¿Estamos preparados para la nueva justicia civil y familiar?
Hay reformas que cambian una ley y hay reformas que pretenden cambiar la manera en que funciona una institución y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pertenece a la segunda categoría.
Desde que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 2023, se abrió en México un proceso de transformación de la justicia civil y familiar que deberá quedar implementado, a más tardar, el 1 de abril de 2027. En las entidades federativas, su entrada en vigor depende de la declaratoria correspondiente y de los trabajos que realicen los poderes judiciales y los congresos locales.
En Sinaloa, el proceso ya está en marcha. El Poder Judicial del Estado creó una Comisión para la Implementación del Sistema de Justicia Oral Civil y Familiar y ha desarrollado cursos y capacitaciones dirigidos a jueces, actuarios, escribientes, personal de archivo, defensoría pública y Centros de Justicia para las Mujeres. Tan solo uno de los cursos realizados en marzo de este año capacitó a 131 personas.
También existe un marco normativo específico y una ruta institucional para la implementación. Es decir, sería injusto afirmar que no se está haciendo nada.
Pero la pregunta es: ¿Estamos realmente preparados para lo que viene? No se trata solamente de aprenderse un nuevo Código. El cambio implica modificar la cultura jurídica con la que durante décadas se han tramitado los asuntos civiles y familiares.
La nueva justicia apuesta por la oralidad, por audiencias, por la inmediación judicial, por mecanismos alternativos de solución de controversias, por la justicia digital y por procedimientos que pretenden reducir formalismos innecesarios y hacer más accesible y eficiente la impartición de justicia. Sobre el papel, todo eso resulta genial, el problema es que no solo quede en el papel. Ya he mencionado que nuestros políticos creen que cambiando una Ley o haciendo una declaración se cambia la realidad y esto no es cierto, por lo menos en muchas de las ocasiones y mi temor es que esta implementación sea una de esas ocasiones en donde no se cambie la realidad.
Para que se haga un cambio en la realidad se necesita jueces preparados para conducir audiencias; abogados capaces de litigar oralmente; personal jurisdiccional suficiente; infraestructura adecuada; sistemas tecnológicos que funcionen; expedientes digitales confiables; mecanismos de notificación eficientes; capacitación permanente y, sobre todo, una institución capaz de responder al volumen de asuntos que diariamente llegan a los tribunales.
Durante 2025, el Poder Judicial de Sinaloa reportó más de 22 mil asuntos en materia familiar, más de 8 mil en materia civil y más de 6 mil en materia mercantil. Son decenas de miles de personas que recurren cada año a los tribunales para resolver conflictos que, en muchos casos, tienen consecuencias directas sobre su patrimonio, sus relaciones familiares y su proyecto de vida.
Por eso, cuando hablamos de la implementación del nuevo Código, no estamos hablando solamente de abogados, estamos hablando de quien necesita obtener una pensión alimenticia, quien busca recuperar un inmueble, quien enfrenta un conflicto por la custodia de sus hijos, quien necesita iniciar una sucesión, quien reclama el cumplimiento de un contrato, entre otras muchas cosas. Y para todas estas personas la reforma solamente tendrá sentido si la nueva justicia consigue algo muy sencillo de decir y muy difícil de lograr: resolver mejor y resolver a tiempo.
No se logrará una implementación del Código si existe insuficiencia de personal, saturación de juzgados, problemas tecnológicos o falta de capacitación, simplemente habremos cambiado la forma del procedimiento sin resolver el problema de fondo.
Me queda claro que los abogados tenemos una responsabilidad importante en esta transformación. También tendremos que cambiar nuestra manera de trabajar, de preparar los casos y de participar en las audiencias.
No podemos pretender litigar con las mismas prácticas de hace veinte años frente a un sistema diseñado para funcionar de manera diferente.
Abril de 2027 no está lejos, ¿Cómo será el día siguiente? ¿Los tribunales estarán preparados? ¿Los abogados conoceremos realmente el nuevo procedimiento? ¿Contaremos con instalaciones y herramientas tecnológicas suficientes? ¿Los ciudadanos encontrarán una justicia más accesible?
La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares puede (palabra clave) convertirse en una de las transformaciones más importantes de nuestro sistema de justicia, Puede significar una justicia más ágil, más cercana y menos formalista, pero también puede convertirse en una enorme oportunidad perdida si creemos que basta con cambiar las reglas escritas. La justicia no cambia porque cambiemos un Código. La justicia cambia cuando cambian las instituciones, quienes las integran y la manera en que sirven al ciudadano.