Financiamiento para la adaptación al cambio climático: el dinero no llega donde más se necesita

La adaptación al cambio climático no se construye con proyectos de 18 meses, sino con procesos de confianza, organización comunitaria, conocimiento del territorio y personas capacitadas que permanecen trabajando en la resiliencia de sus comunidades. Las organizaciones de base no trabajan por proyectos; trabajan por procesos. Su horizonte no es el ciclo presupuestal de una convocatoria, sino una relación de décadas con una cuenca, un manglar o una asamblea ejidal. Y resulta que así es como se construye la resiliencia en el territorio.

Pero hay una escena dolorosa y recurrente en la cooperación internacional: el proyecto termina, se entrega el informe final, el equipo externo se despide y se va. Sin embargo, las organizaciones locales siguen ahí. No porque tengan presupuesto, muchas veces se quedan sin un solo peso, sino porque ahí viven, ahí están sus familias y ese es el territorio que defienden. Esta asimetría entre quien se va y quien se queda explica por qué el financiamiento climático sigue fallando en llegar a donde más falta hace.

Los datos respaldan este diagnóstico y retratan una realidad preocupante. Entre 2017 y 2018, apenas el 5 % del financiamiento climático asignado a México se destinó a medidas de adaptación. A nivel global, la cifra es igual de desalentadora: se estima que menos del 10% del financiamiento climático internacional llega efectivamente a la decisión y la acción local.

En el análisis de esta problemática realizado por WRI México y Ethos, en el marco del proyecto FinAdapt junto con el INECC, escuchamos directamente a organizaciones locales en el sur y sureste del país. El diagnóstico identificó cuatro barreras principales que las alejan del dinero: diseño del financiamiento, ya que los instrumentos disponibles son centralizados y poco adaptados a sus necesidades; capacidades institucionales limitadas, especialmente en recursos humanos y capacidades técnicas para cumplir con los requisitos del financiamiento; procesos administrativos complejos, con exigencias y tiempos de aprobación y reporte que rebasan su capacidad operativa; y desigualdades estructurales, como las de género, representación y condiciones socioeconómicas, que restringen un acceso equitativo a estos recursos.

El problema de origen es que el sistema está diseñado al revés: se priorizan montos mínimos elevados, trámites burocráticos desproporcionados y resultados inmediatos dentro de periodos de ejecución rígidos. Como señalaron las propias organizaciones, la inversión que llega al territorio se concentra en intervenciones de corto plazo con un impacto mínimo en el fortalecimiento institucional de la comunidad. En suma: se financia el evento, no el proceso.

Por otra parte, existe una dimensión urgente que casi nunca se nombra: las condiciones laborales de quienes hacen el trabajo en campo. Suele pasar que las agencias financiadoras consideren los costos asociados a los derechos laborales básicos de quienes implementan los proyectos como algo prescindible y no como parte de la columna vertebral de la intervención.

El resultado es una contradicción ética insostenible: un proyecto puede presumir un gran impacto ambiental positivo, mientras se sostiene sobre la precariedad socioeconómica de su propio equipo. Promotores comunitarios contratados por honorarios, sin acceso a servicios de salud, con salarios por debajo del mercado y jornadas extenuantes. La precariedad laboral de quienes cuidan el territorio funciona como un subsidio invisible al financiamiento climático. Es imposible hablar de justicia climática si la primera injusticia ocurre en la propia nómina.

Esta situación se vuelve crítica ante el contexto actual de 2026. El panorama geopolítico ha cambiado drásticamente: la salida de Estados Unidos de los acuerdos climáticos internacionales anticipa una contracción severa de los fondos globales, y la desaparición de agencias como USAID eliminó de golpe una fuente clave para el ecosistema de la sociedad civil en América Latina.

La competencia por menos recursos, bajo requisitos cada vez más asfixiantes, favorece únicamente a las entidades que ya tenían una ventaja estructural.

Ante este escenario adverso, las reflexiones del proyecto FinAdapt cobran aún más vigencia. Para que la adaptación sea efectiva, el financiamiento no solo debe crecer en volumen; debe cambiar radicalmente en sus formas. Necesitamos:

- Mecanismos flexibles y de acceso directo ajustados a la escala comunitaria.

- Mayor proporción de donaciones sobre créditos.

- Fondos específicos para el fortalecimiento institucional y el bienestar socioeconómico de los equipos locales.

Si aspiramos a construir una verdadera resiliencia frente a la crisis climática, debemos empezar por reconocer y respaldar a las organizaciones de base. La adaptación real no se impone con burocracia desde un escritorio ni a costa de los derechos de la gente; se cultiva desde la raíz, garantizando justicia climática y laboral para quienes día a día defienden sus territorios.

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El autor es Néstor Genis, coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas. Redes: @EthosInnovacion y @GenisNestor