al descanso, al esparcimiento y a la protección social.
A este panorama se suma un desafío persistente: la fragmentación institucional. Aunque existe consenso sobre el carácter multidimensional del trabajo infantil, en la práctica muchas dependencias siguen considerándolo una responsabilidad exclusiva de las autoridades laborales o, en el caso del sector informal, de las instancias de asistencia social.
Esta visión limita la construcción de estrategias preventivas integrales desde ámbitos tan diversos como la educación, la salud, el desarrollo social, la agricultura, el turismo, la movilidad humana, la seguridad pública y los sistemas de protección. La prevención efectiva del trabajo infantil requiere que cada institución implemente acciones concretas desde sus propias competencias y facultades, con presupuestos identificables y mecanismos de seguimiento.
A ello se suma un desafío que sigue sin resolverse: el financiamiento. Diversos análisis recientes advierten que los recursos públicos destinados a prevenir y erradicar el trabajo infantil continúan siendo dispersos, inconsistentes y, en algunos casos, carecen de una identificación programática específica que permita medir su impacto y garantizar su sostenibilidad. Sin una estrategia presupuestaria articulada y transparente, los esfuerzos institucionales difícilmente podrán trascender acciones aisladas, limitadas en alcance y vulnerables a los cambios de administración o de prioridades políticas.
Además, en pleno Mundial de Futbol, con el crecimiento del turismo, la expansión de sectores estratégicos vinculados a cadenas globales de suministro y la incorporación de adolescentes en edad permitida para trabajar en los sectores productivos, enfrentamos el reto de fortalecer la debida diligencia empresarial y la vigilancia laboral para prevenir riesgos de explotación y trabajo infantil asociados con la economía informal, el turismo, la agricultura, el comercio ambulante y los servicios.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil no puede reducirse a una fecha de conmemoración o sensibilización. Debe ser una oportunidad para preguntarnos si estamos construyendo una política de Estado verdaderamente integral y articulada. México cuenta hoy con mejores diagnósticos, mayor experiencia institucional y una red inter y multisectorial más sólida que hace una década.
El desafío es convertir esos avances en acciones coordinadas, sostenibles y con alcance territorial. Porque erradicar el trabajo infantil no depende de lo que sabemos sobre el problema, sino de la capacidad de traducir ese conocimiento en decisiones públicas que coloquen efectivamente el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el centro.
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El autor es Miguel Ramírez Sandi, coordinador Nacional de Incidencia Política y Asuntos Legislativos en Save the Children México. Redes: @miguelramsan
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Save the Children (@SaveChildrenMx) es una organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.