Fausto Corrales, quid en caso Cuén
Justicia y política no se llevan bien
Tal vez no sea el mejor momento para que la Fiscalía General de la República presente resultados de las diligencias en el caso Héctor Melesio Cuén Ojeda, y el vínculo con la carpeta de investigación por la retención y traslado forzados de Ismael Zambada García a Estados Unidos, porque los tiempos de la procuración e impartición de justicia nunca deben empalmarse con coyunturas políticas como las que vive Sinaloa hoy. La aplicación de la Ley resulta poco confiable cuando corre paralela a procesos electorales.
Por supuesto que transcurridos dos años y 27 días de aquel suceso en la finca Huertos del Pedregal de Culiacán no debería permitírseles a las instituciones ministerial y judicial de México que le sumen mayor plazo a la impunidad. Si la detención de Fausto Corrales Rodríguez es para esclarecer el crimen asociado a la traición asestada a “El Mayo” por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, misma que puso a Zambada a disposición de las instancias contenciosas estadunidenses que le determinaron cadena perpetua, dicho objetivo tendría que pasar muchas pruebas de credibilidad.
En los días siguientes a los sucesos citados Corrales Rodríguez estuvo a disposición de las fiscalías de la República y del Estado. Ante el Ministerio Público local indujo la hipótesis del intento del robo del vehículo en que se transportaban él y Cuén, presunción que enseguida cayó por la supuesta prefabricación de dicha coartada, y luego en la FGR dio mayores detalles, se supone de alto nivel de verosimilitud, sobre la forma en que murió el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y creador del Partido Sinaloense. Posteriormente estuvo siempre a disposición de las autoridades en sus frecuentes traslados desde la Ciudad de México a Culiacán.
Actualmente, detenido en calidad de presunción de inocencia por los delitos de encubrimiento y falso testimonio, es pertinente hacer notar dos de las circunstancias que pondrían en tela de juicio el debido proceso: una es el interés del gobierno de Claudia Sheinbaum por demostrar que Zambada fue detenido y llevado a Estados Unidos por medios extrajudiciales que violentan los tratados binacionales de extradición y, dos, el entorno político donde el PAS, fundado por Cuén, pondera su probable participación en la alianza opositora a Morena que promueven los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.
La conseja de no hacer cosas buenas que parezcan malas, y viceversa, le viene bien a la Fiscalía nacional debido a que hubo demasiado tiempo para sacar la investigación de manera limpia, sin la injerencia del elemento político, pero apenas da visos de entrarle de lleno a la correspondiente indagatoria que el anterior titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, blindó como secreto de Estado. Se estancó en la versión de la continuidad de las pesquisas y nunca mostró los resultados.
Además, la prolongada secrecía del Ministerio Público Federal, rota de manera abrupta el miércoles por la detención de quien trasladó a Cuén a su reunión con Zambada, fue la que metió a Sinaloa en la obstinada escalada de rumores, teorías y elucubraciones en las cuales las redes sociales y los personeros del acabose trazaron sus propias líneas de sospechosismo al emular una copia defectuosa de Sherlock Holmes en cada uno, aprovechándose de la flemática actuación de la FGR.
La Fiscal General en turno, Ernestina Godoy Ramos, tiene en sus manos el reto y responsabilidad de desenredar esa madeja jurídica-política en que se convirtió el asesinato de Cuén Ojeda, presentando la correspondiente batería de evidencias que no deje lugar a dudas de que el propósito es la justicia sin adjetivos. Dando por hecho que se le acabó el plazo a la impunidad, serán las pruebas las que convenzan de la legitimidad y credibilidad de la subsecuente judicialización.
Es que el crimen que privó de la vida a Cuén tiene que ver también con la acometida violenta contra todo y todos en Sinaloa, la barbarie de casi dos años, más de 3 mil 700 homicidios dolosos, la estadística de personas privadas de la libertad ilegalmente que sobrepasa las 4 mil víctimas e incuantificables daños al patrimonio de las familias y de las empresas. Aquí está, por si alguien no la visto aún, la enorme sombra roja que apremia a dilucidar y castigar a quienes se mancharon las manos con esa sangre, trátese de quien se trate.
El recuento de los daños que hace posible dimensionar el colosal desafío que adquiere la FGR ante la urgencia de abrirle la válvula de escape a una de las tantas presiones que implosionan por la narcoguerra.
En el caso Cuén la Fiscalía,
paralizó la indagatoria,
y apostó que la desmemoria,
a la justicia olvidaría.
Con una actitud valiente, que corresponde a la del padre que lucha por evitar que el enredado expediente Zambada-Cuén engulla a su hijo que sólo era el chofer del político inmolado, a no ser que la FGR demuestre lo contrario, el Diputado local del PAS Víctor Antonio Corrales Burgueño no se escondió ayer, salió a dar la cara, confiando en que “las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes y permitirán esclarecer los hechos”. Póngasele atención la expresión que formuló el también ex Rector de la UAS ante los medios de comunicación en el sentido de ”sí estoy sorprendido y también cansado de tanto tiempo de espera para que esta situación de alguna manera tenga resultados, y nosotros confiamos en que las autoridades así lo habrán de hacer”.