Exigimos al revés

Existe una curiosa contradicción en nuestra forma de ejercer la ciudadanía: solemos ser mucho más exigentes con las instituciones que apoyamos voluntariamente que con aquellas que sostenemos obligatoriamente mediante nuestros impuestos.

Pocas veces esa contradicción es tan evidente como cuando hablamos de la Cruz Roja. Cuando ocurre un accidente, ya sea en el hogar, en la carretera o en la vía pública, la reacción casi automática es llamar a una ambulancia de la Cruz Roja. Cuando alguien requiere atención médica urgente, muchas veces acudimos primero a la Cruz Roja antes que a cualquier otra institución.

Sin embargo, cuando la ambulancia tarda más de lo que esperamos o cuando la institución no puede atender determinado servicio, el reclamo aparece de inmediato. Se cuestiona su capacidad, su compromiso e incluso el destino de los donativos que recibe.

Lo que muchos desconocen es que la Cruz Roja no es una dependencia del Gobierno. Es una institución de asistencia privada que financia su operación mediante una combinación de donativos, cuotas de recuperación y diversos servicios médicos. Gracias a ello puede ofrecer, entre otras cosas, el servicio prehospitalario de emergencia en ambulancia sin costo para la comunidad. Pero que un servicio sea gratuito no significa que sus recursos sean ilimitados.

Tan sólo en 2025, la Delegación Culiacán otorgó 87 mil 814 servicios médicos, de los cuales 61 mil 701 correspondieron a atenciones de urgencias, 14 mil 477 a estudios de Rayos X y 11 mil 636 a consultas de especialidad. Además, brindó 11 mil 599 servicios gratuitos de ambulancia, benefició a 14 mil 649 personas mediante programas de intervención social y capacitó a 6, mil 569 ciudadanos en primeros auxilios y seguridad vial.

Todo esto fue posible gracias al trabajo de 444 asociados, entre socorristas, médicos, enfermeras, voluntarios y personal de apoyo, que operan una infraestructura integrada por 13 ambulancias, una motoambulancia, una unidad de rescate urbano, dos vehículos utilitarios y seis instalaciones distribuidas en el municipio.

Las cifras impresionan, pero también ayudan a entender una realidad: ningún sistema con recursos finitos puede responder de manera inmediata a todas las emergencias de una ciudad cercana al millón de habitantes. Trece ambulancias representan un enorme esfuerzo institucional, pero también obligan a priorizar servicios cuando existen varias emergencias al mismo tiempo. Esa no es una falta de voluntad; es una limitación operativa.

Y este fenómeno no es exclusivo de la Cruz Roja. Ocurre también con los bancos de alimentos, los bomberos voluntarios, los albergues y muchas otras instituciones de asistencia privada. A todas ellas les exigimos como si fueran dependencias gubernamentales, cuando en realidad existen porque la sociedad decidió organizarse para atender necesidades que el Estado, por sí solo, no alcanza a cubrir.

En redes sociales es frecuente leer comentarios como: “¿Y mis donativos? ¿Para eso quieren nuestras aportaciones?”. Existe la idea de que haber realizado una donación, sin importar su monto o frecuencia, otorga un derecho preferencial a recibir atención inmediata.

La realidad es distinta. Un donativo no compra prioridad. Donar no convierte a una institución de asistencia privada en un servicio público ni garantiza atención preferencial. Un donativo fortalece la capacidad de ayudar al mayor número posible de personas; no adquiere un beneficio individual.

Lo verdaderamente llamativo es que solemos ser mucho más exigentes con las organizaciones a las que apoyamos voluntariamente que con las instituciones públicas que financiamos obligatoriamente mediante nuestros impuestos. A la Cruz Roja le reclamamos por una ambulancia que tarda en llegar, pero pocas veces hacemos el mismo cuestionamiento sobre los servicios públicos que, por mandato legal, deberían garantizar seguridad, salud, educación, infraestructura y tantos otros derechos.

Por eso quizá también valga la pena formular otra pregunta: ¿y mis impuestos?

La mayoría de los ciudadanos aporta mucho más dinero al Estado mediante impuestos que a cualquier institución de asistencia privada mediante donativos. Si de exigir transparencia, eficiencia y resultados se trata, el escrutinio debería ser, cuando menos, igual de riguroso.

No se trata de dejar de exigir a las instituciones de asistencia privada. Por el contrario, toda organización que recibe recursos de la sociedad debe ser transparente, eficiente y rendir cuentas. La exigencia ciudadana es sana y necesaria.

Lo que deberíamos cuestionar es la desproporción. Somos implacables con organizaciones que sobreviven gracias a la confianza de la ciudadanía y, en cambio, sorprendentemente indulgentes con quienes administran miles de millones de pesos provenientes de nuestros impuestos.

El llamado es sencillo: conozcamos mejor cómo funcionan las instituciones de asistencia privada. Entendamos que no están al servicio exclusivo de cada ciudadano ni cuentan con recursos ilimitados. Su misión es servir a toda la comunidad con los recursos de que disponen.

Donar no compra privilegios; construye capacidades para ayudar a otros. Porque quizá el problema no sea que exigimos demasiado. El problema es a quién le exigimos.

Exigimos al revés.