Estatus del sistema de justicia penal en Sinaloa

El caso del Gobernador y los nueve funcionarios de Sinaloa que han sido acusados por Estados Unidos de cometer delitos como conspiración para importar estupefacientes, así como conspiración y posesión de armas y explosivos, ha polarizado las reacciones a lo largo del espectro ideológico. Sin embargo, un punto de coincidencia debería ser la pregunta: ¿por qué esperar a que la investigación, persecución e impartición de justicia contra redes criminales que operan en México llegue desde Estados Unidos, y no inicie desde nuestro sistema de justicia?

De acuerdo con la acusación de los fiscales de Estados Unidos, las instituciones de Gobierno que resultaban esenciales para operar estos delitos son las de seguridad y justicia. Así, junto con el Gobernador, algunos de los funcionarios investigados y acusados formaron parte del Gabinete de seguridad y justicia estatal: de la Fiscalía, la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal de Sinaloa.

La acusación también señala la intervención, desde lo local, de autoridades municipales, en particular de la Policía de Culiacán. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Nueva York, un funcionario a cargo de la seguridad pública municipal es señalado de conspirar para cometer secuestro con resultado de muerte, luego de que supuestamente entregara a la familia de una “fuente confidencial” al Cártel de Sinaloa, incluido un niño de 13 años, para que fueran secuestrados y asesinados.

Esta crisis generada por la acusación proveniente de Estados Unidos ya tenía antecedentes que cimbraron a la ciudadanía en Sinaloa. En 2025 hubo manifestaciones por el caso de una familia -dos niños y su padre- asesinada por el crimen organizado al resistirse al robo de su vehículo.

Para entender las fallas estructurales que han permitido estos vacíos de autoridad, es necesario analizar el desempeño real de las instituciones de seguridad y justicia. El análisis de los datos que detallan la situación en Sinaloa y que se presentan a continuación tiene su origen en los estudios de México Evalúa: Radiografía de la Impunidad 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México y Justicia Digital en Fiscalías 2025, así como en las métricas sistematizadas de la plataforma Data Justicia. Estas herramientas permiten ponerle números a la desconfianza ciudadana y a la parálisis institucional que definen el panorama actual.

El primer dato que llama la atención es el alto nivel de la llamada “cifra oculta” -delitos no denunciados o en los que no se inició una carpeta de investigación- en Sinaloa. En 2024 fue de 96.3 por ciento, tres puntos porcentuales arriba del promedio nacional de 93.2 por ciento. Esto significa que menos del 5 por ciento de los delitos fueron denunciados y que existe poca confianza para denunciar. Es significativo que la tasa de delitos reportados por la Fiscalía de Sinaloa en 2024 fuera de mil 60 por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es considerablemente mayor: mil 581.

De acuerdo con los datos de febrero de 2026 sobre delitos del fuero federal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito federal más frecuente en Sinaloa durante 2025 fue el relacionado con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con mil 916 delitos. De hecho, representan el 54 por ciento de todos los delitos federales en Sinaloa. Si se compara con el dato de 2021 -304 casos-, resulta que este delito se multiplicó por seis.

Por otra parte, los datos muestran que, desde el Gobierno federal de la actual administración, la política de persecución de casos de delincuencia organizada por delitos contra la salud enfocada en Sinaloa es distinta a la anterior. Así, en 2025, de acuerdo con datos del SESNSP, se iniciaron 20 casos por delincuencia organizada ligada a delitos contra la salud. Mientras que en 2024 se registraron otros 12 casos de esta naturaleza. En contraste, durante toda la administración anterior se registraron en Sinaloa 37 casos de delincuencia organizada relacionada con narcotráfico, es decir, un promedio de seis casos por año, mientras que la administración actual registra un promedio de 16 casos anuales.

Regresando a la administración estatal del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya -de noviembre de 2021 a la fecha-, el SESNSP reporta un alza notable en delitos como el robo de vehículos con violencia. Mientras que en 2021 se registraron mil 632 denuncias en la Fiscalía, para 2025 esta cifra incrementó a 3 mil 883. Lo mismo ocurre con el robo de motocicletas: en 2021 se registraron 426 casos y en 2025, 870 denuncias. Estos son sólo ejemplos de delitos cotidianos que en la última administración estatal se han elevado considerablemente y que la Fiscalía sinaloense tampoco ha estado a la altura de resolver.

En delitos de alto impacto del fuero común, según la plataforma Data Justicia de México Evalúa, basada principalmente en datos de censos y encuestas del INEGI, en Sinaloa en 2024 había 25.6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio nacional era de 19.9. Además, registraba una tasa de 1.6 feminicidios, frente al promedio nacional de 1.2. Estos datos muestran que, en Sinaloa, ya sea que se trate de delitos federales o del fuero común -desde patrimoniales hasta contra la vida-, la violencia ha crecido y no se observan respuestas estatales efectivas.

En 2024 llegaron a la Fiscalía 32 mil 141 nuevos casos. Sumados a los pendientes de años anteriores -77 mil 815-, significa que la Fiscalía enfrentaba un total de 115 mil 511 casos. De estos, 10.2 por ciento se archivaron, en 8.2 por ciento no se ejerció acción penal, sólo 2.4 por ciento se resolvieron mediante acuerdos reparatorios, 4.9 por ciento fueron enviados a tribunales y el resto -73.7 por ciento- quedaron pendientes de resolución al final del año. Es decir, permanecieron impunes aun cuando fueron conocidos por la Fiscalía.

De acuerdo con el estudio Justicia Digital en Fiscalías 2025, la Fiscalía de Sinaloa carece, por ejemplo, de herramientas para rastrear direcciones IP, así como de GPS para seguimiento de patrullas en tiempo real. Tampoco cuenta con cámaras corporales en sus policías de investigación, que podrían prevenir actos de corrupción.

En cuanto al personal, la Fiscalía contaba con 426 fiscales en 2024, lo que se traduce en 13.5 fiscales por cada 100 mil habitantes. Esa tasa aumentó respecto de 2021, cuando era de 10.1 fiscales por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, ante el incremento de delitos en la entidad, la carga de trabajo prácticamente se mantuvo igual, al pasar de 250 casos por fiscal en 2021 a 258 casos por fiscal en 2024.

También observamos que las condiciones laborales se han deteriorado, ya que el salario promedio de los ministerios públicos en la Fiscalía de Sinaloa bajó de 28 mil 586 pesos en 2021 a 27 mil 535 pesos en 2024.

Estos datos sobre recursos, tecnología, cargas de trabajo e incidencia delictiva revelan algunos de los elementos institucionales que están detrás del aumento de la violencia y la impunidad en Sinaloa. Sin embargo, un factor todavía más relevante es la voluntad de combatir al crimen organizado y no formar parte de él.

Las pruebas tendrán que presentarse y desahogarse públicamente en juicio, pero lo más probable es que eso no ocurra en México, desgraciadamente, sino en otras latitudes.

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Los autores son Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, y Diego Labougle, investigador senior en dicho programa.