Fideicomiso o caja chica universitaria
Una parte central de la llamada reingeniería financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa consiste en aplicar descuentos al salario de todos los trabajadores, tanto activos como jubilados, con el propósito de constituir un fondo que asegure las jubilaciones futuras.
Sin embargo, no existe claridad sobre cómo será administrado este fondo ni quiénes se harán responsables de su manejo. Peor aún, la experiencia pasada con esquemas similares sugiere un alto riesgo de fracaso si no se establecen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
En esta ocasión analizaremos con mayor detalle el uso previsto de los recursos recaudados, según las propuestas de la administración central y de los sindicatos académico y administrativo, cuyas posturas resultan prácticamente idénticas.
Los fondos obtenidos mediante los descuentos se canalizarían, en esencia, hacia dos componentes: una bolsa de ahorro y un fideicomiso destinado a las nuevas contrataciones. Ambos instrumentos se financiarían mediante descuentos aplicados a todos los trabajadores (activos y jubilados), cuya proporción dependerá tanto de su fecha de ingreso como de su nivel salarial. Se establece una escala progresiva: los trabajadores con ingresos menores a 10 mil pesos mensuales aportarían un 5 por ciento; quienes ganen entre 10 y 20 mil, un 10 por ciento; entre 20 y 30 mil, un 15 por ciento; y los que perciban más de 30 mil, hasta un 20 por ciento.
Sin embargo, ni la operación concreta de la bolsa de ahorro ni la estructura de gestión del fideicomiso han sido explicadas con claridad. No se ha detallado quiénes serán los responsables ni cómo se garantizará su manejo transparente. Esta falta de información es punto neurálgico del problema, especialmente a la luz de los pésimos antecedentes en el manejo de recursos institucionales, los cuales nos han conducido a la actual crisis financiera.
La llamada bolsa de ahorro funciona más como un fondo destinado a garantizar la liquidez de la institución, cuyo manejo será discrecional y quedará a criterio de la administración. Esto no garantiza en absoluto que cumpla su propósito original de asegurar las jubilaciones futuras ni de fortalecer las finanzas universitarias.
Es indispensable definir con claridad el destino y la administración de este fondo, pues no es justo que los trabajadores en activo, con salarios ya de por sí bajos, especialmente el personal académico, terminen pagando de su bolsillo las malas decisiones financieras de la institución.
Resulta inaceptable que, mientras un grupo de funcionarios de la administración central ha vivido en bonanza durante los últimos veinte años, se pretenda que los descuentos a los trabajadores sirvan para mantener esos privilegios, en lugar de destinarse a mejorar la situación financiera real de la universidad.
Es urgentemente necesario exigir que la administración central presente un plan claro y público que defina el uso de estos recursos y garantice un manejo transparente, confiable y orientado a la sostenibilidad financiera de la universidad.
Asimismo, el fideicomiso se presenta como un mecanismo de solvencia futura para quienes fueron contratados a partir de 2016, grupo que conocía de antemano que no contaría con el esquema tradicional de jubilación dinámica al concluir sus 35 años de servicio. Ahora, este grupo tendría la expectativa de acceder a una jubilación mediante este nuevo instrumento.
Consideramos que este aspecto es fundamental dentro del proceso de reingeniería y debe definirse con claridad para garantizar que todos los trabajadores universitarios gocen de los mismos derechos y prestaciones, sin importar la fecha de su contratación.
Otro aspecto que merece atención es el papel de los sindicatos, tanto académicos como administrativos, cuyo desempeño deja serias dudas sobre su compromiso con los trabajadores.
Con frecuencia, sus posturas y propuestas parecen reproducir la narrativa de la administración central más que representar los intereses de la base sindical.
Esto resulta preocupante, especialmente porque son los trabajadores quienes, mediante
descuentos quincenales, financian a estos sindicatos que no cumplen su función de defensa laboral. Paradójicamente, son los jubilados quienes hoy encabezan la defensa de los derechos de todos, mientras los sindicatos permanecen al margen de una lucha legítima que comienza a mostrar resultados.
Es evidente que cualquier intento de reestructuración financiera carecerá de legitimidad si no va acompañado de una revisión profunda y transparente del estado actual de las finanzas universitarias.
Más aún, frente al fracaso del fideicomiso anterior y la desconfianza generada por la propuesta actual, una auditoría exhaustiva se vuelve no solo pertinente, sino imprescindible.
Insistimos, solo a través de un diagnóstico claro, independiente y técnicamente riguroso será posible diseñar soluciones viables y sostenibles.