Entre el Segundo Informe y el presupuesto: administrar la vejez no es una política de longevidad

Por lo menos 13 millones 788 mil personas mayores reciben hoy una pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales. En su Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum presentó la cifra como uno de los grandes logros de su administración. A ellas se suman 2 millones 873 mil mujeres de 60 a 64 años que reciben la Pensión Mujeres Bienestar. Son cifras enormes y representan una inversión pública sin precedentes en este grupo de la población.

Es inevitable preguntarse si hacerlo en las condiciones en que se hace significa que México está preparándose para una transformación histórica: el envejecimiento de su población.

En 2025 había alrededor de 17.1 millones de personas de 60 años y más en México, equivalentes al 12.8 por ciento de la población. Para 2050 serán aproximadamente 33.4 millones, lo que representa una quinta parte de la población del país. Si ampliamos la mirada, la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) estima que ya somos 32 millones de personas de 50 años y más; 52.8 por ciento somos mujeres.

No estamos hablando, por lo tanto, de atender a un pequeño grupo de población al final de la vida. México está cambiando su estructura demográfica. Una sociedad longeva transforma inevitablemente la manera en que debemos pensar y tomar decisiones en torno al trabajo, la productividad, la salud, los cuidados, la vivienda, las ciudades, la movilidad, la educación, la tecnología y la participación social, económica y política, la violencia, entre otras cosas.

Obliga también a replantear la manera en que pensamos la propia vejez o las vejeces. Ser una persona mayor no convierte automáticamente a nadie en vulnerable. Las personas pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad por pobreza, enfermedad, discapacidad, dependencia, discriminación, género, territorio o aislamiento, entre otros factores. Hay que decirlo claramente: vejez y discapacidad NO son categorías equivalentes. No es una discusión semántica: la manera en que definimos a una población determina también las políticas que diseñamos para ella.

La respuesta más visible del Estado mexicano frente al envejecimiento continúa concentrándose en las transferencias económicas y el apoyo asistencial. A ello, el gobierno de Sheinbaum ha añadido como una de sus principales apuestas el programa Salud Casa por Casa.

En agosto, la Secretaría de Bienestar informó que este programa había realizado 24.8 millones de consultas domiciliarias desde junio de 2025, además de más de 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos. Como resultado, 818,869 personas habían sido referidas a instituciones de salud por sospecha o descontrol de hipertensión o diabetes.

El programa puede ser útil para prevención, detección y seguimiento, pero sus propios resultados muestran también sus límites: detectar un problema de salud y referir a una persona no equivale a garantizarle consulta, medicamentos, especialistas, tratamiento y seguimiento. Una visita domiciliaria puede detectar una enfermedad, pero no sustituye al sistema que debe atenderla.

El presupuesto permite dimensionar mejor el lugar que ocupa esta política. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 se proponen 543,498.4 millones de pesos, frente a los 526,508 millones contemplados para 2026 para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Hablamos de más de 16 mil millones de pesos adicionales. Si comparamos el dato de 2026, puede observarse que se destinaron 4 mil millones para Salud Casa por Casa. Es decir, por cada peso destinado a Salud Casa por Casa se destinaron aproximadamente 132 pesos a la pensión. Habrá que ver la relación en el 2027.

En políticas públicas, las prioridades no se miden solamente por el espacio que ocupan en el discurso, sino por los recursos que reciben. El presupuesto muestra con bastante claridad dónde está la prioridad: la respuesta del Estado frente al envejecimiento continúa concentrada en la transferencia monetaria.

Hay además una dimensión que, como feminista, me parece imposible ignorar. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinado a los recursos para la igualdad entre mujeres y hombres, incorporó los programas sociales y clientelares que no necesariamente fueron diseñados para reducir las brechas de género.

El caso de 2024 es revelador: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores representaba 61.5 por ciento del Anexo 13. Fundar calculó además que 89 por ciento de los recursos del Anexo se destinaban a programas sociales prioritarios que no incidían directamente en la reducción de las brechas de desigualdad ni en el combate a la violencia contra las mujeres.

El problema no es que las mujeres mayores reciban una pensión. Por supuesto que deben recibirla. El problema es suponer que una transferencia universal se convierte automáticamente en política para la igualdad porque millones de sus beneficiarias son mujeres. Las desigualdades que enfrentamos en la vejez se construyen durante toda la vida: diferencias salariales, interrupciones laborales, trabajo de cuidados no remunerado, menores posibilidades de ahorro y patrimonio y, como consecuencia, menor autonomía económica en edades avanzadas. Una política de longevidad con perspectiva de género tendría que actuar sobre esas desigualdades acumuladas y crecientes.

Existe, finalmente, una dimensión política que tampoco podemos ignorar. Las personas mayores no solo constituyen una población en aumento: son uno de los grupos que más participa electoralmente. En las elecciones de 2024, mientras la participación nacional fue de alrededor de 60 por ciento, las personas de 60 a 79 años registraron tasas de participación mayores al 70 por ciento de acuerdo con el estudio muestral del Instituto Nacional Electoral.

No hace falta especular sobre cómo votan para comprender su importancia política. Estamos hablando de una población que crece, participa electoralmente muy por encima del promedio nacional y recibe el programa social más importante del gobierno.

En resumen: el Gobierno está invirtiendo cantidades históricas en las personas mayores, pero eso no significa que México tenga una política de Estado frente a la longevidad. Tenemos una enorme política de transferencias dirigida a una población electoralmente estratégica, mientras seguimos sin una estrategia transversal frente al envejecimiento que articule salud, cuidados, trabajo, productividad, vivienda, movilidad, educación, tecnología, autonomía, participación e inclusión.

La pensión es importante porque proporciona ingreso y autonomía inmediata y temporal a millones de personas. Salud Casa por Casa puede contribuir a detectar riesgos. Pero ninguna de las dos representa una política de largo plazo hacia la longevidad y envejecimiento de la población.

Prepararnos como país, gobierno y personas en lo individual para vivir más exige empezar mucho antes de los 65 años. Significa pensar cómo queremos trabajar durante vidas más extensas, cómo financiar los cuidados, cómo adaptar ciudades y viviendas, cómo evitar la exclusión tecnológica, cómo garantizar salud durante más años y cómo aprovechar el conocimiento, experiencia y capacidad productiva de millones de personas que no dejan de contribuir porque cumplieron una determinada edad. Significa también reconocer que mujeres y hombres llegamos a la vejez después de haber recorrido trayectorias profundamente desiguales.

México está envejeciendo. Eso no es una proyección: es nuestra realidad demográfica.

Tenemos que tener claro si nos estamos preparando para una sociedad longeva o simplemente estamos administrando políticamente la vejez mediante transferencias y estamos dejando que los problemas de fondo sigan acumulándose.

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La autora es internacionalista y politóloga, fundadora de Mujeres Construyendo.