Entre la voluntad y los hechos: el plan estratégico de la FGR ante la deuda con las víctimas
El pasado 17 de abril, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) anunció en un acto público el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que por ley debe emitir al inicio de su gestión y cada tres años. Esto ocurrió el mismo día en que el País entero se conmocionó por el caso de la desaparición y posterior feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, resultado de las exigencias y la movilización inmediata de la familia. Un terrible hecho que revela la realidad de un sistema de justicia que no fue modificado por la reforma judicial, pues no atendió el verdadero obstáculo para acceder a la justicia: las fiscalías -las locales y la federal-, como verdadera raíz de la impunidad.
El planteamiento de la Fiscalía es relevante en un contexto en el que la impunidad sigue siendo la regla en México y frente a la cual la gestión de su anterior titular -el primero desde que la institución adquirió un carácter autónomo- se caracterizó por su pasividad, omisión, opacidad y la gran deuda con las víctimas.
Así, el plan -que fue finalmente publicado y se presentará al Senado la próxima semana donde se dictaminará- debe entenderse a la luz de los desafíos que enfrenta el Estado mexicano ante la indiferencia de muchos funcionarios, la falta de actuación frente a violencia generalizada y la relación de autoridades con la gobernanza criminal en vastas zonas del País. La reflexión y la oportunidad sobre la necesidad de modificar la institución que, a más de siete años de su renovación no ha cumplido su cometido de garantizar justicia, no es menor.
Los compromisos asumidos en los 10 ejes que comprende el plan son ambiciosos: transitar de un modelo reactivo a uno proactivo, con perspectiva de macrocriminalidad y atendiendo los principales delitos de alto impacto, como el feminicidio y las desapariciones; erradicar el rezago procesal y la dilación en las indagatorias; operativizar la coordinación con otras instituciones y con las fiscalías locales; implementar la inteligencia y la tecnología en la investigación; incorporar una perspectiva de género como factor criminológico indispensable; poner a las víctimas y su dignidad como eje de la actuación institucional, y poner fin a la fragmentación en la respuesta del Estado frente a criminalidad.
La propia Fiscal reconoció la necesidad de transformar a la entidad, afirmando que “nunca más” habrá una Fiscalía opaca y pondrá fin a la inercia institucional; que su objetivo es dejar atrás el modelo “reactivo, fragmentado y burocrático”, apelando a recuperar la confianza de la ciudadanía y erradicando prácticas que la mermaron, como la corrupción y la indiferencia. Que este diagnóstico provenga desde la misma institución, es en sí mismo un reconocimiento de las falencias y el déficit acumulado.
Desde sociedad civil, víctimas y organizaciones que participamos en la construcción del modelo que transitó a la creación de la Fiscalía con carácter autónomo, insistimos en que la transformación en la procuración de justicia no debía ser solo una cuestión denominativa; requería de consolidar, mediante mecanismos concretos y recursos suficientes, un Ministerio Público capaz de atender las necesidades de las víctimas y con capacidades técnicas y científicas para investigar delitos complejos y especialmente para desmantelar redes macrocriminales. Sin ello, los esfuerzos serán fallidos.
Esa autonomía ha sido malentendida en los últimos años, dejando de lado la coordinación con otras instituciones. Aunque la coordinación es ampliamente anunciada en el plan, reconociendo la multiplicidad de actores que ahora tienen facultad de investigar, la garantía de una verdadera autonomía investigativa de las y los fiscales queda en términos enunciativos. Asimismo, la propuesta ratifica la necesidad de coordinación con las fiscalías estatales y destaca la facultad de la FGR de atraer casos en los que existe vinculación con delitos federales, como el de delincuencia organizada, que éstas no han podido o no han querido resolver; algo que en los últimos años se había negado en los hechos. Sin embargo, el plan solo refiere al tema en relación a casos de feminicidio y no sobre otras graves violaciones a derechos humanos, como ataques, amenazas e incluso homicidios de personas defensoras y periodistas, o la propia comisión de delitos relacionados con la desaparición de personas, como la trata o esquemas de reclutamiento.
Merece especial atención lo planteado para abordar la crisis de desapariciones, sobre lo que la Fiscal General afirmó que transformará su modelo de investigación y apostará por incrementar las capacidades forenses de la institución, incluyendo, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), la implementación del plan nacional de exhumaciones, la elaboración de un diagnóstico nacional de capacidades forenses y la capacitación al personal en temas de identificación y tratamiento en esta materia. La urgencia de que la FGR ponga no solo atención, sino recursos a estos temas ha sido una demanda de las víctimas por más de una década, que han tenido incluso que emprender litigios contra la propia Fiscalía ante sus omisiones.
Ahora bien, aunque el Plan destaca una baja en las carpetas por el delito de desaparición, su afirmación resulta parcial y equívoca. Su propio diagnóstico admite que esta cifra no refleja necesariamente una disminución, pues, por ejemplo, no es claro en cómo en los últimos años la FGR ha negado constantemente la atracción de casos cuando hay conexión con delitos de delincuencia organizada, como fue inicialmente en el hallazgo del Rancho Izaguirre.
Por eso es reprochable que la titular del Ministerio Público federal replicara la misma postura del Gobierno mexicano al afirmar que no existe una práctica de desapariciones forzadas en el País y que “hay mucho que mostrar” de los esfuerzos de los gobiernos de la cuarta transformación. Esto no sólo devela la cuestionada autonomía de la institución, también preocupa en tanto formula un plan basado en un diagnóstico equivocado del fenómeno de la desaparición en México, al tiempo que niega la realidad que enfrentan las víctimas, contradiciendo su propio discurso de colocarlas al centro.
En este escenario, hay elementos del plan que apuntan a una dirección correcta y que, de materializarse, podrían abonar a revertir el letargo institucional de la FGR, incluidas la coordinación interinstitucional, un análisis óptimo del fenómeno macrocriminal y una verdadera incorporación de la perspectiva de género en su actuar, no como retórica, sino como un factor estructural de su actuación.
También hay preocupaciones que aparecen en una primera revisión del Plan y su presentación. El enfoque en la preponderancia del uso de tecnología de inteligencia y el fortalecimiento en estas acciones de las áreas que integran la FGR como la Agencia de Investigación Criminal, más las facultades que ya tienen las instituciones con nuevas facultades de investigación -como la Guardia Nacional- no viene acompañado de controles claros -ni enunciativos- cuya omisión han sido un riesgo real.
Aún está por verse de qué manera la FGR implementará su plan, para lo que deberá establecer claramente mediante qué mecanismos, procesos y recursos lo llevará a cabo y definir indicadores que permitan evaluar su éxito. Sin embargo, para que la máxima de centralidad de las víctimas sea más que discursiva, la Fiscalía debe garantizar canales reales de participación de las víctimas, que sean escuchadas y sus preocupaciones atendidas.
Saldar la deuda con las familias de personas desaparecidas o de víctimas de feminicidio, entre las muchas más que laceradas por la criminalidad, sólo será posible si la verdad y la justicia llegan de manera pronta y oportuna. Este resultado depende, en gran medida, de la capacidad del Ministerio Público para conducir investigaciones serias, diligentes, autónomas y sustentadas de manera técnica y científica. Ante la voluntad manifiesta, la prueba será lo que ocurra en las carpetas a su cargo y los precedentes adecuados que pueda sentar para las fiscalías locales que son aquellas que revisan el máximo número de estos casos.