Fantasmas: Campeones del Desvío
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Nos puede parecer que la investigación tardó demasiado y que la sanción llega a destiempo pero la revelación que dio a conocer el INE el pasado 10 de enero sobre una trama de financiamiento irregular en la campaña presidencial del 2012 es un parteaguas. El consejero Ciro Murayama explica en toda su extensión la investigación sobre el caso y, aunque todos sabemos cómo se las juegan todos los partidos en todas las elecciones, escucharlo de la autoridad fiscalizadora electoral no deja de ser indignante.
Hace cinco años (18/01/2013) la Unidad de Fiscalización inició una indagatoria sobre dinero ilegal en campañas. Jaló un pequeño hilo: investigó 18 tarjetas mediante las cuales se pagó a representantes de casilla del PRI. Desenredó una madeja: la utilización de empresas fachada –muy al estilo de La Estafa Maestra o Las Empresas Fantasma de Duarte, Javier y César- para dispersar recursos utilizados en la operación electoral del 1 de julio del 2012. Y no, no se trata del PRI solamente sino de los siete partidos que participaron en el proceso electoral.
La investigación es reveladora de un modus operandi que hoy se puede decir es parte de los usos y costumbres de los partidos en las elecciones y, para rematar, de los gobiernos cuando los representantes de esos partidos acceden al cargo de manera amañada.
La trama corre así. En 2010 se constituye la empresa Logística Estratégica Asismex S. A. de C. V. como comercializadora y distribuidora. Entre octubre de 2011 y julio de 2012 recibe depósitos en tres cuentas de Bancomer por mil 394 millones de pesos. Tan sólo en el mes previo a la jornada electoral tuvo ingresos por 123 millones de pesos provenientes de siete aportantes.
De ninguno de esos movimientos se encontraron facturas en el SAT. Quienes depositaron los 123 millones o bien no pudieron ser ubicados o bien negaron relación con Asismex. Esta empresa no pudo ser ubicada en el domicilio asentado ante el SAT a pesar de que, como se descubrió, bajo su fachada fluyeron en tan sólo 10 meses casi mil 400 millones. De la mayor parte de ese dinero nada se sabe y probablemente nada se sabrá.
Esto en cuanto a la empresa y el dinero recibido. Pero la trama sigue. Según la información bancaria, hubo 33 mil 868 personas beneficiarias de las tarjetas dispersadas por Asismex a las que se hicieron depósitos por 70.5 millones de pesos. La investigación comprobó que parte de ese dinero (18.4 millones) fue a parar a manos de 7 mil 311 representantes de casillas de los partidos políticos. Del resto del dinero (50.1 millones), nada se sabe.
Esto constituye un delito, pues la legislación electoral prohíbe la entrada de dinero de personas físicas y morales a través de una empresa que, para colmo, era una empresa fantasma fondeada con recursos de origen desconocido. En resumen, lo que la indagación del INE descubrió es una trama de financiamiento paralelo e ilegal. Adicionalmente, la recepción de estos recursos, obviamente, nunca fue declarada por los partidos.
La investigación pudo hacerse porque desde 2007, la Constitución permite al INE trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal. Uno se pregunta por qué, entonces, tardó tanto la Unidad de Fiscalización en esta investigación. La respuesta la da el propio INE: no fue sino hasta después de casi cinco años y 26 requerimientos que Bancomer entregó un disco con la base de datos que contiene la relación de 33 mil tarjetas dispersadas por Asismex tan sólo entre mayo y julio de 2012.
No puede restarse importancia a la develación de esta trama que pinta de cuerpo entero a nuestros partidos, pero desgraciadamente es dudoso que ello lleve a un cambio de conducta de los mismos.
Primero, en el cálculo costo-beneficio es racional inyectar dinero ilegal a las campañas. Una multa del doble del monto del ilícito probado no constituye un inconveniente real para repetir el comportamiento. En 2018 los partidos recibirán 12 mil millones de pesos para su financiamiento. Una multa por 36.9 millones no alcanza siquiera a hacerles cosquillas. Representa tan solo el 0.30 por ciento de lo que van a recibir.
Segundo, el tiempo que media entre la comisión del delito y el castigo es tan extenso que su impacto se diluye.
Tercero, a los partidos les quedan numerosos mecanismos para burlar la ley.
Cuarto, queda claro que solo bajo mucha presión e insistencia las autoridades que deberían frenar e investigar empresas fraudulentas (SAT) y operaciones ilícitas (UIF) hacen su trabajo.
Todos estos elementos constituyen incentivos poderosos para que el dinero ilegal -ya sea privado o por desvío de recursos públicos- siga fluyendo a las campañas.
La fiscalización debe seguir haciéndose pero, desgraciadamente, hasta el momento no logra su propósito: el respeto a las reglas del juego que los propios partidos definieron.
Para muestra un botón. De los 817 precandidatos registrados a cargos de elección popular a nivel federal el 96.4 por ciento no ha cargado una sola operación en el Sistema de Fiscalización.
Por eso vuelvo a preguntar, ¿el problema es el INE o son los partidos?