Estándares internacionales para una reforma electoral

En los últimos días, la Presidenta y su comisión han explicado los componentes fundamentales que integraron la propuesta de reforma electoral. Este anuncio, más que un hecho aislado, es el cuarto intento de reestructurar constitucionalmente el sistema electoral mexicano desde 2018.

Se han planteado ya, en diferentes momentos, argumentos en pro de una optimización sustancial de los recursos públicos, la consolidación de representantes más comprometidos con sus representados y, en una perspectiva más amplia, el fortalecimiento de la capacidad ciudadana en su interacción directa con las estructuras del poder. No obstante, la profundidad de estas modificaciones exige un análisis riguroso que trascienda la retórica de la eficiencia presupuestal, pues se debe atender la realidad ineludible de que el Estado mexicano ha suscrito y se ha apegado a diversos compromisos internacionales diseñados para blindar el funcionamiento democrático de su aparato político-electoral, y que inhibe retrocesos en la protección de derechos civiles y políticos ya alcanzados por la población (Estándares internacionales a los que México está obligado a observar ante una reforma electoral).

Estas obligaciones implican garantizar un sistema plural, representativo, democrático y eficaz, donde se respete la libertad del votante y se asegure la neutralidad e imparcialidad de las autoridades. Para ello, es condición esencial que las instituciones encargadas de la gestión electoral gocen de plena autonomía e independencia, operando bajo estrictos principios de transparencia y rendición de cuentas.

En este contexto, la reforma planteada propone, entre otras, una serie de transformaciones estructurales:

1. Eliminación de senadurías por representación proporcional (RP), y que en las 200 diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados, 100 sean para los mejores segundos lugares, 100 votadas por circunscripción y partido, mediante listas abiertas con voto preferente; en ella se incluirá de alguna forma las diputaciones de mexicanos/as en el extranjero.

2. Reducción del 25 por ciento en el financiamiento a partidos políticos y 27 por ciento de los tiempos de radio y televisión que se usan con fines electorales.

3. ⁠Acceso del INE a operaciones financieras de partidos y candidaturas, prohibición de aportaciones en efectivo y uso de tecnologías en la fiscalización.

4. ⁠Regulación de IA en campañas.

5. ⁠Inicio de cómputos distritales al término de la jornada electoral.

6. ⁠Ampliación de democracia participativa a nivel local, implementando el voto electrónico para mecanismos de participación ciudadana.

Estos ejes nos indican algunos cambios que podrían comprometer las obligaciones internacionales de México. La eliminación de las senadurías plurinominales, por ejemplo, implica retroceder a un modelo anterior a 1996, cuando se implementa la figura de representación proporcional, o a 1993, cuando se implementa una reforma que aumentaba de 64 a 128 senadurías: cuatro por estado -tres por mayoría relativa y una por primera minoría– este cambio constituye un impacto directo a la pluralidad política que hoy es una realidad en el país. Esta medida podría vulnerar el principio de no regresividad, ya que, al beneficiar únicamente al mejor segundo lugar, se corre el riesgo de marginar a otros grupos políticos de la toma de decisiones.

Por otro lado, aunque el argumento de que México sostiene las “elecciones más caras del mundo” resulta seductor a la hora de justificar la eliminación de legisladores plurinominales y los recortes presupuestales, no debe perderse de vista la advertencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que los derechos políticos no se garantizan únicamente con un mandato constitucional, sino que requieren de un “complejo aparato institucional, económico y humano” que los haga realidad.

En última instancia, la verdadera modernización de los procesos electorales en México no debería agotarse en un enfoque exclusivo hacia la reducción del gasto público o en la implementación de mejoras para facilitar el sufragio desde el extranjero, lo cual ciertamente se celebra. Si bien estos avances son positivos, la prioridad fundamental de cualquier reforma debe radicar en la eficiencia del sistema para blindar la integridad de cada sufragio e incluir de manera efectiva a aquellos sectores que históricamente han sido marginados de la representación política. En este sentido, resulta pertinente cuestionar el detalle técnico de las obligaciones a partidos para garantizar las acciones afirmativas para la comunidad LGBTIQ+, la población afromexicana y los pueblos indígenas.

El sistema electoral es eso que asegura nuestra pluralidad política; en un momento de cambios políticos complejos ya implementados y que nos enfrentan a un futuro incierto de nuestra democracia, su protección se vuelve un imperativo para las y los mexicanos.

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Laboratorio de análisis en temas electorales, de transparencia y democracia en México y América Latina