Falta quien ejecute el Plan México

México exporta más que nunca. Su integración con América del Norte es profunda, su base manufacturera es real y su ubicación geográfica es una ventaja que pocos países del mundo pueden igualar. Todo eso es cierto. Y sin embargo, el País creció apenas 1.2 por ciento en la primera mitad de 2026, después de contraerse en el primer trimestre. ¿Cómo se explica esa paradoja? ¿Cómo puede un país con tanto potencial seguir atrapado en el mismo ciclo de bajo crecimiento durante décadas?

La respuesta no está en la falta de planes. Está en la distancia entre los planes y su ejecución.

Ángel García-Lascurain Valero, vicepresidente de Desarrollo Económico de Coparmex nacional, ha seguido de cerca el debate que generó en México el análisis coordinado por Mariana Mazzucato, la reconocida economista ítalo-estadounidense especializada en innovación, política industrial y creación de valor público. El documento, titulado “Transformación del Estado para el Plan México: un enfoque orientado por misiones para alcanzar una prosperidad compartida”, pone el dedo en una llaga que muchos prefieren ignorar: México se convirtió en potencia manufacturera y exportadora, pero no logró traducir ese desempeño en crecimiento real, productividad, innovación y prosperidad compartida. Una parte importante del diseño, la tecnología, las patentes y los componentes de mayor valor sigue generándose fuera del país. México ensambla, pero no desarrolla. Exporta más, pero no construye conocimiento ni capacidades nacionales en la misma proporción.

El diagnóstico de Mazzucato es correcto. Y la oportunidad que identifica también lo es. La competencia entre Estados Unidos y China, la reorganización de las cadenas productivas globales y la revisión del T-MEC están modificando decisiones de inversión en todo el mundo. México, por su integración con América del Norte y su base manufacturera, está en una posición privilegiada para atraer ese capital, desarrollar proveedores locales e incrementar el contenido y el valor agregado nacional. El nearshoring no es una moda: es una reconfiguración estructural del comercio global que ofrece una ventana histórica.

El Plan México reconoce correctamente esa oportunidad. Propone aumentar la inversión, fortalecer la producción nacional y desarrollar sectores estratégicos. Todo eso suena bien. El problema, como señala el análisis con precisión quirúrgica, no está en la orientación del plan. Está en su ejecución. Y ahí es donde México sigue fallando.

¿Por qué no se despliegan las iniciativas? Porque falta energía. Porque falta agua. Porque faltan permisos que llegan tarde o no llegan. Porque la infraestructura logística tiene cuellos de botella que encarecen la producción. Porque la inseguridad, la extorsión y la impunidad elevan los costos reales de operar un negocio. Porque la incertidumbre jurídica hace que las inversiones de largo plazo sean una apuesta demasiado arriesgada para quienes podrían hacerlas. Las inversiones de largo plazo requieren reglas estables, reguladores técnicos, respeto a los contratos y mecanismos imparciales de solución de controversias. La política industrial no sustituye al Estado de derecho: depende de él. Sin ese piso, los planes quedan como arquitectura de papel.

Mazzucato propone organizar el Plan México alrededor de “misiones” concretas: seguridad hídrica, salud, soberanía energética y alimentaria, fortalecimiento de capacidades productivas. Cada misión debería articular inversión, financiamiento, regulación, compras públicas, innovación, infraestructura y talento, con mecanismos de coordinación y resultados verificables. El enfoque tiene lógica y hay ejemplos internacionales que lo respaldan.

Pero la pregunta que García-Lascurain y desde Coparmex se hacen es la que más incomoda: ¿cuenta México con las capacidades institucionales para ejecutar esa estrategia? El modelo que propone Mazzucato requiere un Estado profesional, coordinado, técnicamente competente, transparente y capaz de aprender de sus errores. Lo que persiste en México son estructuras fragmentadas, presupuestos poco vinculados con la estrategia, uso de recursos con fines políticos, pérdida de capacidades técnicas en áreas clave y mecanismos insuficientes para evaluar resultados con objetividad y corregir el rumbo.

México no carece de planes ni de programas. Carece de un modelo institucional de ejecución y gestión estratégica que conecte prioridades, responsables, presupuestos, indicadores y decisiones correctivas con un enfoque genuino en resultados de desarrollo. Esa es la diferencia entre un gobierno que planea y un gobierno que transforma.

Y hay otro elemento que ninguna política industrial puede sustituir: la participación activa del sector privado, los trabajadores y la academia. La transformación productiva no puede ser ejecutada exclusivamente por el gobierno. Requiere que las empresas inviertan, que las universidades formen talento pertinente, que los trabajadores tengan acceso a capacitación continua y que todos operen bajo reglas del juego claras y estables.

La oportunidad que enfrenta México en este segundo semestre de 2026 es relevante, pero tiene una característica que no se puede ignorar: es limitada en el tiempo. Las ventanas históricas no esperan. La reorganización de las cadenas productivas globales avanzará con o sin México. Otros países compiten por las mismas inversiones. Y si el país no resuelve sus déficits de energía, agua, seguridad, certeza jurídica y capacidad institucional, la coyuntura pasará y el bajo crecimiento se prolongará.

Tener el diagnóstico correcto es el primer paso. Pero solo eso: el primero.