Fiscalía Especializada: gato por liebre
Congreso borra a periodistas y DDDH
A Sinaloa le hace falta que el Congreso del Estado legisle con mayor sensibilidad para completar el esquema de protección a activistas y personas cuya labor se finca en la libertad de expresión y el derecho a la información, con la creación de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que a la vez subsane la omisión que permanece desde mayo de 2022 cuando fue aprobaba la Ley respectiva. Los ataques a miembros de la prensa y de la lucha social avisan a tiempo de lo peligroso y desidioso que puede resultar el hecho de prolongar tal abulia parlamentaria o salir con otra ocurrencia.
Sin embargo, el Poder Legislativo le está dando trámite a la iniciativa que nació en lo oscurito y pretende aprobar de espaldas de los gremios protegidos, para modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y alterar el artículo cuarto de los transitorios con tal de salir con una Unidad Especializada en vez de la Fiscalía Especializada que le mandata la norma vigente.
De ser aprobada la propuesta que ayer recibió primera lectura, la 65 Legislatura retrocedería en cuanto a lo que mandata la Ley, que es el funcionamiento de la Fiscalía Especializada, al resultar con un placebo para periodistas y activistas que consiste en reducir a Unidad Especializada la institución ministerial que esté a cargo de procurar justicia en casos de agresiones a reporteros y activistas.
De consumar los asambleístas la estrategia de dar gato en vez de liebre, procederían a ir de mal a peor en materia de amparo a dos gremios fundamentales para la tutela de las garantías constitucionales establecidas en los artículos sexto y séptimo, debilitando los pilares del desarrollo democrático, preservación de la memoria histórica y salvaguardia de sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad. Concretarlo significa pasar por alto la encrucijada actual de violencia que azuza a la delincuencia para que prosiga con los ataques al periodismo y al ombudsman.
Para tratar este tema, integrantes de la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos nos reunimos ayer con la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, para que se sume a la gestión de una Fiscalía Especializada con capacidad técnica , autonomía operativa y voluntad política para atender, investigar y consignar las carpetas de investigación relativas a agresiones a los dos sectores protegidos. La funcionaria justificó que la carencia de recursos públicos permite crear sólo la Unidad Especializada de la cual ya hay avances en acuerdos con el Congreso, por cierto sin tomar en cuenta a los directamente involucrados en decidir qué tipo de procuración de justicia necesitan.
La creación de la Fiscalía Especializada no se trata de una ocurrencia ni de la solicitud de tratos de excepción, ya que la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece en el numeral cuatro de los artículos transitorios que dentro de los 60 días posteriores al inicio de vigencia del respectivo decreto el Congreso del Estado deberá adecuar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para la implementación de instancia.
Se han tocado muchas puertas en este trámite que no debiera ser motivo de súplicas sino de exigencia de que se haga valer la Ley tal como fue aprobada de origen. Ha habido reuniones con el Poder Legislativo, ante Feliciano Castro que presidió la Junta de Coordinación Política en la 64 integración de la Cámara y el tema es del conocimiento María Teresa Guerra, que actualmente preside la Jucopo, sin que inicie el procedimiento para que los asambleístas den cumplimiento al pie de la letra a tal disposición que concluya la edificación de la estructura legal de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Y si alguien pusiera en duda la existencia de razones de peso para poner a funcionar la Fiscalía Especializada, no el engaño de la Unidad Especializada, allí está el informe del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que da a conocer las acciones que ha realizado desde que empezó a funcionar hasta la fecha: 98 medidas de urgente protección, 431 de protección, 163 de atención y 158 preventivas.
Diputadas, diputados: empaticen con la lucha de periodistas y activistas en situación de alto riesgo por la inseguridad que deriva de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa. Las cosas podrían verse distintas desde la curul, subestimando el peligro en que se realiza la cobertura de prensa y las jornadas para el restablecimiento de las garantías individuales, pero el crimen organizado también deletrea la iniciativa que da marcha atrás en el establecimiento de los instrumentos de protección eficaces y pertinentes.
Si al no crear la Fiscalía,
Tanta culpa nada les remuerde,
Pues le pediremos a Malverde,
Que nos subsane tal apatía.
Se les agradece a las diputadas y diputados Yeraldine Bonilla Valverde, Karina Isabel Franco Meza, Erika Rubí Martínez Rodríguez, Pedro Alonso Villegas Lobo y Ambrocio Chávez Chávez que quieran poner en manos de la Vicefiscalía de Derechos Humanos la atención de denuncias por delitos contra activistas sociales y periodistas, pero eso que proponen es igual a nada, porque la institución a la que acuden realiza tareas administrativas sin capacidad para hacer labor ministerial en defensa de los dos gremios. Mejor sería que se sumen a la exigencia de que se concrete la Fiscalía Especializada que la Ley de Protección obliga a materializar.