Extorsión: la ley ya está. Ahora falta que funcione

¿Qué tan grave debe volverse un problema para que el país entero decida actuar? La respuesta está frente a nosotros: la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Un delito que antes se comentaba en voz baja hoy es una amenaza abierta contra la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social. Y aunque esta nueva ley es un avance innegable, la verdadera pregunta es si lograremos convertirla en una herramienta que realmente proteja a quienes más lo necesitan: las mipymes, los comercios, los transportistas y las familias.

Desde Coparmex hemos dicho que México necesitaba una legislación así. La extorsión crece sin freno y sin una estrategia coordinada. Pero no basta con tener un marco jurídico moderno; se requiere sobre todo voluntad, presupuesto, capacitación y una homologación nacional que impida que los criminales sigan aprovechando los vacíos entre un estado y otro.

La magnitud del problema dice mucho. Cada día, 31.3 personas denuncian ser víctimas de extorsión. Y lo más alarmante es lo que no vemos: la cifra negra del 97 por ciento, es decir, casi todas las víctimas prefieren callar por miedo o desconfianza. Tan solo en 2024, este delito generó más de 21 mil millones de pesos en pérdidas, sin contar el daño emocional y el deterioro del tejido productivo. ¿Cómo puede sobrevivir un país donde la economía y la tranquilidad familiar tienen un costo impuesto por la delincuencia?

A través de #DataCOPARMEX, lo constatamos en carne propia: 12.8 por ciento de nuestras empresas socias han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5 por ciento), una modalidad que parece sencilla pero que destruye economías completas. Y el mensaje de fondo es muy preocupante: 49.5 por ciento de los afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para crecer. ¿Cómo invertir cuando el miedo se vuelve un factor de operación?

Por eso reconocemos la aprobación de esta ley y también sus avances: penas de 15 a 20 años, que pueden llegar hasta 30 años en casos agravados, así como sanciones mayores para autoridades que participen o faciliten el delito. Es un mensaje fuerte: quien abuse del poder o colabore con redes criminales deberá enfrentarse a la justicia. Y era hora.

Valoramos también que la ley incluya mecanismos de protección real para las víctimas: resguardo de identidad, voz e imagen, uso de herramientas tecnológicas y perspectiva de género. Detalles que pueden hacer la diferencia entre denunciar o seguir viviendo en silencio.

Un punto crucial es la obligación de instalar inhibidores de señal en centros penitenciarios, en un plazo máximo de 180 días. No podemos seguir tolerando que la extorsión se coordine desde adentro de las cárceles. Esa disposición, si se cumple, podría cortar de raíz una de las fuentes más persistentes de intimidación y daño económico.

Pero una ley no se implementa sola. Desde Coparmex advertimos tres tareas urgentes para que este esfuerzo legislativo no se quede en papel:

Presupuesto suficiente y etiquetado, sin simulaciones.

Capacitación especializada para policías, fiscales y jueces.

Armonización inmediata de leyes estatales, para que no existan 32 interpretaciones diferentes de un mismo delito.

Sin esto, la ley será un avance, pero no una solución.

Para las mipymes, esta legislación representa algo más que un texto jurídico. Es la posibilidad de seguir existiendo. La extorsión frena la inversión, obliga a cerrar negocios y desintegra cadenas productivas que sostienen el empleo local. Un país donde emprender se vuelve un acto de riesgo no puede aspirar al desarrollo.

Por ello, reiteramos nuestra disposición a colaborar en una reglamentación clara y responsable. México necesita instituciones que respondan a la urgencia y empresas que operen sin intimidación; comunidades donde la vida económica no esté condicionada por grupos criminales.

La ley ya está. El desafío ahora es que funcione. ¿Estarán las autoridades a la altura? ¿Seremos capaces de construir un país donde la seguridad deje de ser un lujo y se convierta en un derecho? La respuesta, como siempre, dependerá de que hagamos lo que la extorsión intenta impedir: perder el miedo y actuar juntos. Esperemos que la nueva titular de la Fiscalía General de la República tome en consideración esta ley dentro de su plan de trabajo.